La economía política ecuatoriana sigue dando vueltas alrededor del mismo eje: adaptar el pacto social, según el cual las rentas del extractivismo petrolero son distribuidas entre múltiples clientelas, a los ciclos de los commodities. El régimen de Lenín Moreno no es una excepción. Hoy, calibra la asignación de rentas ante una disminución de los ingresos petroleros. Se trata de una respuesta que no sacará al Ecuador de su círculo vicioso. El problema es que el Presidente cree, en el fondo, en la legitimidad del pacto extractivista-clientelar. La tarea es más bien imaginar un nuevo pacto social y lograr su aceptación. Este nuevo pacto social debe rechazar el rentismo como quieren los liberales; pero también el extractivismo como proponen los ecologistas. Si no se ataca el problema por ambos lados de la ecuación, el pacto extractivista/clientelar no va a ser sustituido por uno que se proyecte al futuro. Al mantener el extractivismo, con cada escalada del precio de petróleo, se regenerará el vicioso pacto.
Para entender el atolladero en que está Ecuador, hay que remontarse, no al correísmo, sino a la dictadura militar de los años 70. Esta buscaba una nación cohesionada al amparo de un Estado integrador. El proyecto “nacionalista revolucionario” era la respuesta a la excluyente república oligárquica heredada del siglo XIX y a un potencial escenario de revolución izquierdista. El recientemente descubierto petróleo se convirtió en el lubricante del engranaje entre los distintos sectores sociales anteriormente incomunicados. A cada grupo se le asignaba una cuota de la renta petrolera. A los nuevos empresarios, contratos de construcción y créditos blandos; a la clase media, educación superior gratuita y abundante empleo en el Estado; a los trabajadores formales, seguro social y alzas salariales obligatorias; y a los marginales urbanos, subsidios en los servicios públicos. No se trataba de un proyecto equitativo sino uno que ratificaba, mediante la corrupción, las desigualdades. La devastación del nororiente, a espaldas de la colectividad, hacía funcionar este ineficiente mecanismo social.
Cuando los precios del petróleo cayeron en los años 80, no se desechó realmente el pacto. Simplemente se adaptó a menores ingresos petroleros. La asignación de rentas se mantuvo, pero estas se licuaron con las devaluaciones y el deterioro de los servicios públicos. La escasez de ingresos petroleros provocó, a su vez, conflictividad en un contexto democrático. Los beneficiarios del pacto pugnaban, a través de los partidos, por mantener su acceso a rentas. Algunos pensaron que como el pacto dependía del gasto deficitario basado en la emisión monetaria inorgánica, la dolarización pondría fin al mismo. Pero precisamente cuando el país se estaba adaptando a la nueva disciplina impuesta por el dólar, los precios del petróleo escalaron bajo el impulso de la demanda China y el pacto clientelar/extractivista se revitalizó bajo el gobierno de Correa.
Con el nuevo torrente de petro-dólares, el pacto clientelar/extractivista, se disfrazó de una nueva revolución. Era el mismo pacto, aunque potenciado. El gobierno de Correa escaló el gasto público, enriqueciendo a elites que se volcaron a la contratación pública corrupta o simplemente se beneficiaban de una inflada demanda agregada; la clase media funcionaria vio cómo sus ingresos, ahora en moneda fuerte, superaban aquellos del sector privado; y los sectores populares, se beneficiaron del “salario digno”. Nuevamente, el impacto en las desigualdades reales era muy limitado, a pesar de la risible retórica guevarista. Cuando los compromisos rentistas comenzaron a exceder los ingresos, el gobierno de Correa se endeudó, por un lado y, por otro, optó por ampliar la frontera extractivista. La explotación del ITT se convirtió en la clave para mantener el pacto extractivista/clientelar.
Lenín Moreno no ha hecho más que nuevamente adaptar este pacto a ingresos petroleros menores. Ha reducido un poco el empleo estatal, y mínimamente los subsidios; y ha reemplazado los contratos de obra pública con las exenciones tributarias para sus nuevos aliados bajo la retórica de las alianzas público-privadas. Como era de esperar, está desesperado por seguir ampliando la frontera extractivista. Lenín Moreno es probablemente incapaz de re-imaginar el pacto social; su vago plan de “toda una vida” es una versión empobrecida de lo mismo. Si realmente quisiera abordar el embrollo del Ecuador, propondría un nuevo pacto, dirigido especialmente a los jóvenes, que combinaría un entorno propicio al emprendimiento con el respeto a la biodiversidad: un Ecuador doblemente sustentable.
Carlos Espinosa es profesor/investigador de Historia y Relaciones Internacionales en la USFQ.
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