El observador

 CARTA AL PRESIDENTE NOBOA

TEMA: Preocupación por la criminalización y sentencia injusta de 29 defensores de derechos humanos y de la naturaleza relacionados al proyecto minero canadiense Curipamba - El Domo en la provincia de Bolívar, Ecuador.

Estimadas y estimados,

Las organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas, canadienses e internacionales que suscribimos, expresamos nuestra profunda preocupación por la criminalización sistemática de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza de la provincia de Bolívar, Ecuador, debido a su legítima y pacífica oposición al proyecto minero Curipamba-El Domo, operado por Curimining S.A., filial de las empresas canadienses Silvercorp Metals Inc. (75%) y Salazar Resources Ltd. (25%).

CONTEXTO

Desde 2006, las comunidades del cantón Las Naves han exigido su derecho a participar de forma activa, integral y efectiva en la toma de decisiones sobre el proyecto minero Curipamba-El Domo. Este proyecto amenaza sus territorios, su salud, sus medios de vida y las fuentes hídricas que nacen en el cerro “El Domo”, que conforman algunas cabeceras principales de la cuenca del río Guayas, que abastece a casi el 40% de la población ecuatoriana.

En 2023, el gobierno ecuatoriano, en contubernio con Curimining, realizó una supuesta consulta ambiental con muchas irregularidades y en contradicción con los marcos legales nacionales e internacionales que establecen normas para las consultas comunitarias. Entre ellos, se impusieron plazos irrazonablemente cortos, se entregó información sesgada, hubo presencia policial excesiva e intimidante y militarización del territorio, además de criminalización de líderes comunitarios indígenas, montubios y campesinos. Al final, solo se consultó a un poco más de 100 personas, cuando más de 7000 personas están directamente afectadas. Con base en esta consulta ilegítima, el gobierno de Daniel Noboa otorgó la licencia ambiental y los demás permisos a Curimining para iniciar la explotación a cielo abierto y subterránea a principios del año 2024.

CRIMINALIZACIÓN DE 29 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

En el marco de este controvertido proceso de otorgación de licencia ambiental para lo que sería la tercera mina a cielo abierto de escala industrial en Ecuador, decenas de defensores de derechos humanos y de la naturaleza de las provincias Bolívar y Los Ríos han sido criminalizados y condenados sin pruebas sólidas ni motivación jurídica adecuada por un sistema judicial cuestionado por corrupción, falta de independencia del poder de turno y alineación con los intereses de las empresas mineras:

●      Desde 2021, más de 50 procesos de investigación penal han sido abiertos en contra de defensores por presuntos delitos como asociación ilícita, violación de la propiedad privada, ataque o resistencia, lesiones y secuestro, todos derivados de su participación en reuniones públicas y protestas pacíficas en contra del proyecto minero Curipamba-El Domo;

●      15 de estos procesos siguen abiertos en los cuales 29 defensores han sido denunciados por personas vinculadas a Curimining S.A.

●      13 defensores ya han recibido sentencias condenatorias injustas con penas de hasta 4 años de prisión, sin la existencia de pruebas contundentes de los presuntos delitos.

●      Una persona adulta mayor fue encarcelada por 70 días entre octubre y diciembre de 2024.

Estos procesos ocurren en medio de una crisis penitenciaria en Ecuador sin precedentes que pone en peligro la vida de personas defensoras que son condenadas a la privación de la libertad.

Es especialmente preocupante que detrás de todas estas denuncias penales contra defensores estén las empresas mineras, junto a sus aliados, incluso abogados de un estudio jurídico de la ciudad de Quito y funcionarios del sistema judicial. Según testimonios de miembros de la Policía Nacional, incluso partes policiales habrían sido elaborados por la Fiscalía. Esto evidencia una estrategia coordinada de criminalización que busca infundir miedo, obstaculizar la defensa legítima de los derechos humanos y deslegitimar a las y los defensores como interlocutores válidos frente al proyecto minero.

