Corrupción: la confesión de Lenín Moreno y la demanda contra Correa
"Solo gracias al dominio total del aparato estatal a través de funcionarios designados directa o indirectamente por Rafael Correa y la conformación de una estructura legal y administrativa que lo posibilitó desde la propia Presidencia de la República y su Secretaría Jurídica, es que habría sido posible la conformación de esta organización delincuencial, que promovió la contratación de obras innecesarias o desproporcionadas para las demandas del país, la generación de gasto público y endeudamiento sin precedentes, con lo cual se viabilizaron múltiples declaratorias injustificadas de emergencia, para proceder con contrataciones por vía de un regimen especial, la realización de obras con sobre precios o obviando requisitos legales..."
12 de marzo del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Cuando la periodista de CNN Chile preguntó al presidente Lenín Moreno si "¿usted no es reponsable, como dicen algunos opositores, por no haber denunciado en su momento la corrupción, siendo parte de la administración de Correa?".
Moreno respondió: "Yo diría que hay una culpa compartida, la culpa de no haber sido excesivamente acucioso en adentrarme en los temas económicos. Yo me preocupé únicamente del tema social; lo hice bien, y es por eso que la gente me retribuyó con su voto, y pensé que toda la gente lo estaba haciendo (bien) y caminando por el mismo sendero. Pero no había sido así. Al finalizar el periodo nos dimos cuenta. En más de una ocasión escuchábamos que había corrupción, pero pensábamos que eran acusaciones infundadas, acusaciones falsas; pero lo estaban haciendo bien, lo digo en el término de que lo articularon extraordinariamente bien, era una cosa sistemática, en la cual sabían dónde había que poner y sabían qué había que hacer para evitar que la justicia esté encima. Inclusive permitieron que la contratación pública sea completamente discrecional de los ministros y del Presidente de la República".
Es la primera vez que el presidente Moreno admite dos cosas: que tiene una culpa compartida en el tema de la corrupción —a la cual calificó de espeluznante— por omisión, y la segunda, que se trataba de un acto premeditado, sistemático y articulado. Mencionó, también por primera vez, que las decisiones administrativas estaban destinadas a proteger y favorecer la corrupción.
Para César Montúfar, exasambleísta, director del partido político Concertación y académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, eso se llama "delincuencia organizada". Bajo ese delito precisamente Montúfar presentó una denuncia penal en la Fiscalía General en contra del ex presidente Rafael Correa, Jorge Glas Espinel, Alexis Mera Giler, Carlos Baca Mancheno (en su calidad de presidente de la comisión especial 30S), Carlos Pólit Faggioni, Galo Chiriboga Zambrano, José Serrano Salgado y Diego García Carrión. Es decir, los ex: presidente y vicepresidente de la República, secretario nacional jurídico, (actual) fiscal general, contralor, fiscal general, presidente de la Asamblea Nacional y procurador del Estado.
César Montúfar con el contenido de la denuncia particular en contra de Rafael Correa y otros.
La demanda de Montúfar arranca con la grabación de la conversación entre José Serrano y Cárlos Pólit, que fuera divulgada por el fiscal general Carlos Baca Mancheno el 22 de febrero del 2018.
La denuncia irritó a Rafael Correa, quien desde Bélgica retó a sus seguidores cuando dijo que "un payaso" lo acusa de delincuencia organizada y "ninguno de ustedes dice nada". Es decir, aceptan haber sido parte de la "banda". Luego hizo mofa, en otro tuit, de la demanda y puso la foto de su perro con el texto de que se le buscaba por negar la paternidad de dos cachorros, que el culpable era Rafael Correa y el acusador César Montúfar.
La demanda de Montúfar arranca con la grabación de la conversación entre José Serrano y Cárlos Pólit, que fuera divulgada por el fiscal general Carlos Baca Mancheno el 22 de febrero del 2018. Esta conversación "sugiere la existencia de acuerdos ilícitos ; la conformación de grupos a los que funcionarios públicos estarían adscritos y también responderían o estarían bajo control de alguien; así como la ultilización de funciones del Estado, con fines ilícitos, concretamente, la comisión de actos de corrupción".
