La primera víctima del decreto 16

La disolución de la fundación Pachamama, ordenada por el Gobierno, luego de una declaración hecha por el presidente Rafael Correa en una de sus sabatinas, no puede quedar como un abuso de poder más, en la larga lista de acciones represivas que colecciona este régimen. El hecho consumado la semana pasada reviste una especial gravedad, porque concreta una amenaza que se advirtió desde la firma del conocido como decreto 16, que establecía los requisitos y sanciones a las que se verían sometidas todas las organizaciones sociales que trabajan en el Ecuador. En ese momento ya se denunció que existía la clara intención de controlar y castigar toda protesta social que no cuente con la venia oficial. Se alertó que, en los hechos, aquello constituía una evidente intención de silenciar las voces críticas.

La consideración aquella exhibida por el gobierno, respecto a que las organizaciones sociales o  las ONG no debían intervenir en la política interna, solo fue una excusa para impedir que las acciones de estos grupos, alejados totalmente de políticas partidistas, puedan hacerse sentir ante la esfera pública.

Se trató siempre de imponer el silencio. Y la disolución de la fundación Pachamama es el primer caso concreto de la aplicación de este decreto que tiene visos de contrariar las normas establecidas en la propia Constitución de la República, que este mismo gobierno promovió. La protesta social, que debe ser garantizada por un régimen democrático, es castigada y de una forma totalmente desproporcionada. Sin un proceso llevado adelante con las garantías necesarias, una de ellas, el acceso a una legítima defensa. No. Simplemente, en este caso, contó la versión presidencial y de inmediato, se ejecutó su voluntad, sin  el debido proceso, sin ningún procedimiento que establezca responsabilidades de un hecho ciertamente criticable, como es agredir a un diplomático extranjero. Aquí no ha existido ninguna investigación que determine nombres, autores, cómplices, encubridores. Se optó por lo más sencillo: castigar a una organización cuyo trabajo se ha caracterizado por  defender causas sin colores partidistas.

 El silencio impuesto a los sectores ciudadanos que no comulgan con la política del Gobierno, se propaga aceleradamente. Cada vez son menos los espacios que existen para poder manifestar una posición distinta a la oficial. Y quienes aún siguen de pie, tienen sobre sí una amenaza latente y directa, sujetos al riesgo inminente de ser los siguientes castigados con su extinción, en caso de que sus formas de protesta no tengan la venia presidencial. Difícil la situación, que debe ser expuesta a todo nivel, tal y como viene ocurriendo. No se puede callar, por lo menos hasta que se pueda seguir rechazando estas acciones fuera de lugar.