Washington, 10 dic (EFE).- Más de 100 organizaciones de
derechos humanos internacionales se sumaron hoy a las críticas contra el
Gobierno de Ecuador por el “arbitrario” cierre de la ONG Fundación Pachamama y
emitieron una carta de solidaridad en la que exigen su reapertura.
“Estamos de acuerdo con la Fundación Pachamama en que se
trata de un acto arbitrario, que busca reprimir el derecho legítimo de la
organización para disentir contra la decisión del Gobierno de entregar
territorios de indígenas del Amazonas a través de concesiones a compañías
petroleras”, señaló el comunicado
Entre los firmantes se encuentran organizaciones como
Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Coalición Internacional de
Organizaciones de Derechos Humanos en las Américas, que agrupa a más de 60
organizaciones de la región.
En el marco del día internacional de los derechos humanos,
las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de Rafael Correa la reapertura
de la Fundación Pachamama.
La pasada semana autoridades de Ecuador ordenaron la
disolución de la Fundación y el cierre de sus oficinas de Quito bajo la
acusación de estar implicada en actos vandálicos, aunque la entidad niega estas
imputaciones.
“Pese al cierre de Fundación Pachama, nuestro trabajo para
garantizar la protección permanente de la selva tropical no se detendrá”,
indicó en el comunicado Bill Twist, cofundador de la organización The Pachamama
Alliance con sede en San Francisco (EE.UU.).
“Este intento de silenciar la voz de la gente no frenará
nuestra determinación para asegurar que el petróleo sigue en el suelo y el área
de mayor biodiversidad del planeta sigue inalterado”,agregó.
Según el Ministerio ecuatoriano del Interior, el pasado 28 de
noviembre un grupo de activistas ecologistas e indígenas que se oponen a que la
explotación petrolera se extienda al sur de la Amazonía ecuatoriana llevó a
cabo una protesta en la que se produjeron agresiones a miembros de delegaciones
diplomáticas.
La Fiscalía y la Policía Nacional de Ecuador investigan estos
hechos que, según el Ministerio, constituyeron una “desviación de los fines y
objetivos estatutarios” de la ONG. EFE
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