miércoles, 14 de octubre de 2015

Anticorrupcion Cuenca Guayquil

Ecuador Anticorrupción se expande a Cuenca y Guayaquil

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNAC), creada por iniciativa de sectores sociales, sindicales e indígenas, ha estado en boca de los más altos funcionarios las últimas semanas. La razón fue haber denunciado públicamente un supuesto sobreprecio de $ 102 millones en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, inaugurada hace un año y presentada como una de las obras emblemáticas del régimen.
El vicepresidente Jorge Glas anunció demandas por daño moral contra los miembros de ese colectivo. Los ministros de Sectores Estratégicos y Electricidad, en su orden, Rafael Poveda y Esteban Albornoz, rechazaron la investigación.
El contralor Carlos Pólit dijo que todo era falso. Y Moisés Obando, exgerente de la empresa pública que construyó Manduriacu, demandó al coordinador de la comisión.
Pero las reacciones oficiales no han mermado la posición de los once miembros de este colectivo que el pasado miércoles acudieron a formalizar su denuncia en la Fiscalía.
“Estamos pintando canas y hemos pasado largos años sin el rabito de paja, cuando aceptamos la designación por parte de las organizaciones sociales sabíamos lo que se venía, debemos enfrentar campañas y ya verán ustedes lo que viene en el futuro cercano”, dice Jorge Rodríguez, coordinador de la CNAC, sobre las advertencias.
Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), uno de los grupos que impulsa a la comisión, explica que esta funciona con total autonomía y sin direccionamientos de las organizaciones.
Pero no posee recursos económicos y por eso desarrolló mecanismos para trabajar: cuenta con un grupo de apoyo de cuatro personas.
Un experto en tecnologías que recopila la información; una abogada conocedora de contratación pública, que arma expedientes e identifica irregularidades y las que pone en conocimiento de la coordinación, que trata los temas con los comisionados; un secretario lleva la memoria del grupo; y un abogado penalista enfrenta los casos judicializados. Este último trabaja “pro bono”.
Mientras, el seguimiento de las investigaciones en la Fiscalía está a cargo del comisionado Ramiro Román, abogado penalista de vieja data.
Rodríguez explica que la actual comisión no tiene un presidente, con ello se busca que todos los comisionados se expresen abiertamente sobre los casos que denuncian.
Para evitar gastos, buscan constituir dos colectivos de apoyo en Guayaquil y Cuenca.
En Guayaquil, el coronel en servicio pasivo Alberto Molina y el periodista Francisco Huerta están haciendo contactos.
Y en el Austro colabora actualmente el sacerdote y exasambleísta Fernando Vega.
La comisión ya prepara un informe ampliatorio sobre Manduriacu que aspira a culminar antes de fin de año. Y además ya inició nuevas investigaciones, que prefiere no revelar.
Críticas
El pasado jueves, en la inauguración de edificio de la Contraloría, el presidente Rafael Correa descalificó a la Comisión diciendo que estaba integrada por opositores.
Derecho constitucional


Isabel Robalino, una de las comisionadas, recordó que usan su derecho constitucional para denunciar actos que no son transparentes.

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