El gran manicomio nacional

Por: Enrique Gallegos Arends

Lo más nauseabundo del accionar político, aquí en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, radica en la falta de honestidad que caracteriza a todos los que la practican, de una u otra forma. Por supuesto que los mentirosos más grandes son los líderes de las organizaciones políticas que luchan por el poder, pero van arrastrando en esa conducta despreciable - y quizás eso sea lo peor de todo - a los jóvenes que se acercaron, repletos de ilusión y anhelos por crear una patria nueva y terminan, cuando se dan cuenta cómo mismo funciona el sistema, en convertirse en tan o más corruptos que sus propios maestros. Al Poder se arriba para disfrutarlo materialmente y apurar de sus mieles hasta la última gota. Asaltar el erario público es la primera de las consignas y el que se interponga en el camino con poses de justiciero y honorable pasa a convertirse en paria dentro de la organización, porque no hace otra cosa que estorbar.

     Las palabras lealtad y amistad pierden toda significación y el compañero y camarada que observe una conducta en tal sentido reprobable es inmediatamente expulsado del círculo, por traidor, desleal y por otros calificativos que existen en la gramática del vulgo y que por un elemental sentido de decencia no puedo consignar en esta nota. En la estructura de cualquier gobierno no hay cabida para los soñadores; estos estorban y necesariamente sucumben ante la mafia de los que no quieren desaprovechar la oportunidad. Es un pendejo que ni roba ni deja robar.
     La farsa electoral que se desarrollará el próximo mes de febrero pone de manifiesto con absoluta claridad la naturaleza del sistema político que estamos viviendo. Un Consejo Nacional Electoral y su brazo complementario, la Corte Suprema Electoral, carentes de toda independencia para llevar adelante un proceso que se supone constituye el espíritu mismo de la democracia, elegir a quienes los ciudadanos así lo deseamos, desnuda sin pudor la verdadera dictadura que rige nuestros destinos. No existe institución que funcione de acuerdo con las leyes, hecho que por cierto se ha manifestado siempre, pero jamás con el descaro y la insolencia con los que hoy se hace presente. Basta una orden superior que determine la culpabilidad o la inocencia de determinada persona para que el organismo que supuestamente debe administrar justicia - se entienda bajo los parámetros que las leyes y el sentido común conceden a esa palabra - dicte la que le ha sido ordenada. El país ha sido ofendido con la postulación de personas con negros historiales en sus vidas políticas y la propaganda abrumadora y totalitaria con la que se nos enloquece todo el día, de técnica subliminal, nos los convierte en ciudadanos ejemplares. ¿Será justo que todos los implicados en el fétido negociado del asalto al aeropuerto Mariscal Sucre y su traslado a Tababela, no estén en la cárcel y se preparen a farrearse  los próximos presupuestos municipales? ¿Hasta cuándo las mafias que disponen a su antojo de todo el aparato gubernamental van a seguir manejándolo como propio ante la indolencia popular? ¿Tiene sentido que personajes que representan a un pasado que nos avergüenza, tengan la audacia de proponernos sus nombres en la esperanza de poder continuar con sus fechorías? ¿Qué fue del desplante bravucón de la prensa que se hace llamar libre, democrática e independiente, en momentos como éste? ¿Será justo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene indemnizar a los jueces que entraron por la ventana, desalojando a la única Corte Suprema que era la legal, la que presidía el doctor Carlos Solórzano Constantine? No cabe duda: vivimos todos en un gran Hospital Mental y en el cual los que nos consideramos sanos terminaremos todos por enloquecer también.