El observador

Elsie Monge: "nunca he visto algo tan masivo y brutal"

Para la conocida activista de derechos humanos, la política penal del Estado correísta tiene el objetivo claro de amedrentrar a todos quienes puedan disentir de las acciones del actual Gobierno. Las ambigüedades en el derecho penal recientemente aprobado son el instrumento de acciones represivas. Los 275 detenidos en apenas dos días le parecen algo no visto ni siquiera en las épocas de dictadura militar.

29 de septiembre del 2014

REDACCIÓN PLAN V

Elsie Monge

Misionera católica, forma parte de la congregación de las hermanas de la Maryknoll. Creció en Guayaquil y se formó en los Estados Unidos. Obtuvo su licenciatura en Educación en el Maryknoll Teachers College, sirvió en ministerios de educación en Guatemala y Panamá y volvió a Ecuador en 1973. Ha sido activista de derechos humanos desde los años 80. 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) en Ecuador ha denunciado por décadas los abusos cometidos por parte del Estado, en detrimento de los derechos de los ciudadanos, en especial, cuando se trata de represión policial. A la Cedhu han llegado tres casos de violencia en contra de los estudiantes que participaron en las movilizaciones del Colegio Mejía, el jueves 18 de septiembre. Elsie Monge, directora ejecutiva del organismo, advierte desde su oficina que el Ecuador vive un Estado de control a través del miedo.

¿La nueva legislación penal ecuatoriana es atentatoria a los derechos humanos?

Si nos referimos al COIP, podemos decir que tiene una orientación netamente castigadora y sancionadora, porque ha habido un aumento de penas. Mucho del Código Penal son cosas ambiguas, dando cabida a las interpretaciones. Aquello es una  falla de muchas leyes en el país. Pero en el derecho penal todo debe ser totalmente definido, no puede dejar a discreción la tipificación de los delitos. Nos referimos al delito de sabotaje y terrorismo y otros que quedan totalmente abiertos.

¿La tipificación del "sabotaje y terrorismo" ha propiciado la desmovilización de la sociedad y se ha convertido en una forma de amedrentamiento? ¿Ese fue el caso de Pepe Acacho o de los 10 de Luluncoto?

Nosotros hemos venido cuestionando como, en el caso de terrorismo y sabotaje, se utiliza el derecho penal para fines políticos. Las muestra de eso fueron las amnistías que se lograron en 2008, en la Asamblea Constituyente, en donde se admitió que a todas las personas acusadas de terrorismo se las procesó con fines políticos, es decir,  que no había sustento a esas tipificaciones. Ellos lo que estaban haciendo es protegiendo derechos, no habían incurrido en este tipo de actos como el terrorismo y se les concedió amnistías por eso; fueron más de 300. Desde la misma instancia de la Constituyente se demuestra que esto no tiene asidero, además que se estaba reviviendo una ley que fue instituida en la época de la dictadura militar.

"Todos estos actos tienen un solo objetivo, no solo el de la detención y un enjuiciamiento injusto, sino también el del amedrentamiento, que amenaza a quienes se atreven a discrepar y  reclaman sus derechos, pues seguramente después irán a la cárcel."

Todos estos actos tienen un solo objetivo, no solo el de la detención y un “enjuiciamiento injusto”, sino también el del amedrentamiento, que amenaza a quienes se atreven a discrepar y  reclaman sus derechos, pues seguramente después irán a la cárcel. Entonces, esto desmoviliza a los sectores sociales. Nosotros hemos visto muy de cerca todo lo que ha sucedido con las comunidades  indígenas que son afectadas negativamente por la minería, en Zamora Chinchipe y Morona Santiago, donde están concentradas las minas para las trasnacionales. En estos territorios se desplaza a la gente, se apoderan de sus tierras; luego vino el problema del acceso al agua y su concentración en detrimento de las comunidades y la contaminación.

Pero también hay casos en Quito, por ejemplo, Los 10 de Luluncoto que fueron acusados de terrorismo y los mantuvieron un año en la cárcel. Como no había realmente sustento para esa acusación, después cambiaron la figura y les condenaron por  presunta  organización para cometer actos de terrorismo. Les dan un año de sentencia cuando ya lo habían cumplido para no decir que no había sustento y les hacen válido ese año de prisión. En este caso se causaron graves daños a los jóvenes, perdieron estudios y trabajo; hubo todo un impacto emocional y psicológico en los presos, los estigmatizaron y sus familiares igual fueron afectados. En el caso de Pepe Acacho al principio le ponían 10 años de prisión y le bajaron a dos, pero igual no se justifica, porque no se ha probado su autoría en la muerte del profesor Bosco Wisuma. Eso sí preocupa, porque aquí  el mensaje es que nadie puede discrepar o reclamar derechos.

