Publicado en la Revista El Observador (diciembre del 2017, edición 102) |  |
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Uno de los delitos más graves que se cometen en contra de la salud de la población es la comercialización de medicamentos caducados. Semanas atrás, varios medios de comunicación dedicaron importantes espacios informativos para dar cuenta a la ciudadanía sobre el operativo denominado “Fármaco IV”, llevado a cabo por la Fiscalía con el respaldo de personal especializado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), cuyo objetivo fue desarticular una organización dedicada (supuestamente) a la falsificación, adulteración de registros sanitarios, y venta en farmacias (especialmente en el sur del país), de fármacos inservibles. Le correspondió a la Fiscalía investigar el caso y presentar las pruebas y acusaciones para que sean los jueces los que llamen a juicio y sentencien (de ser encontrados culpables) a penas de prisión a los autores, cómplices y encubridores, tal como dispone el Código Orgánico Integral Penal.
En primera instancia el Juez de la Función Judicial del Azuay, convocó para el 24 de noviembre a la audiencia preparatoria de juicio, pero se postergó para el 7 de diciembre. Se efectuaron 18 allanamientos, al mismo tiempo, en las provincias de Azuay, Loja, El Oro y Cañar. De acuerdo a la información de las autoridades competentes, desde el 2015 en el país se han decomisado unas 16 toneladas de medicamentos adulterados. “Los involucrados tendrían nexos con redes de Colombia y Perú”. La Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, por delegación de la Procuraduría General del Estado, presentó la acusación particular en la Unidad Judicial Penal de Cuenca, en contra de MEDIVEZA MEDICINAS E INSUMOS CIA.LTDA. Los acusados son María Isabel Tálbot González, Andrés Omar Vásquez Espinoza, Sonia Maribel Vásquez Reinoso, Mauricio Bolívar Tapia Díaz y Milton Polivio Mendoza Cedillo. Las autoridades allanaron un aparente laboratorio en el sector de San Miguel de Putushi, perteneciente a la parroquia de Sayausí en Cuenca. La gente del sector llamaba al lugar como (el campo chino). Este laboratorio clandestino tendría un costo de 500 mil dólares, y el negocio ilegal dejaba ganancias de hasta 100 mil dólares mensuales. ARCSA identificó en farmacias del austro ecuatoriano, un grupo de medicamentos como multivitamínicos, antibióticos, antiinflamatorios, antiulcerosos, antihipertensivos, entre otros, que reportaban en sus etiquetas como fabricantes a laboratorios extranjeros. En los medicamentos constaban números de registros sanitarios inexistentes. Se inspeccionó el local donde venía funcionando MEDIVEZA (legalmente constituida), en las calles Cáñaro y los Manzanares. Técnicos de ARCSA realizaron el seguimiento al recorrido de los productos implicados, desde las farmacias hasta el punto de distribución, comprobando que este proceso se lo realizaba desde una nave de grandes dimensiones en el lugar antes indicado. Agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios (UDAT), determinó el modus operandi y prácticas ilegales en los medicamentos que luego eran comercializados y distribuidos en diversos lugares del país. El martes 25 de julio, anota el Director Nacional Jurídico (e) del Misterio de Salud Pública, Abogado Iván Martínez Cortéz, se desarrolló el operativo con la intervención de la UDAT, GIR, Policía Judicial, Fiscalía y ARCSA. “Se inspeccionaron 13 farmacias en El Oro, Azuay, Cañar y Loja. En Cuenca se allanó una nave que resultó ser un gran laboratorio que reciclaba medicamentos caducados, evidenciando que se realizaban actividades de fabricación, adulteración, producción, comercialización y distribución de medicamentos, en su mayoría caducados. Las pruebas que se encontraron: Contenedor con medicamentos caducados, cuarto de lavandería para el almacenamientos de medicinas expiradas, recipientes llenos de agua con botellas de plástico de jarabes, selladas herméticamente, este proceso era empleado para facilitar el retiro de las etiquetas originales para sustituirlas por otras; productos químicos disolventes sin las precauciones necesarias para evitar la contaminación. Se elaboraba un medicamento denominado “Agua del Carmen”, sin cumplir con los requerimientos básicos de esterilidad e infraestructura; en los baños se acumulaban medicinas no aptos