El audio revelado por el fiscal Baca Mancheno evidencia además —dice la denuncia penal— que han existido (sic) documentos oficiales de la Contraloría General del Estado que se encuentran en poder de una tercera persona y que habrían desaparecido. "Sin embargo, Pólit asegura tener otros, incluso con la fe de recepción, que se presume es la de la Fiscalía, registrada en los mismos, que se encontrarían en poder de otra tercera persona, a la que nombra o describe como «el chiquito», quien los haría llegar al presidente de la Asamblea Nacional".
La denuncia cita también las entrevistas hechas al excontralor Carlos Pólit en varios medios de comunicación. En estas, el exfuncionario —quien tiene una orden de prisión en su contra y permanece fuera del país, en Miami—. En estas entrevistas, Montúfar ha logrado determinar 13 supuestos casos de corrupción como el "levantamiento ilegal de las responsabilidades penales y administrativas de Odebrecht en el contrato con la empresa pública Hidropastaza". Se trata del caso de la central hidroeléctrica San Francisco, cuya denuncia fue hecha por el diario Expreso de Guayaquil en el 2008 y terminó con la expulsión de Odebrecht por parte del gobierno nacional. Se levantaron glosas y se hizo una denuncia penal, pero un año y medio después el gobierno negoció su retorno.
Otros hechos que sale de las declaraciones de Pólit son:
Uso de fondos reservados para pagos ilegítimos y para editar videos para realizar persecusión política a policías y ciudadanos.
2.200
informes con indicios penales fueron entregados por la Contraloría a la Fiscalía.
La existencia de más de 2.200 informes con indicios penales y con más de USD 2500 millones de perjuicio al Estado, sin que hubiera investigaciones al respecto ni que se recuperen esos fondos.
La elevación ilegítima de hasta 70% de los montos originales de las contrataciones públicas, amparadas con criterios oficiales del procurador general del Estado, al margen de la ley.
Glosas por la construcción de obras públicas, ilegalmente eliminadas sobre las cuales no se han realizado las acciones correspondientes. Montúfar cita la Ruta Collas, Ruta Viva y el Metro de Quito.
No presentación de la información sobre la empresa Odebrecht desde Brasil, respecto a la construcción de varias obras de infraestuctura en el país, sobre las cuales, a pesar de haber recibido ocho gigabytes de información, de parte de autoridades judiciales brasileñas, apenas se ha hecho conocer una parte, y se habría ocultado la relacionada con la central hidroeléctrica Toachi Pilatón.
(En este punto, la demanda menciona que en un juicio penal en torno a los actos de corrupción de Odebrecht, el fiscal Baca Mancheno "no incluyó las delaciones ante la justicia de Brasil de dos directivos de esa empresa, como son Fernando Mies Bessa y Fabio Gandolfo", los cuales "señalarían en sus delaciones que el expresidente Rafael Correa Delgado fue uno de los beneficiarios de un soborno al exministro Alecksey Mosquera, transferido a través de la cuenta de un tercero". Según la denuncia, se trata de proteger a Rafael Correa, quien "aparecería como cabecilla y originador directo de las decisiones administrativas clave, para que ciertos exfuncionarios hayan podido (sic) intervenir de manera que les posibilitó crear los hechos de corrupción por los que se los investiga o por los que han sido ya sentenciados").
Otro hecho señalado por Montúfar es el "uso de de dineros destinados a la inteligencia y seguridad del país para realizar encuestas sobre la percepción pública de determinados funcionarios, sobre lo cual la Contraloría emitió informes con indicios penales.
