martes, 22 de julio de 2025

 

Justicia en crisis

Dic 2, 2024

Por Simón Zavala

Todos los estudiosos de los sistemas de administración de justicia del mundo sostienen que una sociedad que tiene un sistema de justicia corrupto, es una sociedad condenada al fracaso en todos los órdenes. Es una sociedad fallida, en la que, independientemente de que existan ciudadanos con buenas propuestas para un cambio social, jueces y operadores de justicia honestos y sapientes, y ciudadanos que claman por una justicia imparcial y correcta, si esa administración de justicia está secuestrada por mafias de diferentes tipos delictivos, esa sociedad no cambiará y se acostumbrará a mirar con naturalidad las peores injusticias. En nuestro país, la sociedad ecuatoriana, excepto sus secuestradores, tiene una inmensa desconfianza en la función justicia, porque considera que en ésta hay mucha corrupción, no hay independencia judicial y que el tráfico de influencias es evidente; que está sometida a la influencia política, que la mayoría de jueces y fiscales están sujetos a las órdenes de capos de la política y, que la designación y remoción de jueces y fiscales responde a los designios de esos capos y de sus agrupaciones políticas legalmente reconocidas y de las que actúan fuera de la ley. Sin embargo, y esto es alentador, una buena parte de la colectividad reconoce que hay jueces y fiscales correctos que actúan apegados al derecho y al principio de imparcialidad.

Algunos observatorios sobre la administración de justicia ecuatoriana señalan como un aspecto fundamental de lo negativo de ésta, a la corrupción como factor determinante de su principal deterioro, por las denuncias y comprobaciones del pago de sobornos para obtener resoluciones que favorecen a implicados directos e indirectos en los casos más sonados de estos últimos tiempos y por consiguiente la falta de transparencia en las actuaciones y en la toma de decisiones judiciales. También han detectado otros problemas, como la ineficiencia y lentitud en la resolución de las causas; la falta de información y orientación para los ciudadanos sobre cómo acceder a la justicia y cómo opera el sistema judicial;  la percepción y en la mayoría de los casos la casi seguridad de que los jueces y fiscales no son imparciales y que toman decisiones basadas en intereses personales o políticos; la falta de respeto a los derechos humanos de los usuarios por parte de los operadores de justicia y la casi convicción de que en la administración de justicia de nuestro país no se protege adecuadamente a las víctimas de delitos y abusos.

En términos generales se puede señalar que la administración de justicia en Ecuador enfrenta varios desafíos relacionados con la corrupción. Algunos de los principales problemas detectados por estos Observatorios y analistas  incluyen: a) Sensación de impunidad por parte de usuarios y Abogados litigantes y la percepción de que los funcionarios de otras funciones del Estado y políticos fuertes pueden actuar con impunidad sobre los operadores de justicia, sin temor a ser castigados por sus acciones corruptas; b) La concentración de poder en capos de la política con nexos con las diferentes agrupaciones delictivas, y su ejercicio de chantaje, extorsión y amenazas a  muchos operadores de justicia, para que se den las decisiones judiciales que ordenan; c) La falta de transparencia y rendición de cuentas de quienes expiden esas decisiones y la inacción de autoridades que tienen la obligación de exigir a los operadores de justicia esas cuentas y establecer mecanismos de evaluación permanentes de las resoluciones y actuaciones de esos funcionarios de justicia; d) Desconfianza en la función pública, en la que incluyen a los operadores de justicia, pues existe la percepción de que los funcionarios públicos están más interesados en su propio beneficio que en servir a la ciudadanía; e) Falta de recursos humanos, materiales y tecnológicos y falta de capacidades congnitivas de un buen número de operadores judiciales en el desempeño de sus funciones, que afectan a una marcha más expedita de la tramitología judicial y fiscal.

Estos problemas han llevado a una opinión generalizada de corrupción en la administración de justicia en Ecuador, lo que puede tener graves consecuencias para la democracia y el Estado de Justicia y Derecho de nuestro país. Pero, la sociedad ecuatoriana también debe, y de hecho un gran número de ciudadanos lo percibe bien, que pese a esta problemática se está observando como Fiscales y Jueces de distintos niveles, especialmente en el campo penal, vienen actuando – aún con amenazas y asesinatos de funcionarios públicos – con estricto apego a la ley, al debido proceso, a las pruebas actuadas, en los diferentes juicios penales que se vienen ventilando en judicaturas, Cortes y Fiscalías. Y esto hay que valorarlo y resaltarlo, porque es un inicio de la recuperación institucionalidad desde adentro; esto es, desde el cáncer interno de la corrupción judicial.

Los jueces, fiscales y abogados tienen un papel fundamental en la administración de justicia en el Ecuador. En términos de proponer ideas que pueden ser o no acogidas por los operadores de justicia propongo algunas que pueden aportar para mejorar esa administración y que se derivan de los problemas detectados: a) Todos, no sólo jueces y fiscales, todos los operadores de justicia tienen que actuar con total independencia e imparcialidad en la toma de resoluciones judiciales; b) Participar en programas de capacitación y formación para mejorar sus habilidades, destrezas y conocimientos; c) Implementar sistemas de gestión de casos para agilizar la resolución de causas y reformar disposiciones procesales que permiten dilatar las causas. Por ejemplo, y lo digo porque soy Abogado litigante, tienen que eliminarse algunos tipos de Audiencias y, el que en audiencias finales, los jueces de primera instancia tengan que en ese momento resolver la causa. Eso es lo más inadecuado judicialmente. Los jueces deben tener un tiempo para luego de escuchar a las partes resolver lo pertinente y motivar explicita y fundamentadamente sus resoluciones como lo dispone la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Esta etapa del desarrollo procesal ha ocasionado serios perjuicios a quienes probaron sus fundamentos de hecho y de derecho y, al final, porque el juez quedó impresionado por la labia y las leguleyadas de un locuaz abogado, recibieron una sentencia en contra. Los jueces pierden muchísimo tiempo en audiencias fallidas y en audiencias insubstanciales y, la consecuencia, es una mayor demora en el trámite procesal; d) Mantener una permanente comunicación con las partes, pues esto permitiría, a lo mejor, que se llegue a una conciliación que termine el proceso; y e) Actuar con transparencia y probidad y estar dispuestos a rendir cuentas sobre sus acciones y decisiones legales.

