La colección arqueológica que el correato esfumó
A los 14 años de edad, Luis Plaza Febres Cordero se entregó de lleno a la que años más tarde se convertiría en la gran pasión y razón de su vida: recolectar y coleccionar piezas arqueológicas. Lo hizo tan bien que al cabo de décadas logró construir una de las colecciones más preciosas del país, una verdadera joya patrimonial que fue avaluada en 95 millones de dólares y que fue exhibida en los mejores museos del país e incluso hizo parte de muestras que viajaron al exterior. Ahora que está alrededor de los setenta, esa misma pasión le ha provocado a este dermatólogo, que divide su tiempo entre la atención en Solca y su consultorio privado, una tristeza tan honda y lacerante que sus amigos dicen que ha envejecido de forma prematura.
¿Qué le pasó a Luis Plaza Febres Cordero durante ese tiempo? Lo peor que le podía haber ocurrido: le robaron la parte más valiosa de su colección y todo indica que el delincuente y encubridor fue el gobierno de Rafael Correa.
La historia del robo no solo es espeluznante por la afectación que sufrió Luis Plaza sino también porque fue el Estado, que se supone debe ser custodio del patrimonio cultural del país, el responsable de la desaparición de las piezas y también de haber entorpecido todos los esfuerzos del médico por recuperar su colección. Entorpecimiento que incluye sentencias judiciales que pusieron en tela de duda la propiedad de las piezas, escudándose en el argumento de que el coleccionista no podía probar su propiedad sobre los objetos y que el Estado es el verdadero dueño del patrimonio del país por disposición constitucional.
Todo arranca cuando la colección de Luis Plaza, de alrededor 9 mil piezas, fue a exponerse en las instalaciones del Museo Nahim Isaías de Guayaquil, especializado sobre todo en arte colonial quiteño. La muestra arqueológica estuvo exponiéndose ahí varios años hasta cuando ese museo se desarticuló a raíz de la crisis generada por el feriado bancario, ya que era propiedad de la familia Isaías, dueña del Filanbanco. Fue entonces que una hermana del coleccionista, casada con Roberto, uno de los hermanos Isaías, le sugirió que embodegue su colección, demasiado grande para entrar en una casa o bodega cualquiera, en uno de los pisos del edificio Equinoxcopr, también de propiedad de la familia Isaías.
En ese edificio administrado por el gobierno estuvo la colección durante algún tiempo en el que Plaza acudía religiosamente los fines de semana para verla y cuidarla. Los problemas más graves, sin embargo, comenzaron cuando Rafael Correa ordenó la incautación de las 195 empresas y propiedades de la familia Isaías que quedaron bajo la administración de la AGD. Ocurrió en julio del 2008 y ahí fue cuando el edificio Equinoxcopr pasó a manos gubernamentales. Las primeras semanas no hubo problemas para que el coleccionista visite su colección pero, al poco tiempo, los guardias empezaron a dificultar sus visitas hasta que se las prohibieron. Al poco tiempo le llegaron rumores de que las obras estaban desapareciendo y cuando logró entrar al sitio constató que alrededor de 3 200 piezas, entre las que estaban las de oro, plata, platino y bronce se habían esfumado.
Desde el día en que desaparecieron las piezas, la existencia de Luis Plaza ha sido un suplicio. Ha presentado demandas (de hecho en la página de la función judicial hay al menos cuatro) en contra del Instituto de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura y de la AGD con el fin de que se le responda por el robo. Sin embargo, nadie ha respondido por lo sucedido y, peor aún, la Corte Constitucional, cuando su presidente era el obsecuente correísta Patricio Pazmiño, emitió en el 2009 una sentencia por pedido de Doris Soliz, entonces ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, en la que negó una acción extraordinaria de protección planteada por Plaza Febres Cordero alegando que éste no ha podido probar la propiedad de las obras parte de su colección. En esa sentencia la Corte Constitucional dispuso que “el Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural tenga en custodio y conservación las 6064 piezas arqueológicas que constan dentro del inventario Acta de Inventario Nacional de Bienes Muebles Arqueológicos, Región Costa, hasta que el tenedor de las mismas, esto es, el Dr. Luis Plaza Febres Cordero demuestre en vía judicial correspondiente la propiedad de dichas piezas arqueológicas…”. Así, con esa decisión del más alto tribunal del país, se logró que no se investigara la desaparición de los objetos y que todo siguiera tal cual. De hecho, las piezas faltantes nunca aparecieron y los organismos del gobierno implicados en el tema jamás respondieron por ellas.
