Nuevamente el debate se trasladó a la Secretaría y fue secreto. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer fue aprobada con 117 votos.
ROBERTO AGUILAR / QUITO / 24 ENE 2018 / 00:00
En privado. El verdadero Pleno se celebró con los asambleístas parados en corrillos y conciliábulos para acordar las votaciones.
En privado. El verdadero Pleno se celebró con los asambleístas parados en corrillos y conciliábulos para acordar las votaciones. (Hamilton López / expreso)
No podía ser más revelador y más simbólico: cada vez que el Pleno de la Asamblea Nacional debate la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, las decisiones importantes terminan tomándose (como cuando las familias discuten sus problemas de violencia doméstica) en reuniones reservadas. Ayer, finalmente, la ley fue aprobada casi en su integridad. Los vetos presidenciales que, según organizaciones sociales que participaron en el proceso, implicaban retrocesos en la materia, fueron rechazados. Se ensayó un barroco procedimiento de votación para evitar disidencias y, al final de la sesión, casi todos salieron satisfechos.
ROBERTO AGUILAR / QUITO / 24 ENE 2018 / 00:00
En privado. El verdadero Pleno se celebró con los asambleístas parados en corrillos y conciliábulos para acordar las votaciones.
En privado. El verdadero Pleno se celebró con los asambleístas parados en corrillos y conciliábulos para acordar las votaciones. (Hamilton López / expreso)
No podía ser más revelador y más simbólico: cada vez que el Pleno de la Asamblea Nacional debate la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, las decisiones importantes terminan tomándose (como cuando las familias discuten sus problemas de violencia doméstica) en reuniones reservadas. Ayer, finalmente, la ley fue aprobada casi en su integridad. Los vetos presidenciales que, según organizaciones sociales que participaron en el proceso, implicaban retrocesos en la materia, fueron rechazados. Se ensayó un barroco procedimiento de votación para evitar disidencias y, al final de la sesión, casi todos salieron satisfechos.
La sesión de ayer retomó el debate sobre el veto presidencial interrumpido hace 13 días. Si el pasado 10 de enero las bancadas de CREO y SUMA habían guardado un elocuente silencio, en esta fueron los morenistas quienes eligieron no intervenir y prefirieron negociar tras bastidores. Mae Montaño (CREO) y Sebastián Palacios (SUMA) sí tomaron la palabra para respaldar el texto original y rechazar el veto.
¿Qué tiene esta ley que genera tantas prevenciones en el Pleno? ¿Qué clase de prevenciones son esas que los asambleístas se cuidan de expresarlas en público y prefieren negociarlas en privado? Ayer se repitieron las imágenes del 25 de noviembre, cuando se aprobó el texto original de la ley y gente de CREO, SUMA y PSC invadió el estrado de Secretaría para negociar los últimos cambios fuera de debate. Solo que ayer esta invasión fue masiva: el debate había concluido, las mociones para votación habían sido presentadas y la secretaria se disponía a proceder cuando, de pronto, se vio otra vez rodeada por un grupo creciente de asambleístas, muchos de los cuales no habían tomado la palabra pero, al parecer, tenían harto que decir.
En segundos, la sesión del Pleno se trasladó a la Secretaría. Ahí tuvo lugar el verdadero debate, que no fue público. Estaban los morenistas que defendían el veto; los correístas que se les oponen; la gente de CREO y SUMA que ya protagonizó la invasión del 25 de noviembre... Los que pelearon por la ley original, con Dallyana Passailaigue a la cabeza, se acercaron también para evitar sorpresas; hasta el presidente José Serrano descendió de sus alturas y se unió al grupo, antes de anunciar quince minutos de receso. Que fueron treinta.
El debate de fondo era de concepto. La intención de la Comisión Ocasional que elaboró la ley era otorgar al problema de la violencia machista una perspectiva de derechos. Carondelet echó atrás y volvió a la vieja perspectiva de considerarla como un tema de Derecho Penal. Las consecuencias de esta visión se tradujeron en tres cambios importantes introducidos por el presidente en la ley: se eliminaba la obligación del Estado de garantizar la reparación integral de las víctimas; se retiraban del presupuesto los recursos económicos necesarios para ejecutar la ley; se incluía un procedimiento penal sumarísimo para el juzgamiento de casos de violencia machista. La Comisión, presidida por la correísta Mónica Alemán, no estaba dispuesta a aprobar estos cambios.
Problema: la ratificación de un texto de ley vetado por el Ejecutivo requiere de las dos terceras partes de los votos del Pleno. En otras palabras: sin el apoyo de los morenistas no habría ley. Un original procedimiento para la votación salvó los muebles. En lugar de votar dos veces (una por los allanamientos al veto y otra por las ratificaciones del texto original) se dividieron las ratificaciones en dos grupos para que el morenismo pudiera rechazar algunas: premio consuelo.
En esta disputa de intereses, los puntos principales se salvaron, pero resultaron perjudicados los hijos de las víctimas de feminicidio. La ley original los consideraba “víctimas indirectas”, y los incluía en los planes de reparación. Ya no. El veto presidencial, que finalmente se incorporará a la ley, elimina este concepto y se desentiende de ellos. Gran logro del morenismo y de esta nueva modalidad parlamentaria inaugurada por José Serrano: el debate en secreto.
Las sanciones continuarán
El presidente José Serrano ratificó ayer que continuará impartiendo clases de buenos modales a los asambleístas. Aquellos que, como Cristina Reyes (PSC), llamen “alcahuetes” a los miembros del CAL, serán sancionados. Dijo también que presentará un recurso contra la juez que concedió una medida de amparo a Reyes.
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