Informe con indicios de responsabilidad para funcionarios de la Secretaría de Comunicación por la organización de las "sabatinas". Los informes involucran a Vinicio Alvarado y Fernando Alvarado, ministros de Estado del gobierno anterior.
Correa en una de sus sabatinas. Según la denuncia, un informe de la Contraloría apunta a irregularidades en los costos.
Informe sobre los gastos de reconstrucción por el terremoto de Manabí-Esmeraldas, en el cual aparece la suscripción de contratos con empresas recomendadas por funcionarios públicos.
Eliminación ilegal de "responsabilidades de la empresa Worley Parson, de propiedad del esposo" de una asesora del presidente de la República.
Contratos de preventa con Petrochina y otros, los cuales implicarían intermediaciones ilícitas con gravísimos perjuicios contra el Estado.
Contratación irregular y sin transparencia de deuda externa en condiciones desfavorables para el país, que contravendrían la Constitución y la Ley.
Todos estos casos "denotan que no se trata de casos aislados de corrupción, sino de la existencia de un fenómeno sistemático y estructural, que tendría más que ver con una situación de delincuencia organizada".
La delincuencia organizada es un sistema criminal que, por definición, debe mantener un orden jerárquico, en el cual cada uno de sus integrantes juega un rol, conforme a sus aptitudes y a las funciones y actividades que realice.
La delincuencia organizada es un sistema criminal que, por definición, debe mantener un orden jerárquico, en el cual cada uno de sus integrantes juega un rol, conforme a sus aptitudes y a las funciones y actividades que realice. En este sistema, sus conformantes participan activamente en una estructura dentro de la cual cumplen determinadas funciones, de manera organizada, estructurada, secuencial y con conocimiento de causa y cada uno de los pasos que conducen a obtener o lograr los bienes u objetivos para los que se estableció, dice la demanda. "Los funcionarios públicos, representando a varios organismos del Estado como son: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Vicepresidencia de la República y Presidencia de la República y de ministerios, se habrían concientemente articulado para obtener beneficios de los cargos que cumplían, a través de la contratación de la obra pública o de las atribuciones que sus cargos le permitían realizar o ejercer. Igualmente, los mismos hechos dan a entender la conformación de un entramado legal y administrattivo para que dicha organización, que habría desarrollado fines delictivos en contra del Estado, tenga la posibilidad de conformarse y desde ahí llevar adelante con plena libertad sus fines. Todo ello desde la Presidencia de la República y su Secretaría Jurídica. Esto demostraría, nuevamente, la existencia de un plan premeditado en el que la corrupción dejó de ser un problema de casos aislados para convertirse en un hecho estructural y sistémico, un modo de gobierno que habría involucrado todos los ámbitos de acción del ejecutivo".
¿Cómo se pudo faclitar eso, según la demanda? "Solo gracias al dominio total del aparato estatal a través de funcionarios designados directa o indirectamente por Rafael Correa y la conformación de una estructura legal y administrativa que lo posibilitó desde la propia Presidencia de la República y su Secretaría Jurídica, es que habría sido posible la conformación de esta organización delincuencial, que promovió la contratación de obras innecesarias o desproporcionadas para las demandas del país, la generación de gasto público y endeudamiento sin precedentes, con lo cual se viabilizaron múltiples declaratorias injustificadas de emergencia, para proceder con contrataciones por vía de un regimen especial, la realización de obras con sobre precios o obviando requisitos legales; la modificación de la estructura de la administración pública, como ocurrió con la creación de los llamados sectores estratégicos y su ministerio coordinador".
Para el demandante, hay que investigar a Rafael Correa Delgado, Alexis Mera Giler, Jorge Glas Espinel, José Serrano Salgado, Diego García Carrión, Galo Chiriboga Zambrano y Carlos Pólit Faggioni. Según Montúfar, "cada uno ocupó en su momento cargos que eran necesarios para el funcionamiento de la organización y la obtención de sus objetivos. La participación de los citados fue estratégica para configurar los hechos".
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