¿El etnocidio del pueblo shuar?
El informe de la Fundación TIAM y del Pueblo Shuar Arutam revela por primera vez las cifras de la tragedia del pueblo shuar afectado por el proyecto minero Panantza-San Carlos, en Morona Santiago. Son 35 familias de Nankints, Tsuntsuimi, San Pedro y Kutukus que vivieron el desalojo forzoso entre agosto y diciembre pasados. Ahora, los pobladores sobre todo de Tsuntsuimi buscan volver a sus tierras entre fuertes controles militares. Sus cultivos y sus animales han muerto. Tienen enfermedades y la educación escasea. Es una crisis humanitaria, según líderes indígenas y activistas.
24 de abril del 2017
SUSANA MORÁN
Una crisis humanitaria. Así describen dirigentes shuar, expertos y defensores de derechos humanos a la situación de los habitantes de poblados como Nankints y Tsuntsuimi, en Morona Santiago, desplazados por el conflicto minero del año pasado. En agosto, noviembre y diciembre de 2016, militares llegaron a la zona donde ahora se encuentra el campo minero Panantza-San Carlos (antes Nankints) y los enfrentamientos provocaron un policía muerto y decenas de familias desplazadas a localidades cercanas. Los hombres de las comunidades, señalados como supuestos autores de las muerte, se refugiaron en la selva. Las mujeres se quedaron solas con sus hijos, alejadas de sus casas y sin alimentación. A Quito llegaron cinco de ellas, en febrero pasado, para describir su crítica situación y llevar algo de ayuda a sus territorios. Estas mujeres al igual que decenas de desalojados se ubicaron principalmente en la población de Tiink. Esa comunidad refugió a decenas de familias. Hubo hasta dos familias por casa. También se vieron allí helicópteros y drones, un acto calificado como “una provocación” por la dirigencia shuar. Pero ahora el retorno desnuda de nuevo el drama del pueblo shuar. Con las viviendas afectadas, y sin bienes, pero sobre todo sin tierra o sin cultivos, este pueblo indígena pelea contra el exterminio.
El retorno, la tragedia y las elecciones
Huida y refugio. Estos hechos ocurrieron durante los dos meses de estado de excepción que el Gobierno impuso en la provincia de Morona Santiago desde el 14 de diciembre de 2016 hasta el 14 de febrero de 2017. Pero después de que este lapso finalizara y durante las elecciones presidenciales, la tensión bajó. Los habitantes de Tsuntsuimi aprovecharon este tiempo para volver a sus tierras. Las encontraron devastadas. Después de cuatro meses de ausencia, los cultivos habían muerto. Habían perdido sus pertenencias. No disponían ni de platos, ni de machetes. Pero volvieron para no perder su única escuela. Ir a otro establecimiento sería muy lejano. Es por eso que la gente hizo el esfuerzo para regresar. Mientras que otros desplazados buscaron reubicarse con parientes de otras comunidades. Este es el relato de Raúl Petsaint, dirigente del Pueblo Shuar Arumtam, a Plan V. “Su vida es ahora prestada”, dice. Dependen del terreno que les puedan ceder para sus cultivos. No tener una propiedad, una finca, es un cambio radical en su vida. Los shuar viven de la agricultura, la ganadería y la pesca. Sin estos medios, su existencia cae a la precariedad extrema. Es un pueblo que no vive de dólares, sino de sus cosechas.
El informe más actualizado sobre la situación de los derechos humanos de estas comunidades lo hizo el abogado José Valenzuela, con el apoyo de los juristas Felipe Castro, Mario Melo y del ingeniero geógrafo Carlos Mazabanda para la Fundación TIAM y el Pueblo Shuar Arutam. Allí se establece que que el desalojo de las comunidades ha afectado “desde derechos de participación, de asociación, reunión pacífica, hasta derechos de niñas, niños, adolescentes, y adultos mayores, ligados a la educación, salud, vivienda, entre otros”. En concreto son cinco parroquias impactadas por el proyecto minero: San Jacinto de Wakambeis, San Miguel de Conchay y Santiago de Panantza tendrían un 50% afectación en su territorio; mientras que San Carlos de Limón e Indanza, un 15%.
Tiink fue el refugio de los desplazados por cuatro meses, Al menos dos familias compartieron en una vivienda. Drones y helicópteros amedrentaron a sus pobladores, según testimonios.
