Entrevista
¿Cuántos casos de
criminalizacion de la protesta social registra este comité?
Son cerca de 45 casos de defensores del agua, líderes
sociales, actores políticos de izquierda, periodistas, gente que supuestamente
ha participado en el 30-S y que ha sido juzgada y sentenciada por delitos de
desestabilización del Estado. Y con las figuras de sabotaje y terrorismo que
estipula en anterior Código Penal y que se ratifica en el que aprobó la
Asamblea Nacional hace poco.
¿En qué se basaron para
formar el Comité de Familiares de Perseguidos Políticos? ¿De quién nació la
iniciativa?
Hay varios comités que se han formado. Las familias se han
juntado conforme van apareciendo los casos. Yo soy el coordinador de familias
de los 10 de Luluncoto. Pero también hubo casos como los jóvenes del Central
Técnico, y ellos se unieron también para ver abogados, armar las estrategias o
pedir al Gobierno que no los acuse. Hay un conjunto de organizaciones que han
surgido frente a la realidad de tener familiares presos, sentenciados y
perseguidos por el Estado. Ahora, con el tema de Cléver Jiménez, aparecen más familias
afectadas. Eso ha obligado a que los familiares se junten para tomar acciones
con los familiares y otras personas
interesadas en coadyuvar para mostrar a la luz pública todas las acciones de
daños psicológico, físico, humano y material que eso ha causado.
¿Cómo fue el proceso de
coordinación con las familias y el llamado
a conformar el comité?
Hicimos una acción con los 10 de Luluncoto que tuvo
trascendencia. Desde ahí nos hemos juntado con las otras familias afectadas
para hablar del tema de criminalización. En momentos como este, en el que hay
otros tres sentenciados, hablamos vía telefónica con otros afectados a nivel
nacional para organizar estas acciones de solidaridad y crear un impacto en la
opinión pública.
¿Son suficientes las
acciones de solidaridad?
El objetivo es visibilizar por medio de las familias que hay
un proceso sistemático de criminalización y persecución política que se ejerce
desde el Régimen y que es necesario analizar. También es hacer un llamado a que
el pueblo reaccione, resista, se levante y no se someta a todo este proceso.
¿Cuál va a ser el
mecanismo para lograr que eso pase?
En esta ocasión hemos invitado a Raúl Moscoso, miembro del Tribunal de
Justicia que se realizó en septiembre, en el que se conocieron los casos.
También a Juan Pablo Pozo, docente, quien analizará, alrededor del caso
Jiménez, todo el proceso de violación de derechos humanos.
¿Han pensado emprender
acciones conjuntas contra el Estado en estos casos?
No nos hemos propuesto otro tipo de acciones porque eso
requiere tiempo. La gente vive muy lejos y no podemos estar en reuniones
regulares. Pero, cada vez que se principaliza un caso de criminalización,
tratamos de hacer alguna actividad, para no permitir que el Gobierno cumpla su
objetivo de que se apague la memoria del pueblo en estos temas. Se preparan
eventos en otras provincias por casos similares. (LAC)
La protesta social se
analiza en un foro
Ayer, en el Paraninfo Che Guevara de la Universidad Central
del Ecuador, se realizó el primer conversatorio "Cléver Jiménez:
criminalización y protesta social". El encuentro estuvo organizado por
Ramiro Vinueza y Bladimir Andocilla, coordinadores del Comité de Familiares de
Perseguidos Políticos en Quito.
Al evento asistieron como ponentes Raúl Moscoso y Ramiro
Romás, quienes se encargaron de analizar el caso de Cléver Jiménez. Para contar
los testimonios sobre lo que implica tener un familiar que sea perseguido
político, acudieron los familiares de los tres detenidos del Cotopaxi. Al
encuentro también acudió Julio César Sarango, abogado de Cléver Jiménez.
El comité no descartó realizar conversatorios similares en
otras provincias, como Manabí, por el caso de Mery Zamora, y Santo Domingo de
los Tsáchilas, por el caso de Rosaura Bastidas, Ella está siendo procesada por
delito de desestabilización del Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario