Caso Balda: las pruebas documentales contra Correa
La jueza encontró 44 evidencias con las cuales justificó su llamado a juicio por plagio al expresidente Rafael Correa. Entre ellas hay varias pruebas documentales que determinan la existencia de un aparato estatal que, bajo la dirección de Correa, actuó por fuera del orden legal y de sus atribuciones y jurisdicción para el plagio y desaparición forzada de Fernando Balda.
12 de noviembre del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Entre los 44 elementos de convicción que la jueza Daniela Camacho, de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, encontró como justificativos para llamar a juicio a Rafael Correa Delgado, están algunos que le permitieron afirmar, durante la audiencia, que el secuestro de Fernando Balda fue fruto de la acción de "una cadena de mando jerarquizada", que tuvo como cabeza principal al entonces presidente, Rafael Correa.
Antes de la audiencia, un funcionario de la Corte Nacional ingresa los cuerpos del juicio del llamado Caso Balda.
El abogado Diego Chimbo, de pie, junto a sus defendidos Raúl Chicaiza y Diana Falcón (sentados a su derecha).
Fernando Balda, en camisa y corbata, conversa con su abogado Felipe Rodríguez.
Esto se desprende de los hechos, según el informe pericial, el de Cadena de Mando, que constituye una de las pruebas en el proceso, citada por la jueza y cuestionada por Caupolicán Ochoa, procurador judicial de Correa. Estos hechos son las acciones de insitituciones del Estado, como la Secretaría Nacional de inteligencia, Senain, "sobre informaciones de las acciones de Fernando Balda en Colombia, en las operaciones de inteligencia llamadas Guayacán y Wilson; las órdenes emitidas por la Dirección Nacional de Inteligencia y por el presidente de la República para que se realicen los actos preparatorios y ejecutivos que permitan la privación de la libertad y correspondiente traslado a la ciudad de Ipiales, como ha sido señalado por el testimonio anticipado del exagente Luis Raúl Chicaiza Fuentes. Además de la entrega de dineros provenientes de los gastos reservados de la Senain, entregados a Chicaiza para la preparación de la "privación de la libertad, el pago de la logística y a los ejecutores materiales", dice el informe pericial.
Los exagentes Diana Falcón (de blusa roja) y Raúl Chicaiza (leyendo un documento), quienes en sus testimonios afirmaron que el expresidente Rafael Correa (supuestamente) conocía del secuestro a Fernando Balda.
La jueza Daniela Camacho, a la izquierda de la fotografía, mientras daba instrucciones a los asistentes a la audiencia. A su lado, los ayudantes del despacho de la jueza.
El peritaje examina si en el secuestro de Fernando Balda hubo un intento de desaparición forzada, lo cual constituye una grave violación de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
El peritaje examina si en el secuestro de Fernando Balda hubo un intento de desaparición forzada, lo cual constituye una grave violación de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Para que esto ocurra, dice el informe de pertitaje que ahora es parte del proceso penal, debieron presentarse dos condiciones: la primera, la privación ilegal de libertad, "que en el presente caso se configuró una vez que los ejecutores lo tomaron por la fuerza en la ciudad de Bogotá".
Lo segundo, es la negativa expresa por parte del Estado ecuatoriano de brindar información a los familiares de los aprendidos, la misma que consta en el testimonio anticipado de la agente Diana Falcón, quien señaló que en la noche del 13 de agosto y la madrugada del 14 de agosto del 2012, al esposa de Fernando Balda se comunicó vía telefónica con Raúl Chicaiza para preguntarle por el paradero de su esposo, sin que Chicaiza le hubiere comunicado de la realización del operativo de privación de libertad, que se había realizado bajo la dirección y órdenes de un agente del Estado ecuatoriano.
Ricardo Patiño, ex ministro de Rafael Correa, es impedido de ingresars a la audiencia, por llegar tarde. Luego arengó a unas 50 personas que se congregaron a la salida de la CNJ para apoyar a Correa y proferir insultos contra Balda, su defensa y miembros de la prensa.