¿Cómo calificaría a un Gobierno acusado de criminalizar la protesta social? ¿De qué tinte es?

Ahí lo que se evidencia es el control por el miedo, eso todos lo sienten, en especial, las organizaciones, por las represalias que se vienen. El Gobierno es el principal empleador y los empleados públicos no se atreven a decir lo que piensan por miedo a perder sus trabajos. Eso es miedo nuevamente, es totalmente contradictorio a cualquier aspiración de construir una democracia. La libertad es el valor más apreciado por la gente: la libertad de tránsito, de organización, de pensamiento, de expresión. Ahí se ve la concentración del poder, que es lo más evidente en este control por el miedo.

¿Cuál es el llamamiento de la CEDHU al Gobierno si su política ha sido atentatoria contra los derechos humanos y la garantía de las libertades?

Con otras organizaciones se hizo un inventario de todas las personas procesadas, en lo civil, penal o administrativamente, por reclamar su derecho al territorio, al agua o modo de vida. Ahí tuvimos una intervención bastante prolongada. Como ejemplo,  Carlos Pérez de la Ecuarurari fue apresado por defender las lagunas del Austro de la contaminación minera, cuando él era dirigente en el Azuay. En reclamo cerraron las vías y le acusaron de terrorista. Después de tres años de proceso, todo quedó en ocho días de arresto. Carlos se fue a entregar, aunque la acusación no tenía ningún fundamento, porque bloquear una  carretera no es terrorismo, podría tener una sanción como contravención. El terrorismo es algo que atenta masivamente a la vida de las personas para causar terror. Cerrar una carretera es una inconveniencia, una infracción, pero no un delito de esos. El día en que él se entregó, fue acompañado por mucha gente de las organizaciones. Ese día me hicieron una entrevista por televisión y dije que eso era algo injusto, que era el resultado del proyecto de desarrollo que trata de implantar el Gobierno con la explotación minera.

Lo que vivimos es la consecución de un modelo extractivista, que afectaba a la gente y a los derechos de la naturaleza y que desplazaba a las poblaciones. La palabra desplazamiento cayó muy mal y el Presidente en un par de sabatinas dijo que todo era una mentira, que eso en el país no existía. Nosotros no tenemos ningún interés en entrar en esas disputas. Fuimos a entrevistar a los afectados y ellos decían cómo fueron desplazados de sus tierras. En el poblado de San Carlos, desapareció un poblado entero, una comunidad con nueve familias se extinguió. Ellos tuvieron que salir porque eran terrenos que interesaban a las mineras. Lo único que se ve en las tomas del lugar es césped, monte y una iglesia antigua que era lo único que quedó en pie junto a la escuela. Entonces, sí fueron desplazadas. En la parroquia de Tundayme, otras familias fueron desplazadas. Lo de esa población era gráfico: teníamos fotos del antes y después. Como el Presidente siempre tiene la última palabra dijo que esos son casos aislados y trató, como es común  de minimizarlos. Lo que nosotros presentamos eran ejemplos. En derechos humanos sabemos que hay esa posición, pero no podemos callar y seguimos.

Sobre las recientes manifestaciones del 17 de septiembre, hubo presos, represión y enfrentamientos entre los marchantes y la Policía, en la plaza de San Francisco. Pero los hechos más violentos se registraron en los exteriores de los colegios Montúfar y Mejía. ¿A la Cedhu han llegado denuncias por violación de derechos y represión policial?

"El terrorismo es algo que atenta masivamente a la vida de las personas para causar terror. Cerrar una carretera es una inconveniencia, una infracción, pero no un delito de esos".

Naturalmente. Cuando hay estos enfrentamientos,  nosotros siempre estamos muy pendientes. Los organizadores de la marcha sabían que nosotros íbamos a estar aquí para recibir cualquier denuncia sobre represión o lesiones a los manifestantes. Estuvimos hasta las 20:00 del miércoles, un grupo aquí y otro monitoreando la marcha. Uno de nuestros abogados se quedó en la Unidad de Flagrancia hasta las 03:00 del jueves tratando de ayudar a los detenidos. Sí recibimos algunas denuncias y también mensajes en Facebook y Twitter, y a través de videos en YouTube. Las redes sociales fueron la salvación de esa noche y la información era inmediata.

