El carro bomba en San Lorenzo estaba anunciado

Publicado en enero 30, 2018  en La Info  por José Hernández

Encontrar un chivo expiatorio parece deporte nacional. Ahora, tras el carro bombean en San Lorenzo, que según la versión oficial produjo 28 heridos, ya se oye que los responsables fueron guerrilleros colombianos. Y ya. La explicación es tan simple y seductora que ya ha encontrado compradores. Pero no da cuenta del problema que atraviesa el país, desde hace décadas, principalmente en esa zona y también en Manabí.

La prueba: Revista Vanguardia publicó el 3 de abril de 2009, en su número 178, un extenso informe sobre la narcoguerra que ya vivía San Lorenzo y sus alrededores: Campanita, Palma Real, Mataje, Borbón, Río Verde, Camarones… Este pelagato e Iván Flores, –entonces director y editor respectivamente de Vanguardia– recorrimos la zona y hablamos con sus habitantes, oficiales policiales y militares durante algunos días. El diagnóstico fue tan estremecedor que el título del informe lo dice todo: “Ecuador pierde el Norte”. No era una metáfora. Era una alerta sobre una realidad que ya estaba implantada y de la cual estaba perfectamente informado Javier Ponce, entonces ministro de Defensa, y Miguel Carvajal, ministro de Seguridad Interna y Externa. Con ellos se habló en ese momento e incluso los dos ordenaron a sus subordinados en la zona que compartieran sin rodeos información con Vanguardia. Ponce y Carvajal sabían que su gobierno confrontaba una situación compleja y peligrosa. Ponce incluso reconoció que Correa, ocupado en otras tareas, no había dedicado el tiempo que requería la narcoguerra que ya tenía lugar en esa zona.

En claro, a inicios del 2009, ya había conciencia, en parte del sector político y en los mandos policiales, militares, en la Fiscalía y en la Judicatura, de que el Estado no ejercía la plena soberanía en esa zona. Los causantes no solo eran los guerrilleros de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia. Grupos de delincuentes, narcotraficantes y mercenarios, también de Ecuador, pugnaban por obtener el control de los corredores por donde traficaban armas, precursores químicos, droga, medicinas, vituallas…

Un informe de la Unidad de Análisis Político de la Presidencia de la República, con fecha 4 de diciembre de 2008, daba cuenta de lo que ocurría en los cantones fronterizos. La corrupción de las autoridades locales, la fuga de combustibles, los prestadiarios, (créditos con monumentales intereses que de no ser pagados terminan con la muerte) mostraban, en ese informe, que en la Presidencia no solo se conocían los problemas de seguridad sino las consecuencias sociales y políticas de la narcoguerra. El gobierno de Correa conocía que las bandas que asolaban la zona se desplazaban armados, iban a pie o en lancha y habían establecido códigos visuales (ropa tendida) o auditivos (equipos de sonido) para mantenerse a buen recaudo de las incursiones de patrullas militares. No solo eso: conocían sus nombres y sabían que habían establecido un pago mensual a comerciantes o hacendados de la zona (la vacuna). En la calle Imbabura, la más comercial de San Lorenzo, los propietarios de los negocios pagaban, en 2009, extorsiones que iban de $100 a $1500 por mes.

Ese informe, de ocho páginas en Vanguardia, terminaba con una certeza que era, en realidad, una invitación: comunicar al país la magnitud de un problema que, en 2009, mostraba que el Estado estaba perdiendo la guerra contra unos grupos delincuenciales que lo habían desbancado en el norte del país. Y cuyas ramificaciones se extendían por todo el territorio nacional.

El gobierno de Rafael Correa nada dijo al país sobre el narcotráfico y la narcoguerra iniciada por grupos guerrilleros de Colombia pero que generaron aliados y actores nacionales. No solo nada dijo sino que nada hizo frente a un fenómeno que es transnacional y cuya capacidad de crecimiento es directamente proporcional a sus infinitas posibilidades económicas para corromper y comprar conciencias. Correa, que tanto hablaba, prácticamente no dijo nada en contra del narcotráfico. Y cuando lo hizo fue para indultar presos por narcotráfico o para asegurar que esa lacra del narcotráfico no se ha desbordado en Ecuador.

El carro bomba en San Lorenzo no es un hecho aislado. Solo es la comprobación aciaga de que la guerra por el control de esa zona candente del norte del país acaba de escalar de nivel. Y que lo que los ecuatorianos han visto en las películas o en telenovelas pueden vivirlo en su cotidianidad.