El Consejo de Participación se convierte en el epicentro de la campaña por la consulta
Los actuales integrantes del Consejo de Participación Social concurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr medidas cautelares contra la consulta popular. Mientras, ex integrantes como David Rosero advierten de la necesidad de establecer un nuevo mecanismo que evite el control por parte del Ejecutivo de esa instancia. El presidente Lenin Moreno llamó a la sociedad civil a proponer integrantes para un Consejo transitorio.
22 de enero del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Tres competencias principales tiene el Consejo de Control y Participación Social: promover el control social y la rendición de cuentas, luchar contra la corrupción y designar a todas las autoridades de control. Esta última facultad es la que más polémica provoca, pues en la práctica significa que el Consejo designa, mediante concursos, a por lo menos 41 funcionarios, entre ellos, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal general del Estado, el Contralor general del Estado, a cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), a cinco miembros del Tribunal Contencioso Electoral, al Procurador general del Estado, a siete superintendentes, a nueve magistrados de la Corte Constitucional, y a diez miembros del Consejo de la Judicatura.
Salir de este esquema institucional, copiado de un modelo similar adoptado en la Venezuela de Chávez, y que, supuestamente, debía mejorar la calidad de las designaciones al sacarlas del ámbito de las maniobras políticas del Legislativo, requeriría de un cambio constitucional. El Gobierno de Lenin Moreno, en lugar de proponer su disolución como se había planteado desde ciertos sectores, optó por proponer en la pregunta tres de la consulta popular que se realizará el 4 de febrero, una renovación del Consejo, su reemplazo por uno transitorio y darle a ese Consejo la pobilidad de "evaluar" el desempeño de los actuales funcionarios.
La pregunta dice textualmente: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar al Consejo de Participación, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones y tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos?". En la práctica, esto podría significar la cesación de cualquiera de los actuales funcionarios, por lo que el control político de un eventual Consejo transitorio se vuelve clave.
Un consejo transitorio reemplazaría al actual Consejo de Participación y podría destituir a no menos de 41 funcionarios.
Para el ex integrante del Consejo, David Rosero, quien milita en la Unidad Popular, hay algunos aspectos a considerar en este proceso. Rosero cree que la integración por medio de ternas enviadas por el Ejecutivo podría ser válida, siempre y cuando se consideren algunos aspectos: "es válida siempre y cuando se cumplan dos aspectos. Que en las siete ternas no estén miembros de Alianza País y que se democratice la integración de las mismas. Planteo para el debate nacional, siete ternas para el Consejo de Participación Transistorio compuestas por hombres y mujeres de la Comisión Nacional Anticorrupción, el Frente Unitario de Trabajadores FUT, la Unión Nacional de Periodistas, los pueblos y nacionalidades (Conaie, Afroecuatorianos y Montubios, los Colegios de Abogados, las Universidades (gremios de docentes y estudiantes) y las cámaras empresariales, mediana y pequeños comerciantes".
Para David Rosero "si no queremos que la institucionalidad pase de un dueño a otro hay que exigir al presidente Moreno desde las calles y en la opinión pública que democratice la integración de las siete ternas al Consejo de Participación Transistorio con los diferentes sectores de la sociedad civil y sin correístas vinculados a la corrupción y al atropello a derechos humanos".
Rosero cree también que "si no queremos que la institucionalidad pase de un dueño a otro hay que exigir al presidente Moreno desde las calles y en la opinión pública que democratice la integración de las siete ternas al Consejo de Participación Transistorio con los diferentes sectores de la sociedad civil y sin correístas vinculados a la corrupción y al atropello a derechos humanos. En la integración del Consejo de Participación Ciudadana definivo por voto popular las organizaciones de la sociedad civil deben postular a los mejores hombres y mujeres. Se debe reformar el decreto 193 (ex decreto 16) que aún mantiene ciertas restricciones al derecho constitucional de asociarse u organizarse".
Moreno: "no me interesa controlar el Consejo"
El presidente Lenin Moreno, de su lado, dijo en una entrevista con periodistas de televisión, desde el Palacio de Gobierno el domingo 21, que la integración del Consejo transitorio podría realizarse con sugerencias de la sociedad civil, aunque anticipó que el Gobierno está preparando un reglamento con algunos requisitos.
"No serán amigos, no serán partidarios, serán personas de trayectoria limpia, de prestigio profesional, sobretodo que estén dispuestas a servir a la Patria", dijo el presidente, y agregó que "no tengo ningún interés en controlarlo (a ese Consejo)".
Para Rosero, el Consejo transitorio sí debe destituir a los funcionarios con relación directa con el régimen de Rafael Correa. "Debe destituir a todas las autoridades correístas impuestas por "palancocracia" como Jalkh y compañía; el Fiscal, CNE, TCE, Ochoa y demás Superintendentes, el Procurador, Corte Constitucional y el Defensor del Pueblo", pero se mostró partidario de mantener en el cargo al contralor Pablo Celi y al Defensor Público Ernesto Pazmiño. quienes en su criterio "han realizado un buen papel, pero igual deben ser evaluados".