Inclusive desde aquí, que tenemos un balcón hacia el parque de la Alameda, vimos cómo a las 19:30 se iban juntando las motos de los policías; primero una docena que correteaba por el parque, después ya contamos más de 50 motos, que iban a recibir órdenes y fijar una estrategia. Nosotros bajamos y era impresionante ver cómo las motos estaban en todo lado. Unas iban al parque y rodeaban cada esquina.

Era espeluznante, me daba la impresión de una jauría. Hay un dato que dice que fueron detenidos alrededor de  275 personas en los tres días de protestas.  Lo que nosotros pudimos apreciar es que la marcha de los trabajadores se desarrolló en paz, con mucha creatividad y alegría. En San Francisco estaban interviniendo los dirigentes de los movimientos y se apareció una cantidad grande de policías y detrás de ellos, los ‘robocop’ con los escudos.

Yo creo que en San Francisco hubo infiltrados. Cuando hay policía se crea un escenario de mucha tensión. Algunos jóvenes estaban disfrazados como punkeros y con pañuelos que en la marcha no había; después, ellos comenzaron a golpear los escudos. Creo que eso era un anzuelo y la gente presente cayó en la provocación hasta que se dio la confrontación. La situación se volvió  incontrolable y los que tienen la fuerza son los policías y eso es lamentable. No fue solo apresarles ahí a los manifestantes,  sino que les correteaban a cuadras de distancia. En la mañana, en el Montúfar fueron a detener a un chico en el colegio y lo que menos debió haber es el uso desmedido de la fuerza. En la televisión se vio a varios policías dando de toletazos a los jóvenes en el puente aledaño.

En el Mejía, en cambio, los padres comentaban que a los chicos del nocturno les apresaron dentro del plantel y que el Rector había autorizado la entrada de la Policía.

No estoy completamente enterada de eso, pero por qué no pueden establecer límites. Ellos se vuelven desaforados y pretenden convertir todo en castigo. Cómo se justifica, por ejemplo, que en el Mejía hayan dos incidentes con dos personas que fueron heridas y arrolladas por la Policía; caídos los muchachos les daban de toletazos. Todos ellos fueron a parar en el Hospital Eugenio Espejo. Tenemos esos tres casos, en donde uno de ellos es menor de edad, Ángelo Ayol Barros. A él lo detuvieron el 18 de septiembre por la noche, a las 19:30 y fue arrollado por dos motos, después fue esposado y trasladado a la UPC de la Basílica. Ahí estuvo inconsciente un tiempo y luego lo trasladan a la Unidad de Flagrancia. Otros fueron llevados directamente a Flagrancia, en donde varios menores de edad fueron liberados. Pero había otros que ya fueron golpeados severamente. Tenían múltiples hematomas en su cuerpo y traumatismos craneoencefálicos. Así lo determinó el reconocimiento médico de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía. Junto a Ángelo, otro estudiante del Mejía fue ingresado al Eugenio Espejo, también arrollado por motos de la Policía. Nosotros vimos desde aquí esa cantidad de motos.

Las pruebas que se tienen son los videos, fotos y hemos hablado con los familiares y los estudiantes detenidos.

Hubo varias audiencias, una para los del Montúfar, otras para los del Mejía y otras para los de San Francisco. A algunos del Montúfar les dieron medidas cautelares, eso significa que deben presentarse ante la justicia cada ocho días. La acusación que tienen es por ataque o resistencia. ¿Yo cuándo vi eso?  Ese es el nuevo delito y el nuevo término que están usando. Al principio dije cómo es un delito la resistencia, si es un derecho constitucional;  si seguimos leyendo el artículo 273, abajo ya se habla de la resistencia a la fuerza pública. De este delito la pena es de uno a tres años.

¿Han contado con patrocinio legal los detenidos?

La Cedhu estuvo ahí el día de las marchas y en las audiencias que fueron el día siguiente. En esas audiencias estaban dos abogados, a los cuales nos dejaron ingresar porque ya tenían el patrocinio de defensores públicos. El Colegio de Abogados de Pichincha se apersonó en la defensa de los detenidos del Mejía. Esa noche lo que hacían los abogados es llamar a otros más. Ahora todos los presos tienen ya defensa. En el CDP, de los 60 detenidos, 20 o más tienen roturas de cabeza y contusiones en el cuerpo.

"Ahora no se habla mucho del enemigo interno, pero esa es la idea. Hay una sola dirección y hay que castigar al que piense distinto. 275 detenidos en dos días, no recuerdo algo tan masivo y brutal ni en la época de la dictadura."

