viernes, 30 de noviembre de 2018

María Alejandra Vicuña recibió depósitos de otra asesora en su cuenta bancaria



29 noviembre, 2018
Además de los pagos de su exasesor Ángel Sagbay, en la cuenta corriente de la vicepresidenta Alejandra Vicuña también hay más desembolsos de otra de sus excolaboradoras. Se trata de Karla Obando, quien le depositó en total 14.650 dólares en el Banco de Machala, mientras Vicuña era asambleísta. Desde 2008, las transferencias y depósitos a su cuenta suman 400 mil dólares. La mandataria sostiene que los pagos de sus subalternos fueron voluntarios para su movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). El pleno de la Asamblea le pidió su renuncia.
Por Arturo Torres R.
No fueron los únicos pagos. La cuenta bancaria de la entonces asambleísta María Alejandra Vicuña no solo recibió depósitos de quien era su colaborador, Ángel Sagbay. Otra asesora del despacho, Karla Obando Ortiz, también depositó dinero en la cuenta personal de Vicuña.
Registros del sistema financiero, a los que accedió Código Vidrio, revelan que Obando Ortiz realizó depósitos por 14.650 dólares en la cuenta corriente 1070535218 del Banco de Machala, perteneciente a la hoy Vicepresidenta. Para la fecha, Obando ostentaba el cargo de asesora de nivel 2, en el despacho de Vicuña, quien entonces era asambleísta de Alianza País.
Obando fue servidora judicial. Se desvinculó para enrolarse en la Asamblea. Para fines de 2012 ya apoyaba a Vicuña quien por esos días buscaba su reelección como asambleísta. A inicios de 2013, Obando se declaraba firme defensora de la Revolución Ciudadana, y en particular, admiradora del entonces presidente Rafael Correa. Tuvo oportunidad de conocerlo personalmente en febrero de ese año.
La carrera de Vicuña tuvo un giro inesperado a fines de 2017. Jorge Glas salió de la Vicepresidencia de la República y ella encabezó la terna para su reemplazo, dejando atrás ocho años como legisladora. En tanto, Obando volvió a la función judicial, esta vez para ocupar un cargo administrativo en el departamento Jurídico del Consejo de la Judicatura.
La cuenta de Vicuña en la entidad bancaria registra en total 1,2 millones de dólares en movimientos. Desde 2008 las transferencias y depósitos suman 400 mil dólares. En ese valor se incluyen los ingresos que recibió por concepto de salarios en el sector público, al que está enrolada desde 2007. Entre 2009 y 2017, Vicuña fue asambleísta por la coalición ABA-Alianza País.
En los documentos que forman parte de la investigación previa, se detectan transferencias de ordenantes no identificados en 2009 y en 2011. Ambas suman 26 mil dólares.
“Yo era la responsable de recaudar para ABA (Alianza Bolivariana Alfarista) las contribuciones de los militantes”, admitió la Vicepresidenta Vicuña, esta mañana del jueves 29 de noviembre en una entrevista en Radio Majestad. Aclaró que estos aportes no deben ser satanizados, pues “no son ilegales ni ilegítimos”. Son contribuciones voluntarias de los militantes, “sin las cuales el movimiento no podría subsistir”.
Pedimos la versión de la Vicepresidenta a la Dirección de Comunicación para que comentara sobre los pagos de Obando y el manejo de los recursos de ABA en sus cuentas personales. Personal de esa Dirección indicó que Vicuña ya había explicado en la radio el porqué de los depósitos de los militantes en su cuenta. También buscamos el pronunciamiento de Obando para que confirmara el motivo de los depósitos. Contestó su celular pero dijo que atendería nuestro requerimiento de entrevista este viernes, pues tenía que atender un problema familiar.
A diferencia de Alianza País, un movimiento político reconocido legalmente y que recibe fondos partidarios del erario público, Alianza Bolivariana Alfarista es una organización de hecho. Por tanto, no tiene personería jurídica, ni cuentas bancarias a su nombre. Así, Vicuña justificó haber recibido los pagos en su cuenta personal para la organización política que creó su padre, Leonardo Vicuña, cercano a Rafael Correa, expresidente del directorio del Banco del Pacífico.