Además, algunos de los tribunales han intentado impedir la participación de organizaciones nacionales e internacionales como veedoras en las audiencias, lo que pone en cuestión la transparencia del proceso judicial.

POSTURA DE LOS ESTADOS

La postura del Estado ecuatoriano frente a los proyectos mineros contradice sus compromisos internacionales en materia de derechos socioambientales. Aunque Ecuador ha liderado el desarrollo del Plan de Acción para personas defensoras ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú, ratificado en 2020, en la práctica permite y promueve la criminalización de quienes ejercen este rol.

Por su parte, Canadá tiene la obligación internacional de prevenir violaciones de derechos humanos por parte de empresas con sede en su territorio que operan en el extranjero. Sin embargo, todo esto ocurre al mismo tiempo que Canadá y Ecuador concluyen la negociación de un tratado de libre comercio que incluye un mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estado (ISDS), sin haber realizado una evaluación previa de sus impactos en los derechos humanos y de la naturaleza, pese a múltiples solicitudes de la sociedad civil. Este tratado ha sido ampliamente rechazado por comunidades afectadas por la minería canadiense en Ecuador y por organizaciones canadienses por la falta de consulta previa adecuada, la opacidad en el proceso y su potencial para exacerbar la violencia en territorios Indígenas y campesinas.

Las organizaciones de la sociedad civil organizada y representantes de movimientos sociales que suscribimos esta carta abierta exigimos:

A las autoridades ecuatorianas:

●      Archivar de inmediato las investigaciones fiscales y los procesos penales contra defensores de derechos humanos y de la naturaleza relacionados con el proyecto El Domo–Curipamba. Defender derechos no es delito.

●      Asegurar que todos los defensores de derechos humanos y de la naturaleza criminalizados puedan ejercer su derecho a un juicio justo, transparente e imparcial, y anular cualquier sentencia que haya resultado de procesos judiciales plagados de irregularidades, ilegalidades y falta de transparencia.

●      Respetar los derechos a la libre expresión, asociación, protesta pacífica y al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades afectadas.

●      Desmilitarizar Las Naves y cesar la presencia de fuerzas armadas en el territorio.

●      No aprobar ni ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador, especialmente si este incluye el mecanismo de arbitraje internacional. En consecuencia, derogar el Decreto Ejecutivo 501, que contradice la decisión tomada por el pueblo ecuatoriano en el referéndum celebrada el 21 de abril de 2024, el mismo que tiene carácter vinculante. Este TLC no conviene a los pueblos, ni a los territorios, ni a la naturaleza. 

A las autoridades canadienses:

●      Implementar «Voces en Riesgo: Directrices de Canadá sobre el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos», y apoyar de manera pública a las personas defensoras y a su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos, sus territorios y las fuentes de agua. Esto puede tomar varias formas, incluyendo reunirse con representantes de las comunidades afectadas, observar los juicios contra los defensores criminalizados y expresar públicamente su preocupación a las autoridades del Ecuador por los múltiples casos de hostigamiento, criminalización y sentencia condenatoria de los defensores.

●      No aprobar ni ratificar el tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador, especialmente si este incluye el mecanismo de arbitraje internacional. Este tratado amenaza los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, sus territorios, y a la naturaleza.

A las compañías Curimining S.A., Silvercorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd:

●      Cesar de inmediato la criminalización y el hostigamiento contra defensores y comunidades afectadas por el proyecto Curipamba – El Domo.

●      Suspender sus actividades y evaluar los impactos ambientales, especialmente sobre fuentes hídricas, conforme a la legislación ecuatoriana y los estándares internacionales.

●      Detener cualquier presión para favorecer el tratado de libre comercio entre Canadá y Ecuador y medidas como la militarización de las zonas de influencia de los proyectos mineros y el Decreto 501, que vulneran derechos y abren la puerta a demandas arbitrales contra el Estado ecuatoriano.