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La ciudadanía reclama una democracia incluyente que siente las bases de una organización social, solidaria, donde se produzcan procesos de investigación rigurosa y creativa, pero sobre todo de manera ética y coherente con nuevas prioridades colectivas basadas en la autonomía la capacidad de diálogos y acuerdos equilibrados.
Los personeros municipales habida cuenta que vienen de un proceso de elección popular, tienen que abandonar estilos de “arrogancia y prepotencia”, que muestran ineptitud e insensibilidad al momento de enfrentar las crisis de índole política, económica, social y ambiental, para acceder a la responsabilidad compartida y consciente de que los mejores espacios son los diálogos, aprendizajes y la gobernabilidad de doble vía o retroalimentación. Frente al problema que salpica a la sociedad ecuatoriana, como es la corrupción, los aspirantes a la función pública deben comprometerse a ganar la confianza de la ciudadanía para una acción gubernamental que tenga en su base la ética y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Para garantizar una administración pública ágil y eficiente, la agrupación política, en caso de ser favorecida por el voto de los azuayos, debe asumir el compromiso de eliminar los gastos innecesarios y las cuotas burocráticas del clientelismo político. Una de las prioridades de quienes resulten electos, tiene que ver con la realización de auditorías públicas de los contratos y proyectos ejecutados por el gobierno local. Esta acción requiere de actitudes políticas decididas e inclaudicables para trasparentar toda la acción de gobernanza municipal, fortaleciendo las instancias de veeduría ciudadana. Un aspecto importante tiene que ver con el respeto a la interculturalidad, adoptando medidas para la plena vigencia de los derechos ciudadanos en el marco de la diversidad de actores sociales propendiendo al diálogo y armonía en un ambiente de paz, intercambio cultural y reciprocidad. En relación al derecho de las mujeres, se debe adoptar una perspectiva de género que permita eliminar toda forma de discriminación que persista, especialmente la discriminación laboral, la desigualdad salarial para las mujeres y jóvenes; adoptando medidas para eliminar el sexismo, la violencia de género, mejorando su acceso a la salud sexual y reproductiva. Los derechos de la Naturaleza Un aspecto importante en la gobernabilidad local y provincial es exigir el respeto a los Derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución de la República, como una base indispensable para la realización del Vivir Mejor, que se sustente en relaciones armónicas entre los seres humanos y la Madre Naturaleza. También se hace necesario promover, mediante proyectos y programas la restauración de los ecosistemas de los suelos empobrecidos, de las aguas contaminadas en los cantones de la provincia de tal manera que el Vivir Mejor sea posible tanto a nivel rural como urbano. Se deberán respetar las diversas prohibiciones y restricciones constitucionales que garantizan los Derechos de la Naturaleza e impidan la introducción de transgénicos y contaminantes orgánicos persistentes, desechos tóxicos, así como las actividades extractivas en áreas protegidas, sumándonos a la decisión del pueblo ecuatoriano durante la consulta popular de febrero de este año: “Ecuador País Libre de Minería Metálica”. En el caso de nuestra provincia se debe apoyar la resolución del Alcaldía de Cuenca y del Gobierno Provincial del Azuay, que declaran como territorios libre del Extractivismo Minero. En este caso exigiendo al Gobierno Central la expulsión de la empresa minera china-ecuatoriana Junefield Resources Ecuador, ubicada en Molleturo, Rio Blanco, conforme sentencia de la Corte de Justicia del Azuay, así como impedir la extracción minera en “Loma Larga”, Kimsacocha Propender al turismo comunitario como un ejemplo de generación de empleo y equidad mucho más potente que cualquier actividad extractivista, sobre la base de la equidad social y sustentabilidad ambiental, favoreciendo a los medianos y pequeños emprendimientos en las comunidades rurales. La provincia del Azuay, cuenta con grandes potencialidades como bosques primarios, flora y fauna, culturas milenarias, bioconocimientos, suelos ricos, agrodiversidad, sitios arqueológicos, museos, balnearios, ríos, piscinas, gastronomía, potencialidades productivas compatibles con la defensa de los Derechos de la Naturaleza, que deberían ser impulsadas en un plan integral de desarrollo. Los mandatos constitucionales a favor de las Áreas Naturales Protegidas, serán de estricto cumplimiento, así como la protección de la biodiversidad. Asimismo se deberán crear incentivos y programas para prevenir la contaminación del agua y la desertificación. Soberanía Alimentaria La soberanía alimentaria será un pilar fundamental que se sustentará en el derecho que tienen los agricultores a controlar la agricultura y los consumidores a controlar su alimentación. Por lo tanto la atención deberá dirigirse a dar a la alimentación el trato de derecho humano de todo ciudadano y ciudadana. Se deberá fomentar el cultivo ético de la tierra que desprivatice el agua asegurando la gestión social del riego, que establezca adecuados mecanismos de crédito, que fomente tecnologías apropiadas con el medio, que fortalezca los sistemas de transporte y mercados justos. Se promoverá la reforestación y cuidado de cuencas hidrográficas mediante tecnologías apropiadas e industrias locales, el fortalecimiento de las economías de las personas, las comunas y los pueblos y avanzar en la reparación ambiental y recuperación ecológica de los suelos, el control de las vertientes, la producción sustentable y los precios justos. Bienes culturales patrimoniales. Evaluar el cumplimiento de las obras planificadas, por los gobiernos locales en el actual período, en torno a los proyectos Cinturón Verde, en forma ordenada y que se respete su hábitat: parques, construcción de viviendas, tratamiento de agua potable de Tixán, mercado 12 de abril, plaza San Francisco y el emblemático proyecto de Tranvía, así como el asfalto y mantenimiento de las vías de la ciudad. Promover el rescate y revalorización del patrimonio tangible e intangible de la ciudad, poniendo en práctica la recuperación de los Bienes Culturales Patrimoniales (BCP), dotándoles de seguridad aquellos que se encuentran en situación de riesgo inminente. (Revista “El Observador”). |
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