Las otras pruebsa que incriminan al expresidente tiene que ver con los hechos posteriores a la privación de libertad y plagio de Fernando Balda. El informe pericial dice que "las agencias estatales ecuatorianas, entre ellas la Senain, tuvieron conocimiento de los actos delictivos realizados por Falcón y Chicaiza y los procesos penales iniciados en la república de Colombia en su contra; por lo cual realizaron acciones con la finalidad de defensa (sic) en los procesos penales en Colombia, tanto a nivel de gobierno y cancillería (...) es así que en el proceso de instrucción analizado se encuentran documentos en los cuales abogados colombianos, en el año 2016, remiten a la Senain información sobre los procesos y una propuesta de honorarios profesionales para la defensa penal de Falcón y Chicaiza. El costo de la propuesta para la defensa de los exagentes, tuvo una proforma de USD 200.000 por parte de un estudio jurídico de Colombia. Pero además, se adjuntan pedidos de pago de honorarios causados: "Por la realización de labores de averiguación, búsqueda y contratación de la información brindada inicialmente, se adeuda la suma de dos mil dólares (USD 2000) más un IVA del 16%, para lo cual le agradezco nos informe ante quién se suscribe la correspondiente factura de servicios profesionales".
Gabriela Ribadeneira, con vestido azul floreado participó junto a sus coidearios en la jornada de apoyo a Correa.
El informe pericial tiene 22 conclusiones. Entre estas se señala que "existen elementos que permiten inferir que los señores Chicaiza y Falcón se encontraban bajo el mando directo del Secretario Nacional de Inteligencia y del Directo de Inteligencia de la Policía Nacional.
"Existen elementos que permiten inferir que los ex agentes Chicaiza y Falcón emitíanparte informativo directo sobre las actividades realizadas en Bogotá al señor Secretario Nacional de Inteligencia. Existen elementos que permiten inferir que Chicaiza y Falcón realizaron las acciones analizadas por orden directa del Secretario Nacional de Inteligencia, Pablo Romero Quezada.
Grupos de algunsa provincias se asentaron a la salida de la Corte y permanecieron hasta que se dio el fallo judicial.
"Realizaron actividades que nos estaban amparadas por el ordenamiento jurídico, constituyendo un aparato de poder organizado por fuera del ordenamiento jurídico vigente a la fecha de la realización de estos actos..."
"Existen elementos que permiten inferir que las disposiciones emitidas por el secretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero Quezada, fueron ordenadas, conocidas y autorizadas por el presidente de la República del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado.
"La conducta investigada cumple los elementos objetivos y subjetivos para ser considerada como desaparición forzada de personas bajo graves violaciones de derechos humanos, en relación al delitode plagio vigente a la fecha de los actos analizados.
"Dentro de los elementos analizados encontramos que las acciones de contratar personas en la República de Colombia, con la finalidad de privar de la libertad a una persona, no se encuentran determinadas en las normas que regulan el Sistema de Inteligencia, ni la Policía Nacional; por lo que los funcionarios estatales ecuatorianos (...) realizaron actividades que nos estaban amparadas por el ordenamiento jurídico, constituyendo un aparato de poder organizado por fuera del ordenamiento jurídico vigente a la fecha de la realización de estos actos.
"Existen elementos que permiten inferir que los pagos que realizó el señor Luis Raúl Chicaiza a los ciudadanos colombianos sentenciados por la privación de libertad del señor Fernando Balda fueron obtenidos de fondos públicos a cargo de la Senain.
"Existen elementos que permiten inferir que las actuaciones de los señores Chicaiza y Falcón no constituyen hechos aislados realizados por la voluntad individual , y que provienen de la ejecución de órdenes directas, dentro de una cadena de mando estructurada, con varios niveles de planificación y ejecución".
Foto para el Face. Dos simpatizantes de Correa se desentienden por un instante de la protesta para tomarse fotos ataviados con la bandera y un uniforma del ejército bolivariano.
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