También creo que en un gran plan de reestructurar la administración de justicia en Ecuador, los Abogados tenemos la obligación moral de participar decididamente. Lamentablemente, en Ecuador, algunos abogados han sido criticados por su comportamiento poco ético y su falta de profesionalismo. A continuación, ofrezco algunos ejemplos de comportamientos que conozco y han llevado que casi todos los abogados seamos considerados como “pillos con título” y faltos de ética profesional: a) Corrupción: Algunos abogados han sido acusados de aceptar sobornos para venderse a la otra parte o de ofrecer sobornos a jueces, fiscales o otros funcionarios para influir en la resolución de casos o de ser intermediarios para vender sentencias y otro tipo de resoluciones judiciales; b) Abuso de la confianza: Algunos abogados han sido acusados de abusar de la confianza de sus clientes, utilizando información confidencial para beneficio personal o para dañar a sus clientes; o pactando por debajo de los intereses de sus clientes; c) Falta de transparencia: Algunos abogados han sido criticados por falta de transparencia en sus actuaciones, no informando a sus clientes sobre los avances de sus casos o no proporcionando información clara sobre los costes judiciales y honorarios; d) Conducta deshonesta: Algunos abogados han sido acusados de conducta deshonesta, como mentir, engañar o manipular a sus clientes, oponentes o jueces y fiscales; e) Incumplimiento de las normas éticas: algunos abogados han sido cuestionados por incumplir con las normas éticas establecidas por los Estatutos de los Colegios de Abogados del Ecuador, como no respetar la confidencialidad, no actuar con integridad o no respetar los derechos de los clientes; f) Uso de tácticas dilatorias: Algunos abogados han sido objetados e inclusive sancionados por utilizar tácticas dilatorias para retrasar la resolución de casos, lo que puede generar costes adicionales y estrés para los clientes.

Es importante destacar que no todos los abogados en Ecuador se comportan de esta manera, y que muchos abogados son profesionales éticos y respetuosos que trabajan arduamente para defender los intereses de sus clientes. Sin embargo, es necesario – le duela a quien le duela – abordar estos problemas y trabajar para mejorar la ética y la profesionalidad en la abogacía ecuatoriana.

En resumen, los jueces, fiscales y abogados en ejercicio profesional tienen un papel fundamental en la administración de justicia en el Ecuador. Al mantener la independencia, imparcialidad y la ética profesional, y al colaborar y coordinarse entre sí, pueden contribuir a mejorar la administración de justicia y garantizar la resolución de causas de manera justa y eficiente.

Los Colegios de Abogados y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador también deben participar activamente en este deseo de los ecuatorianos de reestructurar debida, ordenada y legalmente la administración de justicia. Deben constituirse en una potente voz social que opine sobre la problemática nacional, ofrezca ideas y propuestas en el ámbito jurídico para mejorar la legislación nacional, poner a andar a los Tribunales de Honor para sancionar a los Abogados deshonestos y, por lo menos, reformar la Ley de Federación de Abogados que es totalmente obsoleta y que actualmente no sirve para nada. Qué paradójico que los Abogados no tengamos un instrumento legal para la defensa y protección de nuestros derechos.

 

Reformas importantes  II

Abr 7, 2025

Por Simón Zavala

En mi anterior artículo manifesté que soy partidario de que en nuestro país vayamos lo más pronto posible a una Asamblea Constituyente porque se requieren algunos cambios importantísimos para mejorar la calidad intelectual y ética de quienes deben dirigir y cumplir funciones esenciales, así como disminuir gastos improductivos y recursos económicos que pueden ser utilizados en programas de salud, educación, desarrollo cultural, seguridad y generación de empleo e inversión social. Señalé que el Presidente de la República, públicamente ha expresado que si es elegido en el próximo proceso electoral como primer mandatario, convocará a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano resuelva la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución con las reformas imprescindibles que nuestro país requiere a fin de seguir adelante. En ese orden, yo considero que deben tomarse en cuenta las siguientes propuestas:

1.- Recuperación de nuestro mar territorial y salida de nuestro país de la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), reafirmando la tesis de 200 millas marinas y sus riquezas en favor de los ecuatorianos. Todos los gobiernos, civiles y militares de nuestro país, desde la suscripción de la Declaración de Santiago de 1952  que determina en forma expresa un mar territorial de 200 millas, han mantenido y defendido ésta tesis, que incluye el espacio aéreo, la órbita geoestacionaria y una parte de la Antártida, así como la Cordillera subterránea de Manta llamada también de Carnegie sumamente rica “con cerca de cien mil millones de t de nódulos polimetálicos de manganeso, mineral estratégico hasta para producir bombas nucleares y medicinas contra el cáncer” (diario Expreso,3 de noviembre de 2022, José Arrobo Reyes). En el 2012, 61 asambleístas, bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva, aprobaron en ese organismo legislativo que el Ecuador ingrese en la CONVEMAR y se someta a sus disposiciones legales y a sus Tribunales. Esto fue ratificado por Rafael Correa, que expidió el Decreto 1238 de 15 de julio de 2012, publicado en Registro Oficial No. 759 de 2 de agosto de 2012. En el 2021 la cereza del pastel la puso Guillermo Laso que en acuerdo con los Asambleístas,  objetó parcialmente al texto que reformaba los artículos del Código Civil que ratificaban las 12 millas de mar territorial que le envió la Asamblea para el ejecútese, devolviéndole a la Asamblea el mismo texto pero con otra redacción, con las mismas frases claves para reafirmar un mar territorial de 12 millas para Ecuador,  Y 116 asambleístas, en agosto del 2021, aprobaron las reformas al Código Civil por las que se ratifica un mar territorial de 12 millas En la práctica, Ecuador perdió 188 millas de su mar territorial, una buena parte de su futuro en el campo de la alimentación marina y casi la totalidad de los inmensos recursos minerales y metálicos que teníamos bajo el mar.

