Según
expertos, propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de canjear al
dirigente opositor, lo ratifica.
Leopoldo
López se entregó a las autoridades el 18 de febrero del 2014, tras ser acusado
de instigar las protestas estudiantiles de entonces.
Caracas. La propuesta hecha por el
presidente Nicolás Maduro de “canjear” al dirigente opositor venezolano
Leopoldo López por el preso puertorriqueño Óscar López Rivera –cumpliendo pena
en territorio estadounidense– no tiene precedentes en Venezuela y es ilegal
acorde con las leyes del país.
Así lo explicaron a EL TIEMPO el
abogado especialista en derecho penal y profesor Alberto Arteaga y uno de los
abogados defensores de López, Juan Carlos Gutiérrez, quien aseguró que las
palabras del presidente Maduro “ratifica” el carácter político de la detención
de López.
Sobre la posibilidad del canje lo
primero que destacan es su carácter ilegal según lo establece el artículo 50 de
la Constitución Bolivariana de Venezuela. “Esa propuesta contraviene
flagrantemente toda la normativa venezolana, en especial la Constitución, la
cual proscribe expresamente la pena de extrañamiento, es decir, el destierro o
expulsión del territorio venezolano a algún ciudadano venezolano, bajo ningún
concepto”, precisó Gutiérrez. “El canje no tiene base jurídica en Venezuela, sí
en los convenios de Ginebra que hemos suscrito, pero estos lo establecen en
situaciones exclusivas de conflicto armado, y eso no se ajusta a la legalidad
en este momento”.
El doctor Arteaga asegura que con su
intervención el presidente Maduro reiteró la falta de independencia del poder
judicial que dejó clara en diciembre tras calificar a López de “asesino” y
asegurar que “no podía soltarlo”.
“Lo que vemos una vez más es que la
persecución contra López es política, y cada vez hay menor empeño en ocultarlo.
El presidente Maduro plantea la
hipótesis del canje, que es de imposible ejecución porque no está prevista en
nuestro ordenamiento jurídico. Además él no tiene facultad para llevar a cabo
ese canje, pues en materia de justicia, cuando se trata de una persona sometida
a un proceso o condenada, la única facultad que tiene el presidente es la de
indultar, que significa dejar sin efecto una sanción o un proceso en curso sin
condición alguna”, destacó Arteaga.
A pesar de tachar de ilegal el canje,
la defensa de López –quien ayer por quinta vez se negó a asistir al juicio que
se le sigue– aseguró estar a la expectativa de una eventual respuesta del
Gobierno estadounidense sobre esa posibilidad. “Queremos saber al menos qué
piensa Estados Unidos de esto, si le ve alguna viabilidad
político-internacional o si en cambio lo toma como lo que parece, un simple
argumento político”.
El Gobierno estadounidense, a través
de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, rechazó la propuesta de
Maduro y aseguró que “es lamentable que alguien que debería tener la presunción
de inocencia sea sentenciado en televisión nacional por el presidente de
Venezuela sin la conclusión de un juicio”.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo
López, rápidamente reaccionó por Twitter, asegurando que la liberación de su
esposo “no es un tema de canjes, sino de justicia”.
Los miembros de su partido rechazaron
cualquier posibilidad de que López salga en libertad bajo la condición de
abandonar el país.
“Es público y notorio que eso ya se
lo habían ofrecido antes. Están buscando cualquier excusa para salir de él”,
aseguró el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara.
Por ahora, el juicio a López se encuentra
en punto muerto, toda vez que el opositor se niega a acudir a las sesiones a
menos que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre los llamamientos de
Naciones Unidas que exhortaron al Poder Judicial venezolano a liberarlo.
A finales del 2014, el Comité contra
la Tortura y el Comité de Defensa de Derechos Humanos del ente multilateral
emitieron sendos informes en los que aseguran que su apresamiento carece de
fundamento y debe ser excarcelado.
En Venezuela llamó mucho la atención
que ningún otro funcionario de Gobierno saliera en defensa de la propuesta
hecha por el presidente Maduro, quien desde ayer se encuentra en una gira por
Rusia, China e Irán en busca de nuevas posibilidades de financiamiento para su
país. Tampoco el chavismo como grupo político o la Asamblea Nacional, que ayer
entró en sesiones, quiso tocar el tema.
Según la ONG Foro Penal Venezolano,
el país terminó el año 2014 con 62 presos políticos –además de López, decenas
de estudiantes y también abogados– y 157 casos de tortura que se deben
resolver, juzgar a los culpables y resarcir a las víctimas.
Valentina Lares Martiz*
Corresponsal de EL TIEMPO
Corresponsal de EL TIEMPO
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