El observador

Ecuador: memorial de agravios

Pueblos indígenas, movimientos ecologistas y abogados ecuatorianos se movilizaron hasta Washington, a la sede de la OEA, para asistir al periodo de sesiones número 153 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahí alertaron de violaciones, por parte del Estado ecuatoriano de varios derechos humanos. El régimen no envió a ningún representante. La justicia ahora se busca fuera del país. Esta es una reseña de las exposiciones de los organismos que acudieron a las audiencias de la Comisión.

04 de noviembre del 2014

REDACCIÓN PLAN V

No es la primera vez que se presentan denuncias contra el Gobierno ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En el pasado mes de marzo, ante dicha Comisión varias organizaciones denunciaron violaciones a la libertad de expresión y al derecho de asociación en la figura del Decreto 16. Esta vez los temas fueron “Derechos de los pueblos indígenas” e “Independencia judicial”; comparecieron 15 organizaciones. Frente a ellos, en el sitio que debía ocupar el Estado ecuatoriano, solo se hallaban sillas vacías "que causan vergüenza ajena y tristeza”, como dijo Carlos Pérez Guartanbel, presidente de Ecuarunari, en Washington. Rose Marie Antoine, comisionada de la CIDH para los derechos de los pueblos indígenas, también manifestó su malestar por la ausencia de representantes del Estado.

Desde el oficialismo, el canciller Ricardo Patiño dijo  que el Estado no asistiría puesto que estas sesiones están politizadas y además incumplen sus propias normas al atender casos particulares en sesiones generales. Desde su cuenta de twitter el presidente Rafael Correa criticó a la CIDH diciendo que su sede se encuentra en un país que no ha ratificado ninguno de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Fue más allá en su Enlace Ciudadano: calificó de recolector de basura al alto organismo de derechos humanos del continente.

Las demandas que presentaron las organizaciones ecuatorianas el pasado lunes 27 de octubre fueron las siguientes:

Pueblos indígenas: el derecho a tener derechos

En la audiencia sobre derechos de los pueblos indígenas estuvieron: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cedes), Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Yasunidos , Acción Ecológica , Coordinadora Ecuatoriana de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, Ecuarunari - Ecuador Runacunapak. Todos presentes para demandar sus derechos.

El presidente Correa, tratado a los líderes indígenas y campesinos como: “ecologistas infantiles, mentes reducidas, indios roscas, tirapiedras, indios emplumados, hipócritas, caretucos, pseusoizquierdistas, limitaditos”, dijo Salvador Quishpe en la CIDH.

Patricia Carrión, del colectivo Yasunidos, explicó que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario sufren riesgo debido a la explotación petrolera del parque nacional Yasuní. La explotación de los bloques 31 y 43 fue declarada de interés nacional por la Asamblea en Octubre de 2013. Explicó que el gobierno ecuatoriano “no cumplió con el compromiso asumido con el mundo de no explotar el Yasuní, para garantizar la supervivencia física y cultural de los pueblos en aislamiento voluntario”.

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora, expuso la existencia de derechos de la naturaleza en la constitución ecuatoriana, y que estos existen como consecuencia de una lucha histórica de los pueblos indígenas, por el respeto de sus territorios y la vida de sus pueblos. Estos derechos implican consultas previas y prelegislativas, antes de iniciar proyectos extractivos o que pudieran afectar los derechos colectivos de las comunidades. Esto según explicó Quishpe “no se ha cumplido y la Corte Constitucional reconoció que la Asamblea Nacional no hizo la consulta prelegislativa ante las comunidades, para aprobar la ley de minería. A pesar de ello le dieron constitucionalidad condicionada y la ley está vigente”.

Debido a los “atropellos recibidos” añadió el prefecto, los pueblos han hecho uso de la resistencia, pero esto les ha ocasionado discriminación mediante calificativos dichos por el presidente Correa, tratándolos de: “ecologistas infantiles, mentes reducidas, indios roscas, tirapiedras, indios emplumados, hipócritas, caretucos, pseusoizquierdistas, limitaditos, entre otros”. También advirtió que varios dirigentes indígenas, sociales y políticos han sido perseguidos con demandas por sabotaje y terrorismo. En el caso de “luchadores sociales que cumplen un mandato por elección popular”, como es su caso, explicó: “no solo se inventan delitos penales y demandas en la fiscalía para tenernos amenazados todo el tiempo, sino que, también nos niegan recursos que por ley nos corresponden”. Concluyó diciendo que pese al reconocimiento de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en la constitución, en la práctica, los líderes sociales, indígenas y políticos, al reclamar sus derechos, “son perseguidos de forma psicológica, económica, administrativa y sobre todo judicial”.

Verónica Yuquilema (Inredh) y Carlos Pérez Guartambel, de la Ecuarunari, durante la exposición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington DC.

Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari, en su intervención reiteró la inconstitucionalidad de la ley de minería por haberse impuesto sin consulta previa y las consecuencias que esto ha tenido: “desplazamiento de poblaciones, amenazas a dirigentes, encarcelamiento de Javier Ramírez y amenazas de destrucción de fuentes de agua y mega biodiversidad”. Como respuesta a la resistencia que han mantenido, los pueblos han recibido, dijo Pérez, criminalización a la protesta social.

Pérez advirtió que el movimiento indígena constituye el principal obstáculo para el gobierno ecuatoriano; por ello sufren “la persecución, cerrando la universidad indígena Amawtay Wasi, las escuelas comunitarias (eliminando la educación bilingüe), despidiendo profesores". También dijo que el Estado no acogió ni uno de los cinco puntos que propuso el movimiento indígena a la nueva Ley de Aguas: “ahora las comunidades gestoras del agua son controladas y espiadas por el Estado”. Explicó que se está desmantelando la justicia indígena puesto que se niega el derecho a juzgar y dictar sentencia en delitos contra la vida, dejando estos a jurisdicción de la justicia ordinaria, algo que según Pérez, viola el artículo 171 de la Constitución. Ejemplificó que en el Cañar, el juez Marco Verdugo, “por declinar competencias a favor de la justicia indígena, fue destituido, entre otros que también lo fueron por fallar en contra del estado, todos bajo la figura del error inexcusable”.

Carlos Pérez concluyo su intervención al denunciar que en el país el Código Penal acumula y endurece las penas, la Ley de Comunicación amordaza a la prensa, el Decreto Ejecutivo 16 va a controlar y criminalizará a los dirigentes; que estudiantes y dirigentes siguen detenidos, el asambleísta Pepe Acacho pronto irá a la cárcel por defender el agua y los trabajadores son amenazados por contrarreformas laborales. Y todo esto, dijo Pérez, se realiza en nombre del Sumak Kawsay (buen vivir), un paradigma filosófico indígena que ha sido “usurpado por el gobierno”. Finalizó su intervención expresando que a pesar de que el Presidente busque dominar a los pueblos “desde las alturas a punta de descalificaciones, decretos y correazos. Las comunidades resistirán hasta el último latido del corazón y el primer latido de nuestros hijos”.

La independencia judicial al banquillo

Comparecieron el Instituto de Defensa Legal (IDL), Fundación para el Debido Proceso Legal (Dplf), Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Puce), Centro de Estudios de Derechos Justicia y Sociedad (DeJusticia), Universidad San Francisco de Quito, Federación Nacional de Abogados del Ecuador , Observatorio de Derechos y Justicia.

Enrique Herrería, director ejecutivo del Observatorio de Derechos y Justicia, conjuntamente con Santiago Guarderas, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, presentaron solicitud a la CIDH de establecer una fecha para que la Comisión visite al Ecuador y determine el estado de la justicia, recomendar al Estado ecuatoriano la derogatoria del término “error inexcusable” del numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, además la depuración de la Corte Nacional de Justicia y recomendar la sustitución de todos los miembros del Consejo de la Judicatura.

La delegación de abogados del Ecuador, en la audiencia de Independencia Judicial en Ecuador.

Herrería explicó, a su juicio, la situación jurídica del país. Dijo que en el Ecuador, entre los años 2005 y 2006, se llevó a cabo un proceso de selección de magistrados para la entonces Corte Suprema de Justicia. Mediante un concurso de méritos y oposición, bajo la veeduría de Leandro Despouy, de las Naciones Unidas, y delegados de la Unión Europea. Del mencionado concurso se seleccionaron 31 juristas para un puesto vitalicio,  a los cuales Herrería consideró “sin tacha y de enorme prestigio y conocimiento”.

Santiago Guarderas, en su intervención, expresó que el Consejo de la Judicatura “destituye jueces de forma arbitraria, convirtiéndo las sanciones disciplinarias en instrumentos de presión y sumisión a los operadores de justicia y en mecanismos para amedrentar a los jueces en general”.

Estos, según explicó, fueron suspendidos en el 2011 mediante una consulta popular. Para que una comisión “nombrada por el Presidente de la República, de vertientes subordinadas a él, designe un nueva Corte Nacional de Justicia”. Esto fue monitoreado por una veeduría internacional liderada por Baltazar Garzón; las conclusiones de la veeduría fueron que el concurso de selección no tenía transparencia y muchos de los seleccionados “no tenían la idoneidad” necesaria. Al mismo tiempo se pasó a designar un Consejo Nacional de la Judicatura, según contó Herrería, “integrado únicamente por ex altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa”. De entre ellos destaca al presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh de quien dijo fue “secretario privado del Presidente de la República”.

