Satélites desenmascaran discurso oficial
Por Francisco Garcés /
@panchogarces
En
el Parque Nacional Yasuní se registran más daños que los que el gobierno de
Rafael Correa advirtió cuando se aprobó la explotación de dos bloques
petroleros. Ese carácter publicitario del discurso
oficial, con el propósito de ocultar lo que resulte incómodo, es ya evidente.
A
estas alturas, los ecuatorianos olvidamos que el pasado
octubre la Asamblea Nacional de mayoría gobiernista declaró de interés nacional
la explotación de dos bloques petroleros que ocupan territorios
del Yasuní. Y eso que durante meses hubo bronca: que la convocatoria a consulta
popular, que la recolección de firmas, que los tarimazos, la impresentable
actuación del Consejo Nacional Electoral, los insistentes discursos
presidenciales… Mucha agua ha corrido bajo el puente. Mucha palabrería, mucho
discurso político. Mientras tanto, bajo sombras de
silencio, Petroamazonas tomó posesión e hizo de las suyas en el mayor parque
nacional del Ecuador. Mientras el país volcó su mirada a la
consulta y al famoso bloque ITT, se olvidó del bloque 31, precisamente el que
queda al lado del ITT y que además se interna hacia el corazón del Parque
Nacional. Ahí, en medio de la selva más biodiversa del mundo, las motosierras
rugen desde hace meses, los tractores se abren camino en medio del bosque, los
materiales de construcción no dejan de llegar y la ambición petrolera ya ha
dejado su honda huella. La primera alerta la dio la revista National Geographic, cuando a finales del 2012
publicó una serie de fotografías que denunciaban la construcción de una amplia
carretera que se adentraba en el bloque 31. ¡Ojo, esto ocurrió antes de que la
Asamblea diera su venia para la explotación!
El
Gobierno no dijo nada al respecto, pero el juego de la política hizo que todo
se pusiera viento en popa para el régimen. El juego de la política dispuso
que, ciegamente, la Asamblea diera su paso hacia la explotación de una parte
del Yasuní. Lo que la mayoría legislativa no tomó en cuenta es
que el bloque 31, antes entregado a la brasileña Petrobras, ya tenía una
licencia ambiental cuyas condiciones eran de imposible cumplimiento para la
nacional Petroamazonas, pues carecía de la tecnología y de los medios
necesarios. Sin embargo, por disposición del Gobierno, la estatal heredó ese
bloque. Una de las condiciones de esa licencia ambiental era evitar la
construcción de una carretera de acceso a los campos. La
instalación de infraestructura debía hacerse vía aérea y con técnicas poco
invasivas, respetando un derecho de vía de 10 metros, es decir, que se
construiría un sendero ecológico que debía tener un máximo de 10 metros de
ancho y con infraestructura provisional. Pero el estudio de los italianos
Salvatore Eugenio Pappalardo, Francesco Ferrarese y Massimo De Marchi, de la
Universidad de Padua, y del estadounidense Matt Finer, de la Asociación para la
Conservación de la Amazonia, demuestra todo lo contrario. Según el informe que presentaron en Quito, en algunas secciones la vía de acceso, o sea el ‘sendero
ecológico’, llega a tener 60 metros de ancho. El promedio de
ancho que registra el camino en toda su extensión es de 26 metros, es decir, 16
metros más de lo permitido por la autoridad ambiental.
La
carretera está en plena actividad, incluso por ese ‘sendero ecológico’ circulan
vehículos de carga.
La
licencia ambiental del bloque 31 implica que toda la infraestructura para el
‘sendero ecológico’ debía ser desmontable,
para que una vez que concluyera la construcción, quedara impedida la
circulación. Lo curioso es que se construyó una vía sobre un talud e incluso se
instalaron puentes de acero.
No
es necesario mirar cientos de fotografías para comprobar la magnitud de la
construcción en tan frágil área. Según el mismo informe, la construcción de la vía ha implicado ya la deforestación de 63,6
hectáreas de bosque, pese a que la licencia ambiental previó que el máximo
permitido de deforestación no debía superar las 47,3 hectáreas.
Desde el 2012, la autoridad ambiental no había dicho una sola palabra al
respecto de las denuncias deNational Geographic ni
de otros actores que se habían adelantado a apuntar los daños ambientales.
Pero, al parecer, la presentación de las fotografías satelitales sí
causó estragos en el régimen, a tal punto que ameritó la emisión de un boletín de prensade parte del Ministerio del
Ambiente en el que se asegura que:
-el
informe carece de rigurosidad científica
-el
informe nunca fue entregado al Ministerio del Ambiente (lo dice en dos
ocasiones)
-el
estudio fue hecho con la clara intención de “desinformar a la ciudadanía”
-el
Ministerio ha realizado dos visitas al sitio y que en algún momento informará
al respecto al país.
Pero,
el Gobierno ecuatoriano no solo esgrime un discurso. También el azar le juega a
favor, de alguna manera. Es que, si bien el incumplimiento de la licencia
ambiental debería implicar la paralización de toda actividad, cuando el
presidente Correa firmó el decreto autorizando la explotación de los bloques 31
y 43, aclaró que no se afectaría más del uno por mil de la extensión de la reserva,
entonces, bajo ese criterio, no habría nada de qué preocuparse, pues aún
quedarían 857 hectáreas por deforestar antes de llegar a ese límite… Para tener
una idea, estamos hablando, más o menos, de un terreno siete veces más grande
que el parque Bicentenario, en Quito. El mismo que hasta 2013 fue su aeropuerto
internacional. Ahora solo resta confiar en los esfuerzos de Petroamazonas
porque sus ‘senderos ecológicos’ no se conviertan en revolucionarias carreteras
donde rodar spots publicitarios cada vez
menos verdes.
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