Sin embargo, el ex vocal cree que es clave la reforma del reglamento de los concursos que todavía está vigente en el Consejo de Participación.
"Es necesario un nuevo reglamento que contenga al menos cinco elementos para transparentar y evitar la "palancocracia". En los requisitos deben establecerse más prohibiciones para aquellas personas vinculadas en actos de corrupción, también a las que hayan ejercido cargo público en el jerárquico superior de la Función Ejecutiva durante el gobierno anterior. Debe ampliarse la etapa de impugnación ciudadana, esta etapa debe ser al final del proceso entre los mejor puntuados (hoy es al inicio), esto ha generado opacidad en el proceso. También creo que en la etapa de méritos cuando se califiquen las carpetas de los postulantes a autoridades estatales debe realizarse con transparencia, a la luz pública, en presencia de veedores, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Hoy la calificación de méritos se lo hace entre cuatro paredes. En la etapa de prueba de oposición debe establecerse una auditoría al sistema informático y se debe transparentar la realización y la custodia de las preguntas para evitar filtraciones. Los miembros de las cinco funciones del Estado que forman parte de la Comisión de Selección (es decir quiénes califican las carpetas) deben someterse también a concurso transparente para llegar a ser parte de la Comisión de Selección. Hoy las Funciones del Estado nombran a dedo a quiénes califican las carpetas de las autoridades estatales" señaló Rosero.
Pedido a la CIDH
Mientras tanto, Edwin Jarrín, militante correísta quien es esposo de la asambleísta de Alianza PAÍS Soledad Buendía, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido de medidas cautelares contra la consulta popular y la eventual disolución del actual Consejo de Participación.
Jarrín sostuvo que la CIDH le habría concedido el pedido, aunque lo que exhibió en una rueda de prensa el pasado domingo fue solamente la contestación de la CIDH en la que este organismo, con sede en Washington, solicita al Gobierno del Ecuador información sobre algunos aspectos de la denuncia.
Edwin Jarrín sostuvo que la CIDH le habría concedido el pedido, aunque lo que exhibió en una rueda de prensa el pasado domingo fue solamente la contestación de la CIDH en la que este organismo, con sede en Washington, solicita al Gobierno del Ecuador información sobre algunos aspectos de la denuncia.
Edwin Jarrín, y las consejeras Tania Pauker y Sonia Vera presentaron la denuncia el 28 de diciembre, y alegan la “flagrante violación a lo contemplado en el artículo 8, 23 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en consecuencia de los actos inconstitucionales que el presidente Lenin Moreno ha ejecutado a Consulta Popular y Referéndum, sin el dictamen previo de la Corte Constitucional”.
Recién el pasado 20 de enero, la CIDH, por medio de su secretaria adjunta Elizabeth Abi-Mershed, respondió al pedido y solicitó al Gobierno nacional que responda ocho inquietudes sobre el documento enviado por Jarrín. Esto, estimaron abogados conocedores del sistema interamericano de derechos humanos, es un procedimiento de rutina y no significa que la CIDH ya se haya pronunciado a favor de Jarrín o que haya concedido alguna medida cautelar.
En el propio documento mostrado por el consejero, se lee que la CIDH, sin prejuzgar sobre las medidas cautelares, y de acuerdo con el artículo 25(5) de su Reglamento, solicitó al Gobierno información.
La Comisión solicitó información al Ecuador sobre cómo se contabilizaron los 20 días que habría tenido la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la consulta; y si al aprobarse la pregunta tres los vocales del Consejo podrán impugnar la terminación de sus funciones. La CIDH también solicitó información sobre la demanda de inconstitucionalidad de la consulta que fue formulada por asambleístas del correísmo. El organismo interamericano pidió información, además, sobre las fechas y plazos previstos para la realización de la consulta popular y la eventual cesación de los consejeros.
La CIDH puede conceder o negar el pedido de medidas cautelares presentado por los tres consejeros, aunque todavía no se ha pronunciado oficialmente.
La renuncia de Xavier Burbano
No todos los consejeros del Consejo de Participación se sumaron al pedido a la CIDH. Antes, el 19 de diciembre, renunció a su cargo el abogado guayaquileño Xavier Burbano, quien ocupaba una silla en el Consejo. En su carta de renuncia, Burbano, quien retornó a Guayaquil a sus actividades privadas, sostuvo que la pregunta tres "supone una alteración respecto a las causales establecidas en la Ley Orgánica del CPCCS y la Constitución sobre las causales para la cesación de funciones de un consejero". Agregó que el hecho de someter su cargo a una campaña que considera preselitista, "sería una circunstancia que altera drásticamente las reglas contempladas en la Ley y la Constitución, bajo las cuales decidí postularme".
Burbano había cuestionado también que el Ejecutivo convocara a consulta popular, pues la Corte Constitucional aún no resolvía sobre el tema así como que la cesación de los consejeros dependiera de una campaña proselitista por el SÍ o el NO.
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