Es el hombre fuerte. The One. Él tiene las llaves del gobierno. Pero no es el Presidente, no es ministro. Es un consejero a quien Moreno ha instituido para que, a carajazos e improperios, ejecute procesos en los que podrían haber intereses creados.
Moreno ha perdido iniciativa y la poca capacidad de ejecución que tuvo. Luego de la consulta, su gestión es errática, desestructurada y de una lentitud tal que parece inmovilizada. Sus afectos pesan más que la certeza de corregir. Ejemplo de ello es que ahí, medio escondido, sigue Paúl Granda, anodino que ha hecho anodino el manejo político. Por lo mismo, por los afectos, sostiene y llena de poder a un personaje cuyas relaciones previas generan suspicacias, que no tiene función administrativa pero tiene influencia sobre funcionarios en las áreas en las que el Estado hace negocios y funge de empresario. Santiago Cuesta, amigo de Moreno es, dicen, el que mueve el Gobierno. ¿Hacia dónde? A vender activos del Estado.
El Estado debe concentrar su gestión en servicios de salud, salubridad y educación; seguridad pública y administración de justicia. Pero, desde que se convirtió en empresario petrolero, a partir de 1972, el Estado fue expandiéndose en actividades mercantiles y propias del emprendimiento privado: comunicaciones, bancos, empresas de aviación, siderúrgicas, transporte marítimo, generación eléctrica. Durante el correísmo, con más dinero, se crearon una veintena de empresas públicas que, como era previsible, se llenaron de pipones, se forraron de corrupción y generaron pérdidas irrecuperables. Durante el gobierno del presidente Durán Ballén, el primer intento de transferir las actividades empresariales al sector privado fue boicoteada por el partido Social Cristiano por, entre otros motivos, reservarse la posibilidad de manejar ese proceso. Muchas empresas que valían mucho, hoy valen poco o casi nada. Moreno ha dicho que el modelo económico debe cambiar y se entendería que el Estado debe dejar de ser empresario, lo que es urgente no por razones ideológicas solamente, sino porque la evidencia empírica muestra de nuevo que el clientelismo, la corrupción y la ineficiencia se juntan en la administración de las empresas públicas, con severos efectos regresivos en la sociedad.
Para hacerlo, el gobierno de Moreno no opta por un sistema o procedimiento que permitiría que decisiones de esa naturaleza se sostengan en el largo plazo: con acuerdos políticos sustentados en leyes, políticas y decisiones que ofrezcan certidumbre a inversionistas y transparencia. En vez de eso, opta por el voluntarismo. Opta por entregar a una persona el poder para poner precios y negociar. Lo que es endeble por principio, pues no aparecen mecanismos concursales para la adquisición de los activos que se venderán. La decisión se centra en una persona quien parece tener, además, los suficientes nexos con inversionistas para ligar oferta y demanda sin pasar por formas públicas y transparentes en donde se encuentran oferta y demanda.
Cuesta ejerce el poder que informalmente ha recibido. Y lo hace atropelladamente, sin sentido orgánico. Despreciando que un proceso de negociación de activos públicos debe estar acompañado de una estrategia de soporte político y comunicacional que reduzca las suspicacias. O mejor, ha preferido obtener ese soporte político en aquellas estructuras o políticos que históricamente han representado intereses corporativos. Queda la duda de si aquellos cambios en los funcionarios a cargo de las entidades responsables de empresas públicas, petróleo y energía, se producen por necesidades de acomodar voluntades para viabilizar proyectos de inversión que interesen a los amigos.
El atajo que toma Moreno de encargar a su amigo Cuesta para salvar la inmovilidad del gobierno, producirá agitación destructiva. Sin duda, incrementará la desarticulación de la perspectivas de corregir estructuralmente las distorsiones creadas durante el correísmo. No hay, en la forma y en la urgencia en la que se ha encausado la venta de activos estatales, una orientación hacia el mercado o hacia la eficiencia. En la Proforma de Presupuesto, entre los ingresos, se ha previsto una partida de mil millones por concesiones; cantidad que seguramente se origina en el mismo entusiasmo voluntarista con el que se presentó el proyecto fantasioso del tren playero. Vender activos es una pequeña tabla salvavidas para no tener que enfrentar la reducción de gasto corriente, la eliminación de subsidios regresivos y beneficios insostenibles de la llamada política social. Y no es un viraje estructural del modelo.
En esas condiciones, entregar el manejo a un asesor, con notorios vínculos mercantiles y políticos, augura que en el río revuelto de buscar dinero para atender las prioridades fiscales, será ganancia de pescadores. Lo que ya sucedió en el gobierno de Correa. Vinicio Alvarado sería Santiago Cuesta. El gestor para que se procesen ventas o se hagan obras. Así, como a pretexto de participación privada en obra pública se construirá un puerto en Posorja, concesionado por las gestiones de empresarios amigos de Correa, para aventajar también a los supuestos enemigos de Correa.
Diego Ordóñez es abogado.
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