La trama que fabricó Rivera para ocultar la deuda

Publicado en marzo 22, 2018  en La Info  por José Hernández

El Consejo de Participación Ciudadana de transición desempolvó ayer a Patricio Rivera. El actual Superintendente de Economía Popular y Solidaria, debe cesar en su cargo por haber comenzado a cumplir sus funciones 235 días después de haber sido posesionado. Rivera tiene hasta el 29 de marzo para defenderse; día en que presumiblemente dejará ese cargo.

El ex ministro de Economía de Rafael Correa tiene algunos problemas. Él figura, por ejemplo, entre los funcionarios que deben responder por el manejo de la deuda que investigó la Contraloría y cuyo borrador fue leído la semana pasada. Rivera es el responsable de tres resoluciones ministeriales que, en 2010, declararon Secretos y reservados todos los actos administrativos, contratos, convenios o documentos vinculados con financiamiento público. El correísmo perseguía, mediante estas resoluciones, dos cosas: ocultar toda la información sobre la deuda pública hasta el pago total del capital, de la amortización y de sus costos financieros. Y ponerse a buen recaudo de la tarea fiscalizadora de la Contraloría que no puede determinar responsabilidades después de siete años del acto investigado.

Las resoluciones firmadas por Patricio Rivera son piezas que merecen figurar en cualquier novela de realismo mágico. El ex ministro de Correa escondió la deuda pública tras un manto que fabricó en tres tiempos.

Lea aquí las tres resoluciones ministeriales de 2010

El 27 de abril de 2010, en su primera resolución, declaró secretos y reservados los actos administrativos y la documentación vinculada con financiamiento público. En la segunda resolución, fechada el 27 de octubre del mismo año, sumó las contrataciones y documentación vinculada al endeudamiento público “que permitan decidir si es conveniente a los intereses de la República” (…) hasta que las operaciones culminen. Cinco días después, el 1 de noviembre, Rivera firmó la tercera resolución, destinada a completar el segundo artículo de la segunda resolución. Dentro del carácter secreto y reservado que dio a las operaciones de empréstito público, incluyó aquellas que celebró su ministerio con los organismos multilaterales.

Patricio Rivera, ventrílocuo de Correa, creó de esa manera, una legislación destinada a ocultar al país sus movidas para contraer deuda y escudarse tras ella para evadir los controles institucionales. Desde ese año y basados en esas tres resoluciones creadas al margen de la Constitución y la ley, el correísmo pudo encubrir montos, condiciones, plazos, destino y uso de las deuda contraída por su gobierno.

Este hecho escandaloso lo hizo Patricio Rivera –y el correísmo en general– sabiendo que le estaban torciendo el cuello a la Constitución, a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas… que están, además, debidamente citados en sus considerandos. En este punto, las tres resoluciones son, en su integralidad, muestras inapelables del cinismo más craso usado por un ministro, funcional a un partido, para violentar el espíritu y la letra de la legislación.

Rivera, para encubrir sus actividades, cita la Constitución (art. 261) donde se lee que “no existirá reserva de información excepto en casos expresamente prohibidos por la ley”. Cita el art. 289 donde se lee que “el Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público”. Cita la Ley Orgánica de transparencia Fiscal donde se lee (art. 12) que los contratos o convenios de financiamiento, reestructuración, recompra o canje de deuda pública tendrán el carácter de reservado y secreto solamente hasta que termine la operación. “Inmediatamente después, toda la información será publicada”. Y de todo eso concluye que sus actividades concernientes a la contratación de deuda pública debe ser secreta y reservada –al igual que toda la documentación– hasta concluir el pago de la deuda, la amortización y los intereses. Es decir, durante los años que tarden los emprésticos.

Rivera no solo tuerce el espíritu y la letra de la Constitución y demás leyes y códigos que regulan su actividad. Hace algo surrealista. Como lee en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que ese derecho no procede sino en dos casos (documentos calificados por el Consejo de Seguridad Nacional y aquellas informaciones establecidas como reservadas por leyes), erige sus resoluciones en marco normativo único y lo hace prevalecer (con la venia interesada de Correa) por encima de la Constitución y las leyes vigentes.

Así Patricio Rivera, quien repetía a la línea a Correa, como él miraba por encima del hombro a críticos y se burlaba de los economistas ortodoxos, endeudó al país en forma inmisericorde. Ahora está a punto de perder su trabajo y tener que responder por sus ilegalidades ante la Justicia.