2.- Reestructurar totalmente lo que se refiere al Enjuiciamiento Político del Presidente y Vicepresidente, Ministros de Estado y otras altas autoridades del país, puesto que, este enjuiciamiento ha perdido completamente su esencia y su seriedad como una institución de evaluación importante de justicia político-jurídica para convertirse en un mecanismo sainete de extorsión política. No puede ser posible que un grupo de legisladores, de cualquier partido político, el momento que “le venga en gana” o “tenga un interés de cualquier tipo”, reuniendo firmas, utilice el juicio político para presionar, chantajear, “negociar” o golpear políticamente a un gobierno que no ha cedido frente a sus requerimientos protervos. Ni es conveniente para el país que los ciudadanos tengamos que presenciar una fila larga de Ministros o de otras autoridades, que están en la cola, llamados a juicio por razones insignificantes. Se hace necesario, entonces, puntualizar requisitos exigentes y de alto valor jurídico y contenido político para que un Mandatario o un Ministro o una autoridad sea enjuiciado por el organismo legislativo.

3.- Otro aspecto que necesariamente debe tomarse en cuenta es la reestructuración de la administración de justicia, desde la designación de los jueces de las Cortes que debe estar en manos de la Academia de nuestras Universidades, de la Federación Nacional de Abogados y de los Colegios Provinciales de Abogados, pasando  por las reformas legales necesarias para agilitar la resolución de los procesos judiciales; esto es, eliminar las generalizaciones y ambigüedades de las disposiciones legales, especialmente penales, que han servido para que ciertos jueces las interpreten como les “viene en gana” y se institucionalice la impunidad y los pagos por fallos; eliminar esa cantidad de audiencias que en el campo procesal civil tienen que realizarse y que restan el tiempo y el trabajo laboral a los jueces que deben presidirlas así como la obligatoriedad de expedir  sentencias a la finalización de la última audiencia, que ha provocado la expedición de horrendos fallos que son, en muchísimos casos, verdaderos bodrios jurídicos; y la constitución de Salas de la Corte Nacional en las Provincias, para que los usuarios que presentan especialmente recursos de Casación no tengan que viajar ni contratar Abogados en Quito para su defensa. Igualmente, la entrega de los recursos económicos necesarios para un buen funcionamiento de la administración de justicia y la dotación de todos los elementos tecnológicos que simplifiquen y mejoren el trabajo diario; la capacitación y evaluación permanente de Jueces y Fiscales y  del personal administrativo, así como  el examen constante de sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, pólizas, dinero en efectivo, vehículos, etc. y los de sus familiares más cercanos; el establecimiento de un verdadero sistema de estímulos y de una auténtica carrera judicial y, el aumento del número de jueces y fiscales que se requiere técnicamente para cumplir con el trabajo judicial en sus diferentes especificidades. Creo, además que el Consejo de la Judicatura que debería asumir algunas de estas tareas, debería conformar en cada Provincia grupos de Abogados litigantes para que opinen acerca de qué es lo que se necesita para mejorar la administración de Justicia de nuestro país. Y crear un Fondo Editorial que publique libros jurídicos en las diferentes materias, para que se los entreguen a los Jueces y Fiscales, a fin de que éstos lean, estudien y mejoren intelectualmente. En la vida, en cualquier actividad, siempre es bueno aprender y prepararnos permanentemente, Eso nos nutre y nos convierte en verdaderos seres humanos.

 

Señores miembros del Consejo de la Judicatura

Jul 14, 2025

Por Simón Zavala

Una sociedad tomada por el narcotráfico y por las mafias del crimen nacional e ínter nacional organizado, con brazos políticos en la Institución Legislativa, con campaneros y soplones pagados en casi toda la institucionalidad pública, en la Policía  y en las Fuerzas Armadas de un país, con sectores privados coimadores, lavadores de dinero y facilitadores de transportación de droga por aire, mar y tierra,  con voceros de todo tipo, troles y intelectualoides que fungen de defensores de imagen y discursos  sustentados en la justicia social; si no quiere dejar de existir,  necesariamente,  debe construir una Administración de Justicia proba, honesta y capaz, con Juristas de muchos conocimientos y experiencia, con capacitación permanente, con una carrera judicial sólida y con una legislación adecuada a los cambios del mundo. Cualquier parecido a la sociedad ecuatoriana no es pura coincidencia. Es una amarga e irrefutable realidad.

No voy a referirme acerca de lo que sucede en la Administración de Justicia en Ecuador, porque esto es hartamente conocido por la ciudadanía. Simplemente me voy a limitar a señalar que en estos momentos existe el instrumento legal que permite una verdadera reestructuración de la Función Judicial ecuatoriana.

La Asamblea Nacional expidió hace pocos días la Ley Orgánica de Integridad Pública, la que en su artículo 269.1, faculta al Consejo de la Judicatura, previo el conocimiento y análisis de los Informes Técnicos, a través del Presidente de este Organismo, declarar en Emergencia a la Función Judicial para el cumplimiento de las siguientes acciones: “a.- Establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales. b.- Reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia. c.- Realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales. d.- Realizar las contrataciones por emergencia que se requieran”. Por cierto, que esta misma disposición legal puntualiza que la resolución de declaratoria de emergencia deberá estar motivada señalando un plazo de duración. También se expresa que este plazo podrá prorrogarse por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura.

En orden a contribuir con algunas ideas para esta reestructuración, señalo lo siguiente:

En lo administrativo, a) es necesario aumentar el número de jueces, fiscales y demás operadores judiciales. Es increíble la acumulación de causas existentes, precisamente porque los operadores de justicia no son los suficientes para atender la demanda. b) Hay que nombrar operadores judiciales, principalmente jueces, fiscales y demás funcionarios, para que cumplan un trabajo complementario. El horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los funcionarios complementarios podrían tener un horario de 5 a 9 de la noche, con pago de sueldo y el respectivo recargo. b) Nombrar un mayor número de funcionarios administrativos para las Judicaturas y Fiscalía, así como funcionarios citadores. c) Nombrar asistentes judiciales para preparar, bajo la dirección de jueces y fiscales, proyectos de sentencias, autos, transcripción de audiencias y dictámenes fiscales. d) Contratar abogados académicos litigantes con gran trayectoria jurídica, experiencia, estudios de post-grado y de especialización y sin problemas sobre su honestidad, para que analicen y resuelvan mediante sentencias los casos represados en las distintas judicaturas. 