En su declaración de bienes Vicuña también registra una cuenta en el Banco Bolivariano. Toda esta información forma parte de la investigación previa que la Fiscal Ruth Palacios aperturó para confirmar la posible comisión de delitos. Esto, tras la denuncia periodística que difundió Teleamazonas el último martes de noviembre, con base en la declaración notarizada del exasesor Ángel Sagbay.
El denunciante aseguró que cuando trabajaba en el despacho de Vicuña en la Asamblea, fue obligado a contribuir parte de su sueldo, mediante depósitos a la cuenta personal de la entonces legisladora. Sagbay aportó con 20.600 dólares a la cuenta de Vicuña, según los registros bancarios entre 2011 y 2016.
El 13 de noviembre, el Pleno destituyó a las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo. Espín había visitado en la cárcel de mujeres a una persona vinculada con el caso Balda. Según la denuncia en su contra, le pidió alterar su versión a cambio de protección. Antes de iniciarse la votación de los legisladores para decidir la destitución de Espín, ella se acercó a la curul de su coidearia Ximena Peña con un documento en la mano. Imágenes del noticiero Ecuavisa dan cuenta de que lo que exhibía era la declaración juramentada del exasesor Sagbay, respecto a los pagos a la Vicepresidenta.
Vallejo fue removida por cobros indebidos a sus asesores, luego de que se volviera viral en redes sociales un audio en el que se le escuchaba pedir dinero a sus subalternos.
Según el informe de la Comisión legislativa que estudió las denuncias, se demostró que la asambleísta gestionó un cargo público en favor de Martín Campos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Campos, precisamente, denunció a Vallejo por cobros indebidos y adicionalmente dijo que ella le ofreció un cargo en el IESS.
Vicuña se defiende y dice que no renunciará
Vicuña se defiende. En conferencia de prensa el último miércoles de noviembre, sin preguntas de los asistentes, aseguró que se trata de la retaliación de un excolaborador que intentó pedir cargos públicos. Después, culpó al exlegislador Andrés Páez y a los correístas de crear un ambiente de confusión para atacar al gobierno actual. Afirmó tener como prueba la captura de un chat del 10 de septiembre, en el cual el denunciante planifica el supuesto complot.
Explicó que Sagbay propuso ser promovido del cargo de asistente 1 a la función de asesor 1, con un mayor sueldo. Eso habría implicado el pago de 1.400 dólares mensuales a la organización política. Según la Vicepresidenta, fue una contribución voluntaria. Antes de ser ascendido, mientras fue asistente, Sagbay entregaba como diezmo unos 200 dólares mensuales a Vicuña.
La Vicepresidenta dijo que no renunciará ni pedirá licencia para defenderse del proceso judicial en la Fiscalía. Mientras tanto, con 77 votos, la Asamblea Nacional resolvió pedir su renuncia este jueves en la noche.
El presidente Moreno, de su lado, afirmó que la justicia tiene independencia para investigar este caso. Alianza PAÍS, basada en el artículo 339 del Código de la Democracia, estaba facultada para pedir un porcentaje de sus sueldos a los servidores públicos militantes. Para ello, debía cumplirse una formalidad: las contribuciones y aportes debían quedar registrados en un comprobante de la organización política. Pero todo indica que la práctica degeneró en el cobro de diezmos para beneficio personal a todo nivel.
Esto fue revelado en febrero de este año por Revista Vistazo. En ese reportaje, los exasambleístas Christian Viteri y Osvaldo Larriva explicaron que cada despacho debía contribuir obligatoriamente con 400 dólares mensuales para el movimiento. El propio presidente Correa habría estado a cargo de hacer seguimiento a esas contribuciones. Si bien Viteri y Larriva dejaron en claro que ellos cubrían con el aporte, mencionaron que Correa sugería que quienes hicieran esos pagos fueran los subalternos, asesores y asistentes de cada legislador. En la práctica ellos cubrieron esa obligación.
Entre 2013 y 2017, Alianza País tuvo 100 legisladores. Por tanto, cada mes solo la Legislatura contribuía con 40 mil dólares para el funcionamiento de esa organización política. Unos 480.000 dólares al año, cerca de 2 millones de dólares en el período legislativo 2013-2017.

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