Según el documento, elaborado en marzo pasado, cuatro de las ocho cabeceras parroquiales están dentro del área de concesión y las cuatro restantes están en la zona de influencia. A eso hay que sumar a más de “20 comunidades que están dentro del área de concesión y más de 18 poblados que se encuentran en un radio de 4 kilómetros alrededor de los límites de las concesiones”. De los 12.289 habitantes de las ocho parroquias, 5.636 son de la nacionalidad Shuar.
Tras los conflictos de agosto, noviembre y diciembre de 2016, este informe es el primero en acercarse a las cifras del desplazamiento. Según este estudio, son 35 familias shuar las que han tenido que salir de sus territorio. De ellas, 8 vivían en Nankints y la mayoría son de Tsuntsuimi. También habitantes de San Pedro y Kutukus fueron desalojados. Los lugares que acogieron a estas familias fueron el centro shuar Tiink y la comunidad de Guapis. “Si bien no se tiene un censo exacto del total de personas afectadas, según declaraciones de Jesús Domingo Nayash Pinchupa, síndico de la comunidad Tsuntsuimi, y Rodolfo Chumpi, profesor de San Pedro de Punyus, señalan que aproximadamente unas 508 personas han sido desplazadas: 100 de San Pedro; 308 de la comunidad de Tsuntsuimi; y, 50 personas abandonaron Kutukus”. Otros hallazgos:
● En todas las familias al menos un miembro pertenece a la primera infancia, sobre todo niñas/os en edad de lactancia. De 7 mujeres en los últimos meses de estado de gestación, 2 tuvieron a sus hijos durante el desplazamiento.
● Existen aproximadamente 95 niños, niñas adolescentes en edad escolar de educación básica (entre 6 a 12 años): 40 pertenecen de San Pedro, 40 son de Tsuntsuimi, y de 12 a 15 estudiantes son de la comunidad de Kutukus.
● En su mayoría, los desplazados son mujeres, niños/as y ancianos; los hombres, por temor a los procesos penales en curso, están recluidos en la selva. Se identifica a un adulto mayor que sobrepasa los 100 años de edad.
El abogado Mario Melo coincide en que los afectados viven una crisis humanitaria. “Hay una violencia particular contra el pueblo shuar vinculada con la política de ampliación de las fronteras extractivas en sus territorios, sin el mínimo respeto al pueblo shuar, propietario ancestral en la cordillera del Cóndor”.
Durante las elecciones, el descontento en estas zonas se evidenció en el voto. En los sectores afectados por el proyecto minero Panantza-San Carlos ganó el candidato opositor, Guillermo Lasso. En el cantón Limón Indaza, su victoria fue con el 62,70% de los votos frente al 37,30% del oficialista Lenín Moreno. Y en San Juan Bosco, Lasso ganó con el 58,36% frente al 41,64% de Moreno. Estas cifras van en sintonía con el voto en la Amazonía en general. En esta región, afectada por la explotación petrolera y minera, cinco de seis de provincias votaron por Lasso.
Para Petsaint, el continuismo no tenían ninguna respuesta favorable a las demandas de esta zona. “El desarrollo no se hace con bienes. Se construyen carreteras, se construyen edificios sin pensar en que los pueblos indígenas que están reconocidos en la Constitución.”. Abilio Shakay, otro dirigente del Pueblo Shuar Arutam, acepta los resultados. Pero aclara que bajo los instrumentos de la Constitución tratarán de solucionar los conflictos.
El control y la militarización
Después de las elecciones, el pequeño periodo de calma terminó. Tsuintuin está a 10 o 15 kilómetros más adentro del campamento minero Panantza-San Carlos. Allí los controles aumentaron, según Petsaint. “Luego del triunfo de Moreno en la segunda vuelta hay más policías y militares dentro del campamento minero. En el medio del camino San Juan Bosco-San Carlos está el campamento. Ahí existe un control (de la fuerza pública). Es difícil el ingreso inclusive para las mismas personas que son del lugar. Eso se había atenuado tras el fin del estado de excepción y en espera de las elecciones generales. Este control no tiene sentido. Está en un vía pública donde el paso es libre. El campamento (donde antes estaba Nankints) están en un margen, no está cruzando la vía. La gente que estuvo refugiada en Tinn, cuando hubo ese espacio de tranquilidad, decidió retornar a sus comunidades, principalmente a Tsuntsuimi. Ese retorno está siendo controlado. La gente ha querido regresar usando esa vía para llevar sus cargas, bienes y colaboraciones. Pero es un arma de doble filo: regresan y luego se les está cerrando la salida por el mismo camino. Es mucho peor (el control) con los que no son del lugar. Todos deben ser registrados, fotografiados. Que estén revisando para no ingresar armas eso no nos preocupa. Pero conociendo a todas las personas del lugar y les dicen que no tienen que salir, que no tienen que entrar. O si salen los van a detener. Esa amenaza no se fundamenta. Nosotros somos los que deberíamos poner control a la gente extraña”.