Hay que hacer reformas legales inmediatas para: a) Simplificación de procedimientos judiciales a fin de reducir la complejidad y el tiempo necesario para resolver casos. Se deben suprimir una serie de Audiencias que no sirven para nada sino exclusivamente para que Abogados y operadores de justicia, pierdan el tiempo. Actualmente con tantas Audiencias, en las que los operadores de Justicia no pueden tener ningún acercamiento y peor entendimiento a los fundamentos de hecho y de derecho de las controversias judiciales, con los diez o quince minutos que conceden a los Abogados para sus intervenciones y de cinco minutos para réplicas y contra réplicas, lo único que ocurre es que hay una pérdida significativa de tiempo que puede servir para agilizar el trámite y despacho de causas  Sólo deberían existir las Audiencias de Juicio y las de Casación, así como las Audiencias para sustentación y resolución del recurso de revisión penal. b) Utilizar los otros medios alternativos de administración de justicia, como el arbitraje en derecho, la Mediación pública y privada y las Judicaturas de Paz. c) Establecer el recurso de Apelación en la Ley de Mediación y Arbitraje pues esta grave omisión está en contra de expresas disposiciones constitucionales que amparan el derecho de impugnación. d) Puntualizar las diferentes partes que debe tener una Sentencia o Auto Definitivo, así como los dictámenes Fiscales, con el objeto de que el mandamiento constitucional de la Motivación se cumpla estrictamente como señala en forma expresa el literal l (ele) del número 7 del artículo 76 de la norma suprema, que podrán ser los siguientes: I. Jurisdicción y Competencia. Señalamiento de la jurisdicción y competencia del juez o tribunal que emite la sentencia o Auto definitivo. II. Síntesis de los Fundamentos de Hecho y de Derecho: – Resumen de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y de la contestación de la demanda. III. Pretensiones del Actor y del Demandado: – Descripción clara y concreta de las pretensiones del actor y del demandado. IV. Detalle y enunciación específica de Pruebas – Enumeración de cada una de las pruebas presentadas por el actor y por el demandado, una por una. V. Análisis de Pruebas: – Análisis detallado de cada prueba, incluyendo: – Si la prueba se ha practicado legalmente y cómo. -Análisis y debate de si la prueba actuada legalmente prueba jurídicamente o no prueba lo aseverado por el actor y por el demandado. – Conclusión sobre la relevancia y pertinencia de cada prueba. VI. Disposiciones Legales Infringidas: – Señalamiento de las disposiciones legales infringidas o no, y su vinculación con lo expuesto por el actor y el demandado. y las pruebas efectuadas. – Análisis de si se ha probado lo afirmado por las partes. VII. Conclusiones del Juez o Tribunal. Conclusiones del juez o tribunal sobre las retenciones de las partes. VIII.  Resolución del conflicto y sentencia, incluyendo: – La decisión final del juez o tribunal. – Los motivos y fundamentos de la decisión. – Las consecuencias y efectos de la sentencia. Esto evitará que Jueces y Fiscales, interpreten en forma distorsionada la garantía de la Motivación para favorecer a una de las partes procesales. e) Reformar la disposición penal sobre el fraude procesal incluyendo como coautores de este delito a los jueces y fiscales, porque ellos conocen muy bien el desarrollo procesal de una causa y pueden advertir el fraude procesal de una de las partes y, sin embargo, muchos de ellos consienten el fraude procesal y se hacen de la vista gorda, para favorecer a una de las partes procesales. Asimismo, tipificar bien, el abuso del derecho que cometen jueces y fiscales para favorecer a tal o cual parte procesal en detrimento de la otra, incumpliendo con su deber de probidad e imparcialidad. 

Financiamiento de esta nueva etapa de la Administración de Justicia ecuatoriana. Nadie duda de que todos los cambios que se traten de hacer para darle un giro de ciento ochenta grados a la Administración de Justicia de nuestro país requiere de recursos económicos. Estos podrían obtenerse, sin afectar con impuestos a la ciudadanía, mediante lo siguiente: a) Establecer legalmente un porcentaje de la renta petrolera para esta finalidad. ¿Recuerdan ustedes que Fernando Villavicencio denunció en su libro “Made in China” cómo se robaban cuatro dólares por barril de petróleo los intermediarios escogidos por el gobierno en el 2013? Pues, esos cuatro dólares, con una producción diaria de 400.000 mil barriles diarios – promedio – generan un millón seiscientos mil dólares diarios; al año, generarían casi cerca de seiscientos millones y podrían ser destinados a la administración de justicia ecuatoriana

Esto bastaría para solucionar la problemática de la justicia en Ecuador, con los beneficios de todo tipo que se producirían en la sociedad, y en especial tener una gran seguridad jurídica con una administración de justicia proba y de primera. Señores Miembros del Consejo de la Judicatura, tienen la palabra.

 VIOLENCIAS COMO CONDICIÓN DE LOS EXTRACTIVISMOS [1]

Alberto Acosta*

Revista Ecología Política 63

https://www.ecologiapolitica.info/violencias-condicion-extractivismos/ 

El oro es excelentísimo; del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y llega incluso a llevar las almas al paraíso.

Cristóbal Colón[2]

Resumen: Las violencias caminan de la mano de diversos extractivismos: formas de apropiación masiva de bienes naturales, que configuran una modalidad de acumulación entendible dentro de la lógica de la división internacional del trabajo, cargada de una muy larga historia. Sus impactos son inconmensurables y múltiples. Son violencias que golpean, por igual, en el ámbito de la democracia y de la misma economía tanto como en la naturaleza, mucho más allá de los territorios directamente afectados. Son violencias que se expanden y complejizan en la medida en que se interrelaciona esta modalidad de acumulación con diversas formas del crimen organizado. Conocer lo que significan los extractivismos, sus orígenes, su evolución y sus perspectivas nos permitirá entender cómo se da la construcción social de las violencias. Comprender la esencia de este proceso abre la puerta para impulsar salidas destinadas a parar tanta destrucción y, simultáneamente, para construir estrategias que permitan caminar hacia otros horizontes civilizatorios.

Palabras clave: extractivismos, violencias, saqueo, colonización, maldición de la abundancia, desarrollo, progreso.

