Análisis

Por: José Hernández

Director adjunto

El oficialismo acusa a miembros de la Fundación Pachamama de vandalismo. El Presidente lo hace saber públicamente a sus funcionarios. Con nombre propio. Y sus funcionarios actúan. No investigan. No abren expedientes. No inculpan a nadie. No precisan nombres ni se fundamentan los supuestos delitos. Solo disuelven la Fundación basándose en un decreto. En horas.

No es la primera vez que un deseo del Ejecutivo se cristaliza en una prohibición o en un acto administrativo. O penal. También ha mandado mensajes a la Fiscalía. Al Consejo de la Judicatura… Este es un Gobierno mediático y eficaz. En horas, se toman decisiones y se le da gusto al Presidente sin que las autoridades que obedecen, se entretengan en esos vericuetos del debido proceso. Es normal: eso es fastidioso, demorado e implica, por ejemplo, la debida defensa.

El Presidente manda. Lo hace basándose en una Constitución vertical e híper presidencialista que se promocionó como una Constitución democrática y participativa. Y aquellos que la fabricaron lucen hoy sorprendidos de que Rafael Correa aplique los poderes que le dieron. Y apruebe decretos (como el 16) que, al amparo de la discrecionalidad que facilita su redacción, deja sin derechos a los activistas que hace algunos años pusieron las primeras bases sociales para llevarlo al poder.

¿Quiénes concentraron todo el poder en sus manos? ¿Quiénes entregaron los organismos de control al Ejecutivo creando un quinto poder, tan inocuo para la sociedad como funcional para el Presidente y su movimiento? Aquellos que se extrañan de que Correa sea el principio y el fin de todas las cosas en el país, son los mismos que siguen socapando las características del poder político –personal hasta el culto– que crearon. Resulta que el estilo presidencial no tiene importancia. Lo que cuenta –si se les oye bien– es la estructura del poder según la cual Correa sigue siendo, en sus textos, un defensor del capitalismo y un fiel servidor del imperialismo (gringo, chino o ruso).

La vieja izquierda, que hoy se sorprende de lo que ocurre a la Fundación Pachamama, sigue siendo víctima de un problema de lógica básica: es incapaz de tejer un puente entre los efectos que hoy denuncia y su inconsecuencia para defender las libertades. Para ellos siguen siendo un problema formal y una desazón –insignificante se entiende–, de la pequeña burguesía.

Y como ese puente no existe, tampoco existen equivalencias entre los derechos que ellos dicen defender y aquellos que también preocupan a otros. ¿Las libertades que necesitan los defensores de los Derechos Humanos para hacer su trabajo, no son equivalentes a aquellos que necesitan los medios de comunicación para hacer el suyo? Pues bien: la vieja izquierda defiende unos; ignora otros. Lo mismo está ocurriendo con ese establishment cuya desidia orquestó la inestabilidad del pasado, la falta de equidad y el evidente vacío de contenido que, para la mayoría del país, representó la palabra democracia. Hoy defienden tanto sus derechos para hacer negocios, como ignoran el pisoteo sistemático de los derechos de aquellos que no piensan como el Gobierno en el manejo ambiental, social, económico, político… o de preferencia sexual.

Vieja izquierda y vieja derecha se vuelven a dar la mano, cada una en su campo, para defender concepciones donde no caben las libertades individuales. O donde las libertades, así en plural, están supeditadas a intereses particulares, en un caso, y del partido único, en el otro.

El correísmo navega, con magnífico viento, en esa cultura de desprecio por las libertades realmente ejercidas por los ciudadanos. Incluidas las de apoyar a un Gobierno o las de oponerse. Correa solo suma a su favor. Y con el aparato estatal impresionante, construido con el aporte de la vieja izquierda, actúa hoy con los disidentes peor que lo hicieron sus antecesores. Curioso: empieza a disolver las organizaciones sociales que en el pasado pudieron actuar, en algunos casos en forma mucho más vandálica (solo para usar los términos oficiales), que bajo su Gobierno.

El orden impera. Un orden insufrible, con ex aliados del Presidente disueltos, enjuiciados o censurados. Avanzamos, Patria.