El día de ayer se hizo pública una declaración juramentada en la que se manifiesta que, mientras se desempeñó como asambleísta, la ahora vicepresidenta de la república también fue parte del entramado de entrega de dinero a cambio de plazas de trabajo en la legislatura. Este hecho no debe llamar demasiado la atención pues es un secreto a voces que esa práctica y otras más sofisticadas han sido parte de la cotidianeidad del Poder Legislativo ecuatoriano desde hace varias décadas. Tampoco debería sorprender que en el corto plazo este escándalo de corrupción sea sustituido por otro que, con mayores ribetes, aderezos y proporciones, nos lleve al olvido selectivo tan propio de nuestra sociedad. En fin, palabras más, palabras menos, pronto vendrán las declaraciones oficiales en el sentido de que las entidades de control político y judicial iniciarán las acciones del caso y que hay la promesa de “llegar hasta las últimas consecuencias”.
Más allá de este desolador panorama, los depósitos de la vicepresidenta de la república se prestan para un análisis más incisivo. En primer lugar, la declaración juramentada aparece a los pocos días de la crisis de gabinete ministerial y el consiguiente anuncio de cambios en la correlación de fuerzas políticas al interior del gobierno. Esto no es casual. La declaración juramentada está fechada al 26 de octubre pero se la hace público exactamente un mes después. Tras de ello hay un mensaje claro. Si bien el Presidente puede solicitar las renuncias a sus ministros y así reacomodar el escenario del 2019, no puede hacer lo propio respecto a la vicepresidenta. Por ello, más allá de limitarla en cuanto a sus atribuciones y radio de acción, tal cual lo hizo Correa con el propio Moreno, la denuncia presentada va a aplacar las ambiciones del ala altiva y soberana para mantener espacios de poder en el gobierno.
Independientemente de quien haya ideado esta maniobra política, lo que no implica decir que no sea veraz la información, lo cierto es que la Vicepresidenta ahora tiene menor margen de acción política. De hecho, la posibilidad de que sea sometida a enjuiciamiento político o eventualmente a procesos judiciales serán, al menos por algún tiempo, las cartas con las que el gobierno buscará neutralizarla. En un escenario político como el actual, en el que a la vez que se incrementan los actores incluidos en los procesos de negociación disminuyen los espacios para satisfacer las demandas planteadas, mantener en reposo al ala correísta más recalcitrante debe generar cierto alivio al gobierno. Adicionalmente, lo ocurrido reduce la capacidad de incidencia de la vicepresidenta y su grupo sobre las candidaturas a los gobiernos seccionales.
En definitiva, la declaración juramentada de don Ángel Polibio, guardada en debida forma y hecha pública en el mejor momento, no hace sino desnudar las debilidades que los grupos mafiosos tienen una vez que el líder pierde las riendas sobre la asignación de beneficios materiales y simbólicos. Aquí no hay buenos ni malos. Tampoco hay vencedores ni vencidos. Aquí hay disputas por el control de lo que queda de la maquinaria de corrupción y abuso generada durante una década. Ahora le tocó el turno a la Vicepresidenta, mañana será cualquier otro. Hasta tanto, el gobierno tiene un respiro y un mayor margen de maniobra. Ahora más que nunca es el mejor momento para recordar a Velasco Ibarra y su célebre “el vicepresidente es un conspirador a sueldo”. Pensando en Moreno, Correa dirá que no hay verdad más nítida. Pensando en Vicuña… habrá que ver qué dice Moreno.
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