INTRODUCCIÓN

Páginas y páginas de análisis serían necesarias para dimensionar a cabalidad los pormenores de las múltiples violencias vinculadas a los extractivismos. Los profundos impactos sociales y culturales, psicosociales y de salud pública, al igual que los destrozos de la naturaleza e incluso las afectaciones a los aparatos productivos locales son inconmensurables. Son violencias que impactan, por igual, en el ámbito de la justicia, de la democracia y de la misma economía nacional, mucho más allá de los territorios directamente afectados. Sus impactos aparecen a través de las flexibilizaciones ambientales e inclusive laborales para alentar las inversiones en los diversos extractivismos, así como derivados de las lógicas rentistas, clientelares y autoritarias que conllevan. Todo esto va en línea con el sistemático desmonte de las normas básicas de la seguridad jurídica integral en beneficio de las empresas privadas, sobre todo transnacionales, en un terreno en donde la ilegalidad y la alegalidad trotan juntas. Y estas múltiples violencias se expanden y complejizan más y más en la medida en que esta modalidad de acumulación se interrelaciona con diversas formas del crimen organizado.

Conocer lo que significan los extractivismos y sus orígenes, tanto como su evolución y perspectivas, nos permitirá entender cómo se da la construcción social de las violencias. Eso es lo que proponemos en estas pocas líneas.

DE LAS VIOLENCIAS COLONIALES A LAS REPUBLICANAS

En el terreno práctico, Cristóbal Colón, motivado por acceder a los productos y materias primas de las Indias, con sus cuatro viajes desde 1492, sentó las bases de la dominación colonial, con consecuencias indudablemente presentes hasta nuestros días. Así, paulatinamente se estructuró —de forma violenta— el sistema-mundo capitalista. Los extractivismos, en la actualidad, levantando la promesa del progreso y del desarrollo, se expanden en el mundo, siempre violentando territorios, cuerpos y subjetividades. De hecho, la violencia extractivista hasta podría verse como una forma concreta que toma la violencia estructural del capitalismo en el caso de las sociedades periféricas condenadas a la acumulación primario-exportadora. Tal violencia estructural es su marca de nacimiento, pues —como bien señaló Carlos Marx (2018)— este sistema vino «al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza».

Como elemento fundacional de dicha civilización se consolidó la modalidad de acumulación extractiva, determinada desde entonces por las demandas de los centros del capitalismo metropolitano. Y en este contexto, como veremos más adelante, emergen con creciente fuerza diversas formas del crimen organizado.

En términos amplios hablamos de extractivismos cuando se extraen recursos naturales no renovables en volúmenes altos o bajo procedimientos intensivos; algunos de estos recursos no requieren de procesamiento o se los procesa de manera muy limitada. En su mayoría —no siempre— se trata de grandes montos de inversión y estas actividades provocan efectos macroeconómicos relevantes; ocasionan grandes impactos sociales, ambientales y culturales en los territorios afectados, y al orientarlos a la exportación devienen en commodities. Los extractivismos no se limitan a minerales o petróleo (Gudynas, 2015). Los hay también de tipo agrario, forestal, pesquero. Y, por cierto, sus efectos se esparcen por el resto de la sociedad afectándola e influyendo en los marcos institucionales de justicia y democracia, así como en las economías nacionales e incluso en los países vecinos.

En suma, el concepto «extractivismos», junto con los conceptos «acumulación originaria» (Carlos Marx), «acaparamiento de tierras» (Landnahme, en el sentido de Rosa Luxemburg, 1978), «acumulación por desposesión» (Harvey, 2003) e «extrahección» (Gudynas, 2013), nos permite explicar el saqueo, la acumulación, la concentración, la devastación colonial y neocolonial, así como la evolución del capitalismo moderno. Siguiendo a Gudynas, extraher hace referencia al acto de tomar o quitar con violencia los recursos naturales, atropellando derechos humanos y de la naturaleza. Desde esa perspectiva, en sus palabras, la violencia «no es una consecuencia de un tipo de extracción, sino que es una condición necesaria para poder llevar a cabo la apropiación de recursos naturales».

Aceptando las lecturas legadas por Marx, conocemos de sobra lo que significa el «modo de producción», en tanto particular disposición de las relaciones sociales de producción en una sociedad. En concreto, el modo de producción capitalista crea una modalidad de acumulación que caracteriza y determina la organización del trabajo, incluso la ubicación geográfica y el conocimiento técnico en el uso de las fuerzas productivas, así como los medios y los procesos técnicos empleados y las formas de aprovechamiento de la naturaleza; todo en función de las demandas del capital. Y en este esquema, la imparable mercantilización es el camino a través del que se expande —cual círculos concéntricos— la voracidad del capital, que engulle en sus fauces todas las formas de vida.

Sabemos también que el modo de acumulación primario-exportador dominante en los países periféricos es determinante en las estructuras económicas, sociales e inclusive políticas. Más aún, de él se derivan influencias culturales que terminan en aberraciones como, por ejemplo, una suerte de ADN extractivista enquistado en estas sociedades: amplios segmentos de la población, incluidos ciertos intelectuales y políticos que reniegan del capitalismo, asoman atrapados en las (i)lógicas extractivistas y rentistas.

El capital acumula en cualquier circunstancia. Esa es su esencia y su razón de ser. Ese objetivo se consigue aumentando el plusvalor extraído con la explotación de la fuerza de trabajo. Lucra por igual con la renta de la naturaleza, a través de los extractivismos, por cierto. Y cuando el capital no logra acumular produciendo, busca acumular especulando, incluso mediado por los extractivismos, basta registrar los mercados de futuro del petróleo, los minerales o cereales. De ahí viene la creciente glotonería contemporánea por más y más recursos naturales a los que se mercantiliza incluso antes de extraerlos, todo para cristalizar la acumulación. Esto se registra cada vez con una mayor destrucción de la naturaleza y de las comunidades, sobre todo las cercanas a los lugares de explotación.

