Publicado el 2017/04/08 por AGN
[Alberto Ordóñez Ortiz]
Hay momentos en nuestras vidas en que es preciso aceptar resultados o cuestiones que no nos agradan. Que por contradecir nuestras opiniones podrían afectar a nuestra propia autoestima. Cuando ocurren, se vuelve imperativo proyectar la inteligencia más allá de nuestros horizontes y mirar hondo y lejos, tanto fuera como dentro de nosotros mismos, sin desdeñar lo desacostumbrado, ni lo inconcebible; pero, siempre, con beneficio de inventario, es decir con la duda razonable que surge de la larga y espesa sombra del reciente balotaje electoral: centro neurálgico de este artículo. Sus resultados deben estar sólidamente respaldados por la legalidad, la legitimidad y la sustentabilidad que requieren, no solo por el bien del País sino del candidato que resulte triunfador, quien precisará de esos sustentos para gobernar sin sobresaltos. La impostura falaz y la patraña roñosa deben desaparecer de nuestro mapa político.
La postura razonable nos envía a hurgar entre el fárrago de lo que cínicamente -sin el menor sonrojo- se ha puesto ante nuestros asombrados ojos, aunque lo que veamos cause indignación y resulte grotezco y zafio. Nos corresponde entonces desentrañar los hechos que con razón se han considerado perversos o malditos, porque constituyen una mancha indeleble en el texto de nuestra hoy estigmatizada historia. Más todavía si el País se encuentra dividido y esa división es o puede ser el germen de confrontaciones sociales fratricidas que se agravarían con la próxima presentación de la lista de los autores y coautores en el caso Odebrecht.
Cuando las señales hunden sus raíces en el fango de la desconfianza, como ocurre ahora, las impugnaciones que ha planteado CREO, deberían ser prontamente calificadas, aunque como ya se anuncia, haya el riesgo de que el CNE las deseche, para que a renglón seguido y en forma pública -como lo dispone el Código de la Democracia- se proclamen los resultados que, blindados por la luz de la transparencia, no admitan sombra de duda. Solo entonces, el deber cívico de aceptarlos, será ineludible. La pervivencia de nuestra cada vez más débil democracia y la tambaleante estabilidad de la República, así lo exigen. Si se desechan las impugnaciones se demostraría objetivamente la falta de parcialidad del CNE.
Desde mi personal punto de vista y más allá de que en artículos anteriores haya emitido críticas en contra del oficialismo, -en las que me reafirmo- lo esencial nos conduce a que todos o el mayor número de ecuatorianos nos cohesionemos en torno a la defensa de la voluntad popular emitida bajo los términos de la más estricta legalidad, en consideración a que sería la vía pacífica que nos llevará a defender los resultados del recuento electoral, (no reconteo, porque no es castizo) y sobre todo porque garantizaría la preeminencia del supra-valor que nos unifica: la Patria. A condición de que sean límpidos como un salmo. (O)
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