¿El mejor ejemplo o una bomba de tiempo?
Hace algunas semanas la Asamblea Nacional recibió a representantes de los órganos de control para su rendición anual de cuentas. El Superintendente (subrogante) de Economía Popular y Solidaria, Guillermo Novoa compareció a nombre de esa institución. La declaración que la cuenta de tuiter que la Asamblea Nacional privilegió fue la siguiente:
“Gracias a la legislación vigente, el sector de la Economía Popular y Solidaria creció a más del doble que el sector bancario. Es el mejor ejemplo de la redistribución de la riqueza y la prevalencia de lo colectivo sobre lo individual”
Comentarla es inevitable. Lo que creció a más del doble que el sector bancario ¿es el número de instituciones?, ¿la cantidad de personas incorporadas al sistema?, ¿los montos de los depósitos?, ¿la colocación de crédito?. ¿Cómo, en cualquiera de estos supuestos, se presume que se está redistribuyendo riqueza? Es urgente vigilar con atención –y preocupación– lo que está pasando con la economía popular y solidaria, y en este caso, específicamente con las cooperativas de ahorro y crédito (COACs) reguladas por la SEPS.
En cualquier país del mundo, la actividad de la intermediación financiera se encuentra fuertemente regulada y supervisada. Se hace para vigilar posibles prácticas de lavado de activos o financiamiento de actividades ilegales; y porque es deber del Estado garantizar a sus ciudadanos cierto nivel de seguridad al tomar una decisión en la que la información es asimétrica y los riesgos podrían ser especialmente graves. Regulaciones apropiadas también permiten tener más y mejores fuentes de financiamiento para el desarrollo del sector privado. Esas fueron las consideraciones por las que la Constituyente de Montecristi resolvió calificar la intermediación financiera como una actividad de “interés público”.
Se creó legislación especializada y una Superintendencia (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – SEPS) dirigida a este otro sistema. La SEPS además contaría con un Consejo Consultivo para que los regulados participen en el diseño de las políticas públicas. Entre esos días y la rendición de cuentas han pasado muchas cosas, y es difícil asegurar que más personas hayan sido incluidas en el sistema en condiciones óptimas. Lo que se suponía debía ser regulación apropiada se convirtió en gran flexibilidad:
El primer presidente del Consejo Consultivo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria fue procesado y sentenciado por lavado de activos mientras la cooperativa (COOPERA) que dirigía entraba en liquidación perjudicando a miles de personas. Poco antes de que esto suceda, fue el candidato número 14 en la lista de asambleístas nacionales del Movimiento PAIS para las elecciones del 2013.
Se han creado reglas diferenciadas respecto de los bancos que no necesariamente redundan en mejores servicios financieros para los socios del sistema popular y solidario: mientras la banca reporta su cartera de riesgo desde el día 16 de no pago, las cooperativas están obligadas al mismo reporte a partir del día 36. Con esta información se calcula la morosidad de la institución y se realizan provisiones (el respaldo para cubrir la cartera que eventualmente quedará impaga).
Según el segmento en que se encuentren, la cooperativa podrá “diferir” su obligación de generar provisiones hasta diciembre del año 2021 y su obligación de cumplir la relación de patrimonio técnico hasta el 2027, sí, dos mil veintiuno en el primer caso y dos mil veintisiete en el otro (¡!).
En la reciente Ley de Reactivación Económica, novena transitoria, se facultó a las cooperativas a que no hagan públicos sus balances. Solo se pretendió dar “legalidad” a algo que ya están haciendo en la Superintendencia, impidiendo así que la información sea conocida oportunamente y que el sistema pueda ser evaluado y discutido públicamente. Aunque la versión original pretendía suspender esta obligación hasta por cinco años, la norma aprobada “solo” les da dos años a las cooperativos en los segmentos 4 y 5 para NO publicar sus balances.
Luego de un crecimiento escandaloso y no regulado del número de cooperativas a las que se les permitió captar dinero de miles de familias del Ecuador, pasamos de 79 COACs en 2011 a 696 en marzo de 2017. Pero en los últimos cuatro años se liquidaron, fusionaron o extinguieron más de 350 cooperativas. ¿Cómo no decir nada sobre esto? ¿No van a preguntarse si en primer lugar debieron haber permitido su creación?
Por si todo esto fuera poco, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria es Patricio Rivera. Este hecho debería ser una preocupación por sí misma ya que se trata de quien en calidad de ministro habría cometido imprecisiones de entre 15 y 20 mil millones de dólares al registrar e informar al país sobre el monto de la deuda pública. Seguramente por eso no fue él, como titular de la Superintendencia, quien compareció ante la Asamblea Nacional.
En los últimos días la prensa reporta una estafa masiva a través de captación de dinero ilegal y oferta de inversión en criptomoneda. ¿Qué están haciendo los supuestos responsables de la educación e inclusión financiera en el país? ¿Compitiendo con los bancos? ¿Generando reglas distintas que incrementan el riesgo moral para luego enorgullecerse de estadísticas que comparan lo incomparable? ¿Es conveniente tener más de 600 cooperativas, o lo que tiene la SEPS es una bomba de tiempo?
Una cuarta parte de los depositantes del sistema financiero ecuatoriano se encuentra en las cooperativas de ahorro y crédito. Entre ellos están los más pobres y excluidos. El Estado les ha fallado en su obligación de supervisar el sistema y hacerlo sin ligerezas, privilegiando las decisiones técnicas sobre las políticas que tanto daño le han hecho.
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