Agustín Wachapá, líder shuar procesado por un mensaje en Facebook, saldría esta semana de la cárcel de Latacunga. Obtuvo medidas sustitutivas y deberá pagar 6.000 dólares de fianza. Hasta el lunes 24 de abril, familiares y amigos buscaban completar este monto. Álex Chuji, otro dirigente shuar, también está detenido.
Según el Ministerio del Interior, en esa zona están desplegados 29 policías. Pero el número de militares allí es desconocido. Plan V pidió la cifra al Comando Conjunto de las FF.AA., pero esta información no fue proporcionado por seguridad. Pero según el informe de la Fundación TIAM y del Pueblo Shuar Arutam, entre enero y febrero, en las comunidades Tsuntsuimi, San Carlos de Limón y Nankints había una fuerte presencia militar. Y relata: “Se constata que si bien las viviendas no han sido destruidas, han sido empleadas como retenes, comedores o viviendas por los agentes de la fuerza pública. Los cultivos se han perdido, así como todos los animales criados para el consumo”.
Voces shuar en Ginebra
Esta situación fue escuchada en Ginebra. Allí, en la sede de la ONU, el Ecuador se someterá a su segundo Examen Periódico Universal, el próximo 1 de mayo. Pero antes, una delegación de ocho personas, entre dirigentes shuar y activistas, llegaron con las alertas. Se reunieron con representantes de Alemania, Italia, Suiza, Costa de Marfil, Bolivia, Corea del Sur, Unión Europea, Noruega, Finlandia y Dinamarca; con Paula Berruti del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y con representantes permanentes de misiones en Ginebra. En un evento organizado por UPR Info, Abilio Shakai y Raúl Petsaint, del pueblo Shuar Arutam, dieron sus testimonios. Los acompañó Jorge Herrera, presidente de la Conaie; Andrés Tapia, director de comunicación de Confeniae; Wilson Ordóñez, abogado de Conaie; Sofía Jarrín, de CDES; y Patricia Mencay del pueblo Waorani. Juan Auz, abogado de Terramater, también estuvo en el grupo. De acuerdo a Auz, la exposición estuvo centrada en cuatro puntos:
1. “La falta de consulta previa de forma sistemática. Es un derecho constitucional avalado por tratados internacionales de DDHH. Es una omisión permanente del Estado de no preguntar, de no consultar, no de pedir consentimiento en todos los proyectos extractivos que afectan a los territorios indígenas”.
2. “La violación de la libertad de asociación de los pueblos indígenas y de cómo los decreto 739 o 16, a través de la Secretaría de la Gestión de la Política, discrecionalmente decide qué organizaciones son las registradas y cuáles no. Creó organizaciones paralelas o registró a aquellas que están a favor de la explotación de recursos naturales y de la política del gobierno”.
3. “Criminalización de la protesta social. Se citó el caso del levantamiento nacional en el 2015 donde 98 indígenas fueron procesados por protestar. Y el caso emblemático del dirigente Agustín Wachapá y de cómo estuvo en prisión solo por poner un comentario en Facebook”.
4. “Derecho a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento, que está siendo afectado por la ampliación de la frontera extractiva. La decisión de explotar el parque Yasuní puede suscitar el delito de genocidios en esa zona”.
Esta información servirá de insumo para las recomendaciones que hagan los estados al Ecuador. Auz contó que todas las delegaciones mostraron su preocupación de cómo se está vulnerando derechos humanos, ambientales y de los pueblos indígenas a pesar de tener una Constitución progresista. “Muchos de ellos no entendían cómo un país que se vende internacionalmente como promotor y defensor de derechos humanos no esté cumpliendo con sus obligaciones de derecho internacional”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario