25 de noviembre de 2013.
El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, y sus
representantes, el abogado Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), expresan su rechazo frente al acto unilateral de
disculpas públicas realizado el 14 de noviembre de 2013, a través de un video
difundido en cadena nacional por el ex Ministro de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos del Ecuador, Lenin Lara Rivadeneira.
Por la modalidad y contenido del acto, el mismo no cumple con
su finalidad reparadora, e incurre en imprecisiones y afirmaciones que generan
el efecto contrario.
De acuerdo con la Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 27 de junio de 2012, el Estado debía realizar un acto
público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones en perjuicio
de Sarayaku. El Tribunal dispuso que el lugar y modalidades del acto debían ser
consultados y acordados previamente con el Pueblo, realizado en una ceremonia
pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de los miembros del
Pueblo, en idiomas kichwa y castellano y ser ampliamente difundido en los
medios de comunicación. En otros casos relativos a pueblos indígenas, la Corte
ha reiterado que el acto debe “tomar en cuenta las tradiciones y costumbres de
los miembros de la Comunidad”.
Desde la emisión de la Sentencia, Sarayaku solicitó al Estado
que el Presidente Correa, junto con otras altas autoridades de gobierno, fuera
a su territorio para realizar el acto de reconocimiento, ya que esa sería la
modalidad más reparadora.
Ante la negativa del Presidente, y dada la falta de acuerdo
entre las partes, la Corte Interamericana solicitó a las partes el 5 de
septiembre de 2013, “realizar sus mejores esfuerzos para alcanzar, a la
brevedad y de buena fe, un acuerdo sobre los términos y modalidades del acto de
reconocimiento de responsabilidad”.
El Ministerio de Justicia envió un oficio a Sarayaku el 30 de
octubre de 2013, informando que estaba gestionando la “transmisión” de las
disculpas públicas, sin embargo el Pueblo no puedo responder por problemas de
internet en el territorio y por falta de tiempo para debatir la propuesta con
su Consejo de Gobierno, de acuerdo a su organización interna.
A pesar de lo anterior, el ex Ministro de Justicia emitió el
14 de noviembre un video de manera unilateral, no consensuada con Sarayaku,
presentando las disculpas públicas. El mismo señala que el acto se realiza
“ante la negativa del Pueblo de Sarayaku de coordinar las disculpas públicas en
su territorio”. Además, traslada la responsabilidad estatal a gobiernos
anteriores, y señala que “varios periodistas y líderes indígenas manipulan y
politizan los hechos con el claro objetivo de engañar a la opinión pública e
imputar al gobierno actual la responsabilidad de la vulneración de sus derechos”.
En ese sentido, la Corte Interamericana imputó al Estado
ecuatoriano responsabilidad internacional por violaciones a los derechos a la
propiedad, cultura, vida e integridad personal de Sarayaku, además de su
derecho de acceso a la justicia. Al respecto, la Corte no distinguió el
gobierno responsable de las violaciones, dado que de acuerdo al derecho
internacional es el Estado, en su conjunto, el responsable por violaciones a
los derechos humanos contrarias a sus obligaciones internacionales.
En el presente caso, si bien las violaciones se originaron a
partir del 1996, las mismas no fueron subsanadas por gobiernos posteriores. En
ese sentido, la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo el 18 de
diciembre de 2009, bajo el gobierno del Presidente Correa, determinando que
Ecuador era responsable por las violaciones en perjuicio de Sarayaku, y
dictando una serie de reparaciones, que no fueron cumplidas por el Estado, por
lo que el caso llegó a conocimiento de la Corte Interamericana.
De manera adicional, el ex Ministro Lara incurre en error al
afirmar que el Estado integró $1,400.000 al Fondo de Asistencia Legal de la
Corte Interamericana y a CEJIL, en concepto de costas y gastos. Según lo
decretado por la Corte, el Estado debía integrar al citado Fondo la cantidad de
$6,344.62, y a CEJIL la cantidad de $18,000, la cual fue recibida por dicha
organización el 19 de octubre de 2012.
Finalmente, hasta la fecha el Estado no ha cumplido con los
compromisos asumidos en una reunión conjunta el 1 de agosto de 2013, y no ha
avanzado en el retiro de los explosivos del territorio de Sarayaku. Hasta la
fecha, el Estado tan sólo ha extraído unos 17 kgs de los 150 kgs de pentolita
superficial, y no ha extraído nada en relación a los 1433 kgs aún enterrados en
el territorio.
Finalmente, el Estado no ha tomado acción alguna para regular
el derecho a la consulta previa, libre e informada de acuerdo con los
estándares internacionales, como dispone la Sentencia. La Corte ordenó que esa
medida sea cumplida en un plazo razonable. Un año y cuatro meses más tarde, el
Estado no ha hecho ningún esfuerzo por definir un nuevo marco jurídico nacional
para el ejercicio de la consulta previa. Ello pese a que en ese lapso ha
convocado una nueva ronda de licitaciones petroleras que afecta a siete
nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, incluyendo la nacionalidad
Kichwa a la que pertenece Sarayaku. Este incumplimiento provoca un severo
riesgo de que las violaciones de derechos humanos que provocaron la condena al
Estado del Ecuador se vuelvan a repetir.
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