La renuncia del Fiscal General del Estado, Paúl Pérez Reina no fue una sorpresa. Antes de su viaje a China, se sabía que quería dejar su cargo e incluso había esperado ir a la Corte Constitucional. No solo había malestar de su lado sino un evidente vacío de poder en la Fiscalía General del Estado.
Las causas de su renuncia resultaron tan curiosos como la renuncia misma. Julio César Trujillo, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, habló de motivos personales. Del deseo de Pérez Reina de estar cerca de su familia, en Ibarra. La Fiscalía lo corrigió sin citarlo y aclaró que el Fiscal no renunció por motivos personales ni familiares sino por motivos institucionales. La carta de renuncia del Fiscal, encriptada a primera vista, enredó aún más la situación. En ella dice que la Fiscalía se encuentra desarrollando un programa para mejorar su capacidad para combatir el narcotráfico, que deben designar a un servidor de la carrera fiscal que haya superado las pruebas integrales de confianza y que tenga una dedicación exclusiva. Y que por esa necesidad institucional, presenta su renuncia irrevocable al cargo que le confió, en mayo pasado, el Consejo de Participación Ciudadana.
Hasta ahí, todo luce incomprensible. Tan incomprensible como que Pérez Reina haya hecho un viaje a China horas antes de su renuncia, en el cual entregó el proyecto de Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal que firmará el Presidente Moreno en su viaje a China, del 10 al 15 de diciembre. La urgencia de este viaje estaba, al parecer, en el Ejecutivo.
La carta de renuncia del Fiscal tomó sentido, cuando se supo que la persona de confianza y dedicación exclusiva para un trabajo en una agencia internacional es él. Y que esa agencia muy seguramente es la DEA.
¿Por qué el Fiscal General deja de esa forma el cargo que ostenta desde inicios de Mayo pasado, tras la censura y destitución de Carlos Vaca Mancheno por parte de la Asamblea Nacional? Precisamente porque se trata de un encargo que le hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Durante su período enjuició a Rafael Correa por ordenar el secuestro de Fernando Balda; acusación que la jueza Daniella Camacho sustentó en su fallo. El problema del fiscal no era de legalidad, aunque Correa y los suyos han insistido en la peculiaridad de su situación para argumentar supuestas ilegalidades en sus casos. Y esa peculiaridad se deriva precisamente de la transición constitucional que lleva adelante el Consejo de Transición dirigido por Julio César Trujillo. El problema del Fiscal fue de blindaje y de autoridad.
Blindaje porque el encargo lo puso ante un dilema personal shakesperiano: tener que abrir o instruir los grandes casos de delincuencia (ya sea del correísmo u otros) pero sabiendo que, a los pocos meses, se quedaría en el aire. En ese caso, las sensaciones de peligro y posterior desprotección son altas.
El problema de autoridad lo otorga el mismo estatus de encargado o transitorio. Esto lo inhabilita en una institución en la que se está jugando la posibilidad de que, al fin, corruptos y demás delincuentes de todo pelaje no queden impunes. Pérez Reina ni siquiera intentó cambiar la estructura en la Fiscalía, en la cual funcionan redes de poder insospechadas por los ciudadanos de a pie. Tampoco lo hará la actual Fiscal General Subrogante, Ruth Palacios en los apenas dos meses que estará en el cargo.
El problema de autoridad lo otorga el mismo estatus de encargado o transitorio. Esto lo inhabilita en una institución en la que se está jugando la posibilidad de que, al fin, corruptos y demás delincuentes de todo pelaje no queden impunes. Pérez Reina ni siquiera intentó cambiar la estructura en la Fiscalía, en la cual funcionan redes de poder insospechadas por los ciudadanos de a pie. Tampoco lo hará la actual Fiscal General Subrogante, Ruth Palacios en los apenas dos meses que estará en el cargo.
Esto habla de una realidad de la cual el país no es consciente: la institución clave en este momento, porque es la que tiene que instruir todos los casos de delincuencia, está a la deriva. En manos de los grupos de poder que arreglan casos en silencio, lejos de las cámaras que los siguieron en la Contraloría, la Asamblea, la Procuraduría o el Ejecutivo. El aparato de la Fiscalía que dejó armado el correísmo está prácticamente intacto en el país.
Pérez Reina después de haber empezado con fuerza y convicción se pasmó. Muchos han analizado su caso, señalando su personalidad. Puede ser. Pero el hecho cierto es que el Fiscal General, para la tarea que tiene por delante, requiere condiciones de estabilidad, seguridad y apoyo institucional. E incluso reformas (no informe previo de la Contraloría para actuar y que las acciones de control que, por ley, deben hacerse hasta los 7 años, excedan ese plazo…). Sin esos cambios, un titular y un debido monitoreo de su gestión, la Fiscalía seguirá siendo tierra de nadie. Y la impunidad será el mejor caldo de cultivo para corruptos y otros delincuentes.
Foto de la Asamblea Nacional: Paúl Pérez Reina, Fiscal General Encargado, renunció.
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