En este punto, podemos mencionar otras formas de explotación más sofisticadas, originadas en las propuestas desarrolladas en el marco de diversas cumbres climáticas y en línea con el «consenso de descarbonización» (Bringel y Svampa, 2023), que han derivado en la imparable mercantilización de la naturaleza, con varias opciones de extractivismo verde. Es el caso, a modo de ejemplo, de los mercados de carbono impulsados por el mecanismo de reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques (REDD). Igualmente se podría mencionar la presión extractivista desatada por la transición energética corporativa, que ha aumentado la demanda de minerales como el litio y el cobre para los automóviles eléctricos, o la madera de balsa para los aerogeneradores. Y también influyen aquellas cada vez más agresivas tecnologías que, como el fracking, buscan ampliar la extracción petrolera.

PARADOJAS Y PATOLOGÍAS DE LA MALDICIÓN DE LA ABUNDANCIA

Las historias acumuladas e incluso la evidencia, sin establecer una norma rígida, permiten afirmar que la pobreza económica asoma como consustancial a la disponibilidad de recursos naturales, que determina el funcionamiento de las economías. Así, los países «ricos» en recursos naturales, cuya economía es dependiente de su extracción y exportación, encuentran mayores dificultades para dar bienestar a su gente que los países que no disponen de esas enormes riquezas. Estos países primario-exportadores parecen estar condenados al subdesarrollo; más aún los que disponen de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios. Sus economías y 

sociedades están atrapadas en una lógica perversa conocida en la teoría como «paradoja de la abundancia» o «maldición de los recursos». Para ponerlo en términos provocadores, hablemos de una suerte de «maldición de la abundancia» (Acosta, 2009), que es aún más evidente en aquellas naciones herederas de un cruel origen colonial, que las condenó a seguir alimentando con materias primas la acumulación capitalista globalizada, muchas veces de sus otrora colonizadores.

Así, las violencias —en sus más diversas formas— marcan la vida de los países atrapados por esta «maldición». La miseria de grandes masas parecería ser, por tanto, consustancial a la presencia de ingentes cantidades de recursos naturales (con alta renta diferencial). Esa gran disponibilidad de recursos naturales acentúa la distorsión de las estructuras económicas y de la asignación de factores productivos. En consonancia, muchas veces se redistribuye regresivamente el ingreso nacional, se concentra la riqueza en pocas manos y se incentiva la succión de valor económico desde las periferias hacia los centros capitalistas. Esto genera una dependencia estructural, pues la supervivencia de estos países está subordinada al mercado mundial, donde se cristalizan las demandas de la acumulación global.

A pesar de esas constataciones, los dogmas del libre mercado, transformados en alfa y omega de la economía —ortodoxa— y de la realidad social en general, tozudamente siguen recurriendo al viejo argumento de aprovechar las ventajas comparativas. Este dogma librecambista se complementa con otros: el mercado como regulador inigualable, las privatizaciones como camino único a la eficiencia, la competitividad como virtud por excelencia, la mercantilización de todo aspecto humano y natural…

En suma —como propone Jürgen Schuldt (2005), también para forzar la discusión—, hablamos de países pobres porque son «ricos» en recursos naturales. Y en este empobrecimiento casi estructural, la violencia no solo es determinante, es condición necesaria.

Tengamos presente que las violencias deambulan en diversos ámbitos. Dentro de los países extractivistas, las comunidades en cuyos territorios o vecindades se realizan estas actividades sufren directamente varias violencias socioambientales, culturales, corporales y simbólicas. Esta modalidad de acumulación impacta también porque no requiere del mercado interno e incluso puede funcionar con salarios decrecientes. La renta extractiva mata la presión social que obliga a reinvertir en mejoras de productividad y en el respeto a la naturaleza. Es más, la renta de la naturaleza, en tanto fuente principal de financiamiento de esas economías, tiende a atrofiar las estructuras productivas. Con su accionar, cargado de corrupción y cortoplacismo, estos extractivismos terminan por trabar la planificación económica. Y por igual afloran otras patologías, como la «enfermedad holandesa», la proliferación de la corrupción y de mentalidades rentistas, los conflictos recurrentes entre empresas y comunidades y, en todos los casos, el masivo deterioro del entorno con salida neta de recursos naturales.

Hay más: las compañías extractivistas, en especial extranjeras, junto con Gobiernos nacionales cómplices, construyen un marco jurídico favorable y hasta aprovechan —vía puertas giratorias— que sus propios funcionarios o intermediaros estén incrustados en las instancias gubernamentales, no solo buscando que ingresen al país las inversiones extranjeras, sino, sobre todo, velando para que las reformas legales o inclusive el abierto irrespeto de las leyes les sean ventajosos. Esta relación subordinada a los intereses del mercado extractivista aflora con frecuencia inclusive en las empresas estatales, que actúan de forma parecida a las transnacionales, pero levantando la bandera del nacionalismo…

Los extractivismos permiten que surjan Estados rentistas, autoritarios y paternalistas, cuya incidencia está atada a la capacidad política de gestionar la renta de la naturaleza. Son Estados que al monopolio de la violencia política añaden el monopolio de la riqueza natural. Aunque parezca paradójico, este tipo de Estado, que se desespera por multiplicar permanentemente los ingresos fiscales, muchas veces delega parte sustantiva de las tareas sociales a las empresas extractivistas; es decir, abandona —desde la perspectiva convencional del desarrollo— amplias regiones. En esta desterritorialización del Estado o refeudalización de los territorios (Kaltmeier, 2018), se consolidan respuestas propias de un Estado policial que reprime a las víctimas del sistema al tiempo que declina el cumplimiento de sus obligaciones sociales y económicas, mientras brinda seguridad y defensa a las empresas extractivistas.

La suma de todos estos factores y situaciones incide en el ejercicio político —en especial durante un boom exportador—, profundizando el afán de los gobernantes de eternizarse en el poder, inclusive con el fin de acelerar reformas que a su criterio asoman como indispensables para transformar sociedades «atávicas» desde la todavía dominante visión de la modernidad, que margina y reprime los conocimientos y prácticas de los pueblos originarios particularmente, así como todo aquello que no coincida con su patrón civilizatorio.