para el uso y consumo humano; cápsulas al granel en fundas plásticas, desconociendo su procedencia, así como fecha de elaboración y composición; una máquina (desemblistadora) que se utiliza para retirar tabletas o cápsulas de un blister original; una tableteadora y una mezcladora; cajas listas para acondicionar los medicamentos para la venta con su empaque externo; cientos de etiquetas de múltiples medicamentos; material publicitario. La infracción que acusa el Ministerio de Salud Pública, es el de falsificación de medicamentos, tipificado en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal, sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Art. 217 “ Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados. La persona que importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o expenda medicamentos o dispositivos médicos falsificados o que incumpla las exigencias normativas a su composición, estabilidad y eficacia, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. “La persona que expenda o despache medicamentos caducados y con ello ponga en peligro la vida o salud de las personas será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión o oficio por seis meses”. “Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con una multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la misma”. Reparación integral En el presente caso, el monto al que asciende los daños y perjuicios causados asciende a más de un millón de dólares. Además, en atención al artículo 77 del COIP, el Ministerio de Salud Pública está solicitando al juez la reparación integral de los daños, por cuanto de las investigaciones se evidencia el afán de causar daño a la comunidad con la provisión de medicamentos no aptos para el consumo humano. Y el cierre definitivo del “laboratorio”. El miércoles 26 de julio de este año, se realizó la audiencia preliminar con la actuación del Fiscal de Guayaquil, Washington Cárdenas, en el Juzgado de la Unidad “D” Judicial Penal de Cuenca, a cargo de Luis Fernando Moreno. En la audiencia el juez concedió la libertad condicional y ordenó la prohibición de ausentarse del país, al señor Andrés Omar Vásquez Espinosa, a su esposa María Isabel Tálbot, y a tres de sus empleados Consecuencias El Observador consultó al Doctor Marco Carrión Calderón, ex Director del Hospital del IESS, profesional de larga experiencia y trayectoria, sobre las consecuencias de tomar medicinas caducadas, respondiendo que las empresas que producen fármacos, colocan en sus envases y cajas, claramente, la fecha de caducidad, después de lo cual, según pasa el tiempo, pueden ir perdiendo su efectividad. No tiene importancia, dijo, que tomemos un fármaco que ha perdido su eficacia si, por ejemplo, tenemos un resfriado, simplemente no aliviaremos los síntomas, pero puede ser un problema serio si sufrimos un ataque para el que necesitamos un fármaco que ya no es todo lo activo que era. Aunque es poco común, algunas medicinas caducadas pueden producir efectos tóxicos, por ejemplo, tetraciclina, penicilina, insulina, antibióticos líquidos. Por todo es desaconsejable el que se use una medicina con fecha de expiración pasada. Reforma La experta en identificación de productos falsificados, María Fernanda Román, integrante de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, informó que se viene impulsando la reforma que tipifica y aumenta las sanciones por comercializar medicamentos caducados, falsificados y adulterados, porque es un delito de salud pública que puede causar la muerte del paciente y que perjudica al Estado.
En este sentido, ha explicado que busca una reforma, cuyo texto esté mejor redactado, tenga más definiciones y se pueda “realmente” sancionar a los delincuentes con un artículo nuevo. Por ejemplo, señaló, en Colombia estos delitos son sancionados con penas de 5 a 10 años, y en Perú hasta con15 años. La experta también ha respaldado la propuesta del Ministerio de Salud Pública, para aumentar de 5 a 8 años la pena por este tipo de delitos. La ley actual prevé privación de libertad de 3 a 5 años. Aclaró, además, que un medicamento falsificado puede ser de marca o genérico, no cumple con ninguna condición de calidad ni de eficacia para el paciente. Las fábricas y laboratorios clandestinos que realizan este tipo de productos se instalan en casas en condiciones muy lamentables de producción.