Santiago Guarderas, en su intervención, expresó que el Consejo de la Judicatura “destituye jueces de forma arbitraria, convirtiéndose las sanciones disciplinarias en instrumentos de presión y sumisión a los operadores de justicia y en mecanismos para amedrentar a los jueces en general”. Explicó que las causas más frecuentes para destituir jueces son “el error inexcusable y la falta de fundamentación en la acusación”. Estás causas están sujetas a interpretaciones, este tipo de causales son incompatibles con la Convención Americana según la CIDH, señaló Guarderas.

Pedro Granja, presidente de la comisión de DDHH de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, inició su exposición con la pregunta: ¿Existe independencia jurídica en el Ecuador? Él mismo respondió que no. Explicó que la razón de su respuesta es que desde el 2011, cuando el presidente Correa mediante consulta popular consiguió que se cambie la conformación del Consejo de la Judicatura y que estuviera constituido por  un representante del Poder Ejecutivo, otro del Legislativo y el último del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual estaba dirigido por Marcela Miranda, ex asesora de Ricardo Patiño, canciller del Gobierno. En la práctica, dijo Granja, son solo representantes del Poder Ejecutivo.

Ese mismo Consejo de la Judicatura, advirtió el abogado, “destituyó a más de 244 jueces bajo el argumento del error inexcusable, sin dar  motivación al respecto”. Explicó también que las comisiones ciudadanas que eligen a la Corte Constitucional del Ecuador, al fiscal general y a los jueces de la Corte Nacional son un representante del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo, que según Granja “en la praxis es el propio Presidente de la República pues maneja el Poder Legislativo como quiere” y otro representante del Poder de Transparencia y Control Social. Advirtió que la presidente de la comisión que seleccionó a los jueces de la Corte Constitucional fue Pamela Martínez, quien aparece en el distributivo de sueldos de la Presidencia como secretaria del Despacho Presidencial. Juan Vizueta, miembro también de la Federación Ecuatoriana de Abogados, ejemplificó la falta de independencia judicial en Ecuador exponiendo los casos de “Los diez de Luluncoto”, “Mery Zamora”, “estudiantes del Mejía”. Finalmente se solicitó la visita de la CIDH para comprobar el estado de independencia judicial del país.

Pablo Arrobo, presidente del Colegio de Abogados de Loja, habló sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el Código Orgánico de la Función Judicial presentada por los abogados del Ecuador reunidos en sus correspondientes colegios. Esta se debe a que pretende sancionar a los abogados en libre ejercicio hasta con seis meses de imposibilidad de ejercer su profesión. Esta demanda no ha sido resuelta por la Corte Constitucional durante cinco años, por lo que solicitaron el amparo de la CIDH para que sean derogados los artículos que pretenden sancionar a los abogados en libre ejercicio como “si fueran empleados administrativos del entorno judicial”.

Yasunidos: sobre el derecho a consultar y a ser consultados

Ramiro Ávila, abogado del colectivo Yasunidos, afirmó que se violaron sus derechos y las firmas fueron desechadas arbitrariamente.

El colectivo Yasunidos asistió en apoyo a los pueblos indígenas que presentaron su demanda ante la CIDH, pero también presentaron una demanda contra el Estado ecuatoriano este 28 de octubre. Denunciaron la violación de sus derechos políticos en el proceso de llevar a consulta popular la explotación petrolera en el Yasuní. El mismo día que se presentó la denuncia, el colectivo Yasunidos ofreció una rueda de prensa donde informó más detalladamente su demanda.

Antonella Calle expresó que durante más de seis meses el colectivo Yasunidos recogió firmas para lleva a consulta popular la explotación del Yasuní, encontrándose con muchas trabas en el camino. Fueron atacados por varias instituciones, pero consiguieron reunir más de 757.000 firmas. Todas fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral y estos invalidaron más de la mitad de las firmas. El colectivo solicitó que se publiquen las firmas, pero no se les concedió. Antonella Calle también comunicó que en un informe técnico de la Universidad Andina y la Politécnica Nacional determinó que el número de firmas eliminadas no alcanzaba para negar la consulta, según el análisis y proyección de una muestra.

Julio Cesar Trujillo, abogado del colectivo Yasunidos, mencionó que recorrieron todas las instancias nacionales, con poca esperanza, pues presumían que “la única voluntad que cuenta es la del Presidente”. Ramiro Ávila, abogado del colectivo Yasunidos, afirmó que creen que se violaron sus derechos y las firmas fueron desechadas arbitrariamente, además de que el proceso de comprobación de firmas fue poco transparente, fue hecho por una autoridad no independiente y no se les permitió presentar pruebas.

Ávila afirmó que se violó el debido proceso, la protección judicial y los derechos políticos y que el propósito de Yasunidos es que la Comisión Interamericana reconozca que el Estado ecuatoriano violó los derechos políticos de la gente y se repare integralmente a los ecuatorianos. También que Ecuador tenga formas de proteger a las comunidades en aislamiento voluntario. Quieren que el caso vaya a la Corte Interamericana de DDHH, donde podrán probar su demanda y se condene al Ecuador por no tener mecanismos para garantizar la democracia.