La Cedhu sabe que cuando hay marchas hay peligro de enfrentamientos. Tenemos relación con movimientos sociales y estamos listos para apoyarlos en caso de que haya detenciones ilegales o mucho más cuando hay lesiones. Luego, se les asesora en la parte jurídica. Esa noche de las detenciones, como Cedhu les informábamos a los padres sobre el procedimiento y luego tratar de que ellos tengan todo el apoyo jurídico de  abogados. Con el caso de los detenidos del Mejía estamos apoyando el Hábeas Corpus que se presentó, porque consideramos que no es posible que les puedan encerrar de 1 a 3 años.

¿Haría una comparación entre el actual comportamiento de la Policía y el de los años 80 cuando usted militaba en contra de la represión policial?

Toda violación a derechos es un abuso de poder. Se van dando diferentes formas, pero lo que hay en el fondo es un abuso de poder. En los 80 había los “escuadrones violantes” (se refiere a los Escuadrones Volantes de la Policía en tiempos de León Febres Cordero, ndlr). Recuerdo que en Guayaquil había mucho de eso, y los jóvenes siempre eran los principales sospechosos, porque reclamaban derechos. Pero por el hecho de ser jóvenes ya están en la mira. En Guayaquil, durante el régimen de Febres Cordero,  se daba mucho de eso, que a los jóvenes que estaban en una esquina, se los llevaba el “escuadrón violante”. Después ya se suprimió esa práctica. Ser joven es ser sospechoso y eso me parece una lástima y por eso era común las detenciones arbitrarias.

No se veía antes este grado de enfrentamiento como ahora. Lo que hay de fondo es la doctrina de la Seguridad Nacional. El frente interno es el enemigo interno y como es una psicología de guerra, al enemigo hay que liquidarlo. Así lo justificaban en ese tiempo. Un ejemplo es el libro de Édgar Vaca, que salió justo cuando se emitió el informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del 88, sobre los oficiales que decían que ellos habían librado al país de la subversión (refiriendose a Alfaro Vive Carajo). Ellos eran el enemigo interno. Ahora no se habla mucho del enemigo interno, pero esa es la idea. Hay una sola dirección y hay que castigar al que piense distinto. 275 detenidos en dos días, no recuerdo algo tan masivo y brutal ni en la época de la dictadura. En el 17S, la Policía fue desaforada y querían masacrarlos. Es que no querían solo detenerlos, que en sí mismo ya es algo arbitrario, pero ¿por qué masacrarlos? Lo que sucedió el 17 y 18 es algo nunca visto en el país.

El Presidente de la República felicitó a la Policía por su profesionalismo y por haber bloqueado el avance de la marcha, pero después que ya se difundieron los videos en donde se evidencia los maltratos, él anunció que dos oficiales serán sancionados.

Esa es otra característica evidente. El Estado tiene un monopolio de medios de comunicación y tarde se muestran las evidencias. En todos estos medios gubernamentales, no públicos, era impresionante cómo  todas las tomas y declaraciones acusaban a los jóvenes de la marcha como provocadores. La  gente al principio eso era lo único que veía y tal vez decía “pobres policías, cómo les han pegado”. Pero después ya salieron otros enfoques y versiones distintas. La marcha fue de mayor contundencia de lo que esperaban. Lo que sí sabemos es que la plaza de San Francisco tiene capacidad para 20 mil personas y no estaba completamente llena. Hubo por lo menos la mitad. En la marcha eran más de 12 cuadras compactas. A nivel nacional dicen los sindicatos que hubo 85 mil manifestantes. Lo importante es que no fue solo Quito, sino 14 ciudades del país.

Creo que las elecciones de las autoridades seccionales demostraron eso, que esta maravilla que nos pintan a diario no es así; que hay cosas buenas es indudable, pero nada justifica que nos quiten la libertad. En esa fecha, el 23F, ya se vio cierto descontento, ahora con las marchas también se demuestra lo mismo. Hay muchos frentes, todo el frente laboral, el movimiento indígena, que se unen por estar afectados por los mega proyectos extractivistas. Aquí  en Quito ya no fue solo la marcha de los trabajadores, creo que la ciudadanía salió. Lo que se demostró fue que hay descontento en diferentes sectores, por la implementación de ciertas políticas que los afectan directamente. Ahora hay una distracción; no se habla de las reivindicaciones, de los pasajes, se habla de la violencia y culpando a los marchistas. Es una lástima que tengamos que enfocarnos en la violencia y no se discutan las propuestas de los sectores para conseguir un convivir más armónico. En vez de ver lo de fondo, hoy estamos abocados a discutir sobre la violencia.