Nuevos y mejores controles El Observador también se contactó con la asambleísta Poly Ugarte, miembro de la Comisión de Salud, para conocer su opinión sobre este tema que ha conmocionado a la ciudadanía, señalando que se ha exigido a las autoridades sanitarias otro tipo de controles. “Estamos trabajando en el Código Orgánico de la Salud para que se garantice a la población medicamentos de calidad, para evitar el ingreso de medicamentos falsificados o copias, y que no participen en la subasta inversa, medicamentos sin registro sanitario, porque hoy se acepta que el registro sanitario esté en trámite, mientras se adjudican las subastas, y no podemos seguir permitiendo”. En la empresa “Mediveza” se procedía con la adulteración y falsificación de medicamentos, para lo cual primero debió instalar un laboratorio que contaba con maquinaria de blisterado, selladoras, etiquetadoras, encapsuladoras, para colocar fechas de caducidad adulteradas, y registro sanitario falso. Además, agregó la asambleísta Ugarte: ¿cómo era posible que esta empresa haya operado en el país alrededor de tres años, importando aproximadamente 30 toneladas de medicamentos caducados, y recién se han dado cuenta de tan terrible daño a la población ecuatoriana?. “No es posible que en el país se permita importar a cualquier empresa, y no exista ningún filtro para pasar los controles sanitarios y aduaneros. Se está jugando con la salud de los ecuatorianos, subrayó. Sobre el tema solicitamos vía correo electrónico, la opinión a la Dra. Florencia Neira Alvarado, Coordinadora Zonal 6 de la ARCSA. Esta fue su respuesta: La evolución de los pueblos en el tiempo va marcando la urgencia de atender sus necesidades cambiantes a través de políticas de estado eficaces, así el dinamismo de la historia impone a los gobiernos la obligación de ajustar las leyes a aquellas necesidades. Con esta premisa, aprobamos la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, actualizando su normativa a lo que consideramos son nuestros derechos y responsabilidades, consagrando de manera explícita el derecho a la salud de los ciudadanos como un derecho del buen vivir. La construcción del nuevo estado de Derechos implicaba naturalmente configurar el andamiaje institucional adecuado para el cumplimiento de los objetivos constitucionales, y en la cuna de este contexto nace la AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, Arcsa, creada mediante el DE 1290 publicado en el Registro Oficial Nro. 788 de septiembre 13 de 2012, como entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública y como el organismo técnico encargado de la vigilancia y control de medicamentos, entre otros, relacionados con la salud. El derecho a la salud Dentro de los conceptos doctrinarios que dieron lugar a la Constitución, ésta declara que el cuidado de la salud está garantizado por el Sistema Nacional de Salud, el cual se halla conformado por las instituciones relacionadas con el mismo, señalando que la red pública integral de salud será parte del mismo sistema y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales por una parte y, por otra responsabiliza a la autoridad sanitaria nacional el normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud. Paralelamente la misma Constitución determina como una responsabilidad sobre la atención de salud el “Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional (…)”. De manera categórica la Constitución declara que “En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud púbica prevalecerán sobre los intereses económicos y comerciales”. ARCSA y sus competencias De lo brevemente descrito en líneas anteriores como fundamento teórico, se desprende el accionar concreto de Arcsa que, dentro de sus competencias tiene la obligación de controlar la calidad de medicamentos. Dentro de este marco Arcsa como integrante del Sistema Nacional de Salud, tuvo su intervención dentro del Operativo “Fármaco IV”, realizado en Cuenca el 25 de julio pasado, intervención de carácter obligatorio para responder a la convocatoria de otras entidades que la requerían para sus indagaciones, asumiendo su obligación de laborar como parte del conjunto articulado de establecimientos estatales. Los técnicos de la Coordinación Zonal 6, fueron convocados la víspera del operativo para la valoración y análisis de los medicamentos destinados a la comercialización en lo concerniente al riesgo en el que se encuentra el consumidor de fármacos que carecen de registro sanitario y de los requisitos señalados en la normativa detallada y vigente para esta regulación. El gran volumen de medicamentos encontrados en una espacio amplio requirió del trabajo de los técnicos por más de tres semanas en la nave de los mismos, y luego del hallazgo de múltiples incumplimientos el fiscal del caso inició el proceso judicial en contra de los presuntos responsables, en base al artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que concibe como delito y sanciona la comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados que, por sus condiciones no garantizan su inocuidad y lesionan el derecho a la salud de la población. De esta manera Arcsa cumplió con su responsabilidad constitucional de controlar que la población tenga acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, pues en el acceso a éstos priman los intereses de la salud pública sobre los intereses económicos y comerciales. |
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