El tema del robo de estas piezas volvió a estar en el debate público desde el 21 de marzo del 2018 en que diario El Universo publicó una carta de Luis Plaza titulada “¿Y las 3 mil piezas de arte desaparecidas?”. Ahí, el dueño de la colección planteaba algunos interrogantes: “¿por qué pese a mis denuncias se ha mantenido este silencio oprobioso? ¿Por qué las autoridades impidieron la investigación?”. Plaza denunció el robo al Ministerio de Cultura y, según dice, “todo quedó ensombrecido por la impunidad, ¿será que la corrupción está supuestamente enraizada en todo el aparato estatal? Todas mis denuncias han sido archivadas”.
En conversación con 4Pelagatos, Luis Plaza Febres Cordero aseguró que durante los años en que ha desplegados esfuerzos para saber qué pasó con sus piezas, recibió noticias de que el boicot del gobierno se debía a “ordenes desde lo más alto”. Entre las lucubraciones que ha ido tejiendo, dice, está la posibilidad de que haya sido víctima de una persecución por su origen familiar. Por un lado sobrino del ex presidente León Febres Cordero y, por otro, cuñado de Roberto Isaías. Es fácil suponer -dice- que hubo una negativa a la investigación deliberada y orquestada por los tomadores de decisiones del correato. En su carta a El Universo, el coleccionista se dice esperanzado de que la Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana “puedan encontrar atención a este clamoroso caso”.
Han pasado casi diez años desde que las piezas de Luis Plaza Febres Cordero desaparecieron. El Estado, desde entonces, ha tratado de lavarse las manos sosteniendo el argumento de que el coleccionista no ha podido probar que es el dueño de los objetos y que en principio todo obra patrimonial es propiedad del Estado por disposición constitucional. En realidad, con ese argumento lo que ha hecho es no asumir su responsabilidad como custodio del patrimonio de la nación.
Durante todo el tiempo desde que desaparecieron las obras, no ha habido ni una sola autoridad que haya dispuesto una investigación, ni siquiera con el fin de que el Estado (asumiendo que éste fuera el legítimo y único dueño de las piezas) recupere lo robado. ¿La Fiscalía? Ni pío.
El drama de este dermatólogo no es sino una evidencia más de que, al menos durante el gobierno de Rafael Correa, el Estado no cumplió con su responsabilidad no solo de garantizar el derecho a la propiedad, en este caso del coleccionista, sino de custodiar el patrimonio cultural del país a pesar de todas las consignas y proclamas hechas alrededor del tema.
Luis Plaza Febres Cordero afirma haber dedicado todas las energías y el amor de su vida a la construcción de su colección. “No tengo hijos y nunca me casé; esta era mi vida”, dice consternado. Su drama únicamente ejemplifica cómo, al menos en este caso, el patrimonio cultural del Ecuador puede estar en mucho mejores manos cuando sus custodios son ciudadanos apasionados y enamorados de sus propiedad que burócratas con intereses opacos que gozan de absoluta impunidad.
¿Quién tiene las piezas? ¿Dónde están? Algún funcionario del correísmo tiene la respuesta pero ninguna autoridad ha querido hasta ahora formular la pregunta.
Fotos: colección Plaza Febres Cordero
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