Redacción Política
El fantasma de los “diezmos” volvió a rondar en las instituciones del Estado. Esta vez, la acusada de un supuesto cobro indebido es la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña.
La acusación en contra de la Vicepresidenta por presuntamente pedir contribuciones económicas a un exasesor, entre el 2011 y 2013, se analiza en dos frentes: judicial y político.
Todo el revuelo se avivó el lunes, tras conocerse la declaración juramentada de Ángel Polivio Sagbay, exasesor de Vicuña en su primer período de asambleísta por Guayas. En el documento, Sagbay afirmó que Vicuña le habría pedido colaboraciones económicas para mantenerlo en el cargo. Los montos recaudados iban presuntamente a la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), agrupación en la que milita Vicuña.
La Vicepresidenta salió al paso para defenderse y tildó a la acusación como una “infamia que deberá resolverse en el ámbito judicial”.
Ayer mismo, antes del mediodía, la fiscal General encargada, Ruth Palacios, anunció que la institución actuaría de oficio.
Todo el revuelo se avivó el lunes, tras conocerse la declaración juramentada de Ángel Polivio Sagbay, exasesor de Vicuña en su primer período de asambleísta por Guayas. En el documento, Sagbay afirmó que Vicuña le habría pedido colaboraciones económicas para mantenerlo en el cargo. Los montos recaudados iban presuntamente a la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), agrupación en la que milita Vicuña.
La Vicepresidenta salió al paso para defenderse y tildó a la acusación como una “infamia que deberá resolverse en el ámbito judicial”.
Ayer mismo, antes del mediodía, la fiscal General encargada, Ruth Palacios, anunció que la institución actuaría de oficio.
“Creemos que tenemos la obligación de iniciar una investigación previa. Está dentro de nuestras obligaciones como Fiscalía”.
Ayer por la tarde, el exasambleísta de Creo, Andrés Páez, oficializó una denuncia en contra de la segunda mandataria por presunto “cobro de diezmos”.
“Estoy solicitando en esta denuncia que se recaben de los respectivos bancos la información relacionada con los depósitos realizados por el declarante”, acotó Páez.
En su declaración juramentada emitida ante la notaria María Portilla Bastidas, de la Notaría Décima Tercera de Quito, Sagbay sostiene que trabajó en el despacho de Vicuña entre el 1 de junio del 2011 hasta el 31 de mayo del 2012.
En ese lapso, habría depositado USD 300 en la cuenta corriente que ella tenía en un banco de El Oro. “Durante doce meses me tocaba depositar. Esta contribución me fue solicitada directamente por la exasamableísta María Alejandra Vicuña, como opción para darme el cargo de asistente de su despacho; ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA)”, dice la declaración.
Ayer por la tarde, el exasambleísta de Creo, Andrés Páez, oficializó una denuncia en contra de la segunda mandataria por presunto “cobro de diezmos”.
“Estoy solicitando en esta denuncia que se recaben de los respectivos bancos la información relacionada con los depósitos realizados por el declarante”, acotó Páez.
En su declaración juramentada emitida ante la notaria María Portilla Bastidas, de la Notaría Décima Tercera de Quito, Sagbay sostiene que trabajó en el despacho de Vicuña entre el 1 de junio del 2011 hasta el 31 de mayo del 2012.
En ese lapso, habría depositado USD 300 en la cuenta corriente que ella tenía en un banco de El Oro. “Durante doce meses me tocaba depositar. Esta contribución me fue solicitada directamente por la exasamableísta María Alejandra Vicuña, como opción para darme el cargo de asistente de su despacho; ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA)”, dice la declaración.
Luego fue ascendido a Asesor Uno en el despacho de Vicuña y ella le habría pedido aumentar la contribución. Este monto habría pasado a USD 1 400 durante 12 meses, entre el 1 de junio del 2012 hasta el 1 de mayo de 2013, tiempo que duró el contrato.
“De lo declarado existe prueba plena y las evidencias de los depósitos en los estados de cuenta de mi cuenta de ahorro”, reza el documento.
Tras esta divulgación, en la Asamblea hubo distintos puntos de vista. Desde la bancada de Alianza País (AP), Ana Belén Marín dijo que se debe respetar el debido proceso y cree que la Vicepresidenta debería pedir una licencia sin sueldo para defenderse.
Para la legisladora de la bancada correísta, Marcela Aguiñaga, por principios éticos y de transparencia Vicuña debe responder por sus actuaciones al pleno de la Asamblea.
“De lo declarado existe prueba plena y las evidencias de los depósitos en los estados de cuenta de mi cuenta de ahorro”, reza el documento.
Tras esta divulgación, en la Asamblea hubo distintos puntos de vista. Desde la bancada de Alianza País (AP), Ana Belén Marín dijo que se debe respetar el debido proceso y cree que la Vicepresidenta debería pedir una licencia sin sueldo para defenderse.
Para la legisladora de la bancada correísta, Marcela Aguiñaga, por principios éticos y de transparencia Vicuña debe responder por sus actuaciones al pleno de la Asamblea.
En cambio, Fabricio Villamar, de Creo, sostuvo que Vicuña pudo haber incurrido en el delito de concusión. De revelarse que existen los elementos necesarios tras las investigaciones, pedirá a su bloque impulsar un juicio político.
Raúl Tello, del Bloque de Integración Nacional, coincide en un juicio, pero cree que hay una limitación: la no existencia de la Corte Constitucional.
Para concretar un enjuiciamiento se debe presentar ante el CAL 33 firmas. De ser calificado, la Corte Constitucional deberá emitir un informe de admisibilidad. Luego el proceso va la Comisión de Fiscalízación del legislativo.
Tras las pruebas de descargo, la Asamblea votará sobre la solicitud de censura y destitución. Para que se apruebe se requerirá del voto de dos terceras partes, es decir 92 votos.
El 13 octubre el Pleno destituyó a Norma Vallejo por negociar cargos públicos y la Fiscalía abrió una investigación de supuestos cobros indebidos.
Ayer se anunció que Vicuña ofrecería una rueda de prensa,pero se suspendió.
Raúl Tello, del Bloque de Integración Nacional, coincide en un juicio, pero cree que hay una limitación: la no existencia de la Corte Constitucional.
Para concretar un enjuiciamiento se debe presentar ante el CAL 33 firmas. De ser calificado, la Corte Constitucional deberá emitir un informe de admisibilidad. Luego el proceso va la Comisión de Fiscalízación del legislativo.
Tras las pruebas de descargo, la Asamblea votará sobre la solicitud de censura y destitución. Para que se apruebe se requerirá del voto de dos terceras partes, es decir 92 votos.
El 13 octubre el Pleno destituyó a Norma Vallejo por negociar cargos públicos y la Fiscalía abrió una investigación de supuestos cobros indebidos.
Ayer se anunció que Vicuña ofrecería una rueda de prensa,pero se suspendió.
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