Ante la ausencia de acuerdos nacionales para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas, sin respetar los derechos humanos y de la naturaleza, aparecen en escena diversos grupos de poder no cooperativos desesperados por obtener una tajada de la renta de la naturaleza. Así vemos marchar de la mano a las transnacionales y sus aliados criollos, la banca internacional, amplios sectores empresariales y financieros, incluso las Fuerzas Armadas y la Policía, así como algunos segmentos sociales con incidencia política, como la «aristocracia obrera» vinculada a los extractivismos. Así las cosas, en muchos países primario-exportadores, los Gobiernos y las élites dominantes, la nueva clase corporativa, han capturado no solo el Estado (sin mayores contrapesos), sino también medios de comunicación, encuestadoras, consultoras empresariales, universidades, fundaciones y estudios de abogados.

Además, sobre todo en la actualidad, es inocultable el maridaje entre extractivismo y crimen organizado. Como botón de muestra, se sabe muchas veces en dónde existe minería ilegal, incluso vinculada a las bandas criminales, y los Gobiernos no han hecho ni hacen nada para impedirlo. Es más, resulta manifiesta la coexistencia de actividades de las mineras «legales» —que con frecuencia son también ilegales al funcionar atropellando el marco institucional de sus países— con las propiamente ilegales, y de todas, directa o indirectamente, con los capitales del crimen organizado. Esto se da sea porque compran el mineral extraído de forma ilegal o porque incluso las mineras «legales» alientan la actividad ilegal, quizás aprovechando los trabajos de prospección de los mineros ilegales o entregando informaciones de estudios geológicos de yacimientos superficiales a esos mineros, para luego aparecer como salvadores de una situación caótica. También es cada vez más notoria la presencia de comunidades campesinas e indígenas que se pliegan a estas prácticas extractivistas, basta ver las cooperativas mineras en Bolivia.

En este breve recuento se podría mencionar la creciente intromisión de cargamentos de droga en las exportaciones de banano, harina de soja, maíz o café, productos provenientes de monocultivos agroexportadores. En paralelo avanzan imparables la extracción ilícita y la exportación masiva de maderas. Y estas actividades se entrelazan con otras, como el tráfico de personas, de vida silvestre, de combustibles, de armas.

Todo este complejo entramado de actividades lícitas e ilícitas a la postre desemboca en brutales afectaciones a la naturaleza, puesto que no se respetan las áreas naturales protegidas, los territorios indígenas, las selvas y bosques, las cuencas hidrográficas, así como tampoco a las comunidades. Para mencionar un caso dramático, vemos como la Amazonía enfrenta ya no solo los tradicionales emprendimientos extractivistas y procesos de colonización descontrolados, sino que está cada vez más atrapada en la lógica del narcotráfico, incluso transnacional, al haberse convertido también en lugar de producción de la coca y de refinación y tráfico de la cocaína. Es importante comprender estas múltiples y complejas interrelaciones en lo que Fernando Carrión (2024) denomina «la red global del crimen», cuya incidencia configura verdaderos modelos de reproducción de la vida sobre bases de violencias estructurales y lógicas de creciente autoritarismo paraestatal.

En estas sociedades, en consecuencia, hay una inhibidora monomentalidad exportadora que ahoga la creatividad y los incentivos de los empresarios nacionales que, potencialmente, habrían invertido en ramas económicas con alto valor agregado y de retorno. Todo esto lleva a despreciar las capacidades y potencialidades humanas, colectivas y culturales del país. En este entorno se abre la puerta a una suerte de barbarie institucionalizada a través de la normalización de prácticas violentas, lo que hasta naturaliza los continuos irrespetos a derechos humanos y de la naturaleza, así como a la misma institucionalidad de los Estados.

Más allá de algunas diferenciaciones menores, en América Latina, la modalidad de acumulación extractivista está en la médula de la propuesta productiva de los Gobiernos tanto neoliberales como «progresistas». Lo que sí cabe destacar es que estos procesos, diversos y complejos, encontraron un terreno propicio en las presiones neoliberales para «achicar el tamaño del Estado», que, inclusive, abrieron la puerta a nuevas y más violentas actividades ilícitas. Los duros años de la pandemia contribuyeron también en este sentido.

A MÁS EXTRACTIVISMOS, MÁS PATRIARCADO, MÁS COLONIALIDAD Y MENOS DEMOCRACIA

Los extractivismos y sus violencias tienen una larga historia de destrucción y de enajenación. Su presente es aún peor que lo anteriormente experimentado e inclusive las expectativas —al menos inmediatas— auguran una agudización de esta dura realidad.

Estamos frente a una situación perversa pues —con demasiada frecuencia— se acepta el despojo extractivista como el precio a asumir para conseguir el progreso-desarrollo. Así, parecería que no hay capacidad para sacar conclusiones de la dura historia colonial y también republicana de estas economías primario-exportadoras, que explican las raíces de tantos problemas estructurales. El fin de acumular para progresar justifica los medios y los sacrificios a asumir…

En suma, para nada se incorporan en el análisis convencional —esbirro del capital— las aberraciones derivadas de economías atadas históricamente a un esquema de comercio exterior injusto y desigual, incluso en términos ecológicos. Nada se dice de las deudas históricas y ecológicas (no solo climáticas) que deberían asumir las naciones del capitalismo metropolitano. Aquí cabe añadir la biopiratería, impulsada por varias transnacionales que patentan en sus países de origen múltiples plantas y conocimientos indígenas.

En este complejo mundo —donde Estado y mercado se funden en una misma lógica— las violencias patriarcales encuentran territorio fértil. Bastaría ver los papeles de cada grupo humano en los diversos extractivismos: los hombres están destinados a asumir la mayoría de los trabajos «duros», propios para «los machos», en una compulsión derivada del imperativo de la masculinidad (Ortega, 2018), sea en las actividades petroleras, mineras, pesqueras o agroindustriales; mientras la mujeres normalmente se dedican a ocupaciones menos «duras» pero igualmente extenuantes, a más de otras tareas complementarias sobre todo en los enclaves extractivistas, como la prostitución. Y en este escenario la violencia de género y los femicidios están a la orden del día. Sin embargo, son las mujeres quienes, cada vez más, lideran la resistencia y la construcción de alternativas, pues entienden tempranamente los efectos de tanta violencia.

