jueves, 17 de abril de 2014

Alarmas por la libertad de expresión



Análisis de Hoy  
El último informe que emitió la Sociedad Interamericana de Prensa, producto de su última convención realizada en Barbados, trae conclusiones que son alarmantes para un importante número de países en la región, en lo que respecta a la vigencia de derechos fundamentales como la libertad de expresión. La SIP sostiene que en Ecuador, la Ley de Comunicación creó la Superintendencia de Información y Comunicación que ya ha aplicado varias multas a los medios imponiendo un nuevo tipo de censura que coarta su capacidad operativa. Todo esto pese a que en la Corte Constitucional reposan tres demandas de inconstitucionalidad de las que aún no existe un pronunciamiento de dicha Corte.  Aun así, los castigos provenientes de esta Superintendencia van en aumento y los pedidos de disculpas, multas y demás sanciones se van volviendo comunes por un sistema que amedrenta el libre trabajo de los medios de comunicación. 

La SIP puso especial atención al acoso judicial contra medios y periodistas principalmente en Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú y Brasil con demandas civiles y criminales “en especial interpuestas por funcionarios públicos en represalia por denuncias sobre corrupción”, expresan.
A eso se agrega la falta de transparencia y acceso a la información pública “que sigue siendo la norma en Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, donde algunos gobiernos mantienen el secretismo absoluto pese a la vigencia en sus países de leyes de Acceso a la Información Pública que obliga al Estado a divulgar sus actividades”. En Argentina, Ecuador y Nicaragua “los gobiernos siguen ampliando el número de medios que se utilizan para hacer propaganda”, dijeron los delegados de la SIP que acudieron a la cita en Barbados.
En el caso de Ecuador tenemos que reconocer, desafortunadamente, que el diagnóstico expuesto se acerca fehacientemente a la realidad. Y aunque es muy conocida la posición del Gobierno de desacreditar cualquier pronunciamiento que emita la SIP, estos siempre son importantes porque provienen de los representantes de medios de comunicación independientes, que no están sometidos a los designios de sus respectivos gobiernos, sino que obedecen, principalmente, a sus audiencias, que son finalmente los ciudadanos que resultan ser los afectados por no tener acceso a una información libre y que goce de todas las garantías por parte de un Estado llamado a dárselas.
El Gobierno no podrá, por siempre, desoír las cada vez más numerosas voces que critican sus prácticas que promueven la autocensura y la ausencia de la libertad  de expresión. La descalificación permanente, tiene tiempo de caducidad, sobre todo a nivel internacional.

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