El cierre de la Fundación Pachamama abre una nueva etapa en
el debate de las políticas públicas. Una en la cual los criterios que discrepan
con el poder son silenciados. Los afectados dicen que los derechos
constitucionales de libertad de asociación y expresión son vulnerados por el
gobierno de Rafael Correa.
JEAN CANO
En el piso 12 del edificio Century, en la avenida De los
Shyris y Bélgica, está el sello en la puerta. Dice que la Fundación Pachamama
está disuelta, en letras negras y enormes. El gobierno lo hizo por medio del
Ministerio del Ambiente. El cuatro de diciembre finalizaron 16 años de defensa
de los derechos de la naturaleza y, últimamente, la oposición a las políticas
petroleras y mineras estatales para obtener más recursos. Ellos creían que esa
no es una vía para buscar el progreso, sino de destrucción de la Amazonía.
En el Acuerdo 125, del Ministerio del Ambiente, se dispone la
disolución de esa organización. Lo hace pese a que ese documento, firmado por
Juan Guaña Pilataxi, coordinador General Jurídico de esa cartera de Estado,
inicia citando garantías de la Constitución… El artículo 66, numeral 13,
reconoce y garantiza a las personas: “El derecho a asociarse, reunirse y
manifestarse de forma libre y voluntaria”. A pesar de ello, el Reglamento para
el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones
Sociales y Ciudadanas, el Decreto 16, abre la posibilidad de la disolución de
cualquier organización…
Dos causales fueron utilizadas en contra de Pachamama, sin
que sus directivos tengan la posibilidad de defenderse en un proceso
administrativo o judicial. El Decreto 16 abre la posibilidad al gobierno para
disolver o liquidar una organización, de oficio o por una denuncia, si se
desvían de sus fines y objetivos para los cuales fue constituida y por
dedicarse a actividades de política partidista, de injerencia en políticas
públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado, que
afecten la paz pública. Eso precisamente dice el sello colocado en la puerta de
las oficinas de Pachamama.
Ese era uno de los mayores temores de las ONG, gremios y
movimientos sociales, en especial de los indígenas. En varios foros advirtieron
de la posibilidad de ser disueltos por el Decreto 16. Interpusieron demandas de
inconstitucionalidad que no han tenido resultados. Incluso llevaron su reclamo
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. Allí Carlos
Pérez Guartambel, líder de Ecuarunari, dijo que ese reglamento emitido por
Rafael Correa atenta contra el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
Uno de los motivos que señala el Ministerio del Ambiente es
lo que contiene el informe del viceministro del Ministerio del Interior, Javier
Córdova. Él solicitó la disolución inmediata de la Fundación por los hechos del
28 de noviembre. Ese día, dice un documento anexo al pedido de Córdova,
ocurrieron hechos de violencia luego de la apertura de ofertas para 13 bloques
hidrocarburíferos. “Un grupo de seudoactivistas representantes de las
organizaciones Pachamama y La Hormiga
iniciaron una violenta protesta, atentando contra el orden público y la
integridad física de los asistentes”. Ese informe dice que fueron agredidos el
embajador de Chile, Juan Pablo Lira, y el director de la empresa Belorusneft de
la República de Belarús, Andrey Nikonov.
Pero Belén Páez Cano, directora de Pachamama hace 10 años,
dice que eso es falso. “Estamos en contra de esos argumentos, tenemos una línea
de trabajo que difiere de esto. Somos una organización que promueve políticas
públicas para la implementación de los derechos de la naturaleza. Hemos sido
una de las organizaciones que acompañó el proceso del artículo 74 de la
Constitución para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza”, dice
frente a la puerta con el letrero que justifica el cierre.
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