Aquí emerge con fuerza la violencia generada por las empresas extractivistas que avasallan a las comunidades y la violencia estatal, vinculada a la anterior, fundada en reprimir, hostigar, criminalizar y perseguir a los defensores de la vida. Víctimas en primera línea son los pueblos originarios, incluso por ser portadores de otras visiones de mundo contrarias a las lógicas impuestas por la modernidad.

Son muchos y diversos los mecanismos de control territorial utilizados por las empresas extractivistas con el apoyo y protagonismo de los Estados, a través, por ejemplo, de irregulares y abusivas compras de tierra, desalojos respaldados por la fuerza pública y con la complicidad de la justicia. La perversa combinación del poder transnacional-estatal, con el respaldo de los grandes medios de comunicación e inclusive de algunos centros académicos, margina y hasta ataca violentamente a quien se opone o simplemente cuestiona estas actividades.

Así, con este cúmulo de violencias, aprovechándose del manejo clientelar de los servicios públicos, manejados muchas veces por las empresas extractivistas, se logra asegurar el control sobre los territorios, a los que se vacía de su esencia de vida. La mayor erogación pública en actividades clientelares o a través del pago anticipado de regalías reduce las resistencias. Se da una suerte de «pacificación fiscal», dirigida a reducir la protesta social. Ejemplos son los diversos bonos empleados para paliar la extrema pobreza enmarcados en un clientelismo puro y duro, que premia a los grupos sumisos.

Los altos ingresos del Gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos contestatarios o desplazarlos del poder, tanto los que defienden sus territorios como los que demandan derechos políticos y libertades. Estos Gobiernos pueden asignar cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos, incluida la represión a opositores y a quienes critican las «indiscutibles bondades» extractivistas. Además, es común el irrespeto a las consultas socioambientales, por lo que, sin una efectiva participación ciudadana, se vacía la democracia, por más que se consulte repetidamente al pueblo en las urnas.

A la postre, la mayor de las maldiciones es la incapacidad para enfrentar el reto de construir alternativas a la acumulación primario-exportadora que parece eternizarse a pesar de sus inocultables fracasos. Esta es una violencia subjetiva potente que impide tener una visión clara de los orígenes y las consecuencias de los problemas, lo que termina por limitar y hasta impedir la construcción de alternativas.

 CONCLUSIONES: LAS URGENTES DEMANDAS DEL FUTURO

Para concluir, entendamos que los extractivismos y las políticas públicas que los cobijan y alientan forman parte de una suerte de necropolítica (Achille Mbembe dixit) destinada a sostener la civilización de la mercancía y el desperdicio, que se nutre de atropellar la vida. Es más, en la actualidad los extractivismos, con su patrón colonial de violencias presentes en toda la época republicana, se fusionan con nuevos esquemas y dispositivos tecnológicos, comunicacionales y financieros, en los cuales las diversas formas del crimen organizado han permeado casi del todo las economías, así como la vida política y la institucionalidad estatal de estas sociedades.

Entonces, si queremos salir de este manicomio extractivista es preciso adentrarnos en un análisis múltiple y profundo. Todas estas violencias deben ser conocidas, comprendidas y colocadas en el espacio correspondiente para comenzar a superarlas y construir alternativas de salida en clave de transiciones. Las supuestas bondades de los extractivismos, que en realidad no son más que falsas promesas sostenidas por medio de una serie de fábulas, deben desmontarse.

La salida pasa por parar tanta destrucción y construir estrategias para caminar hacia otros horizontes civilizatorios, que superen el espejismo del desarrollo y que, en consecuencia, cuestionen también la búsqueda del progreso, responsable de tantas aberraciones y destrucciones. Para empezar, toca potenciar las luchas de resistencia, que a la vez son de reexistencia, alentando el accionar comunitario sobre bases de un tejido de solidaridades múltiples cada vez más amplio dentro y fuera de los países. Igualmente es preciso incidir en todos los ámbitos de acción estratégica, sin minimizar la capacidad de acción del Estado y mucho menos el potencial de la integración regional y de acción internacional.

Entendamos que la coevolución entre los seres humanos y no humanos hace del posextractivismo una oportunidad insoslayable para enfrentar el colapso climático en marcha. Este es el punto. Nos toca tener como horizonte un mundo donde quepan otros mundos —es decir, en clave pluriversal (Kothari et. al., 2019)—, sin que ninguno de esos mundos sea marginado ni explotado, y donde todos los seres humanos y no humanos vivamos con dignidad y en armonía.

 

Las revelaciones de Daniel Salcedo en la Asamblea: corrupción hospitalaria y el asesinato de Villavicencio

El privado de la libertad dio detalles sobre "presuntos actos de corrupción y redes delictivas enquistadas y de larga data” en el sistema de salud del país.


Daniel Salcedo, sentenciado en múltiples casos de corrupción, rompió el silencio este jueves 17 de julio en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El privado de la libertad describió cómo funciona la corrupción hospitalaria, salpicó a la Revolución Ciudadana (RC) y dio detalles sobre las personas que estarían detrás del asesinato de Fernando Villavicencio.

La mesa legislativa recibió al reo luego de que su abogado enviara un oficio en el que solicita la comparecencia con el objetivo de brindar detalles sobre “presuntos actos de corrupción y redes delictivas enquistadas” en el sistema de salud del país.

Revise: ¿Por qué Daniel Salcedo no quiso salir de 'La Roca', para ofrecer disculpas públicas en el caso Metástasis?

Es así que alrededor de las 16:30 se instaló la reunión, pero antes hubo un breve impasse entre el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, y la asambleísta de la RC, Ana Herrera, quien criticó la intervención de Salcedo y consideró que es una “cortina de humo”.

No obstante, el privado de la libertad empezó diciendo que él pidió ser recibido por la Asamblea tras el atentado que sufrió en la cárcel de Riobamba, en el que su hermano Noé recibió 48 puñaladas.

“Hay un dinero muy fuerte por mi cabeza”, aseguró Salcedo, quien dijo que por el ataque en su contra se pagó 300 mil dólares.

El sentenciado manifestó que todo los problemas que enfrenta es “por el cochino dinero” y que ingresó a esta red de corrupción por la amistad que tenía con Xavier Jordán, uno de los procesados en el caso Metástasis.

Detalló que entregaba dinero a Jordán, que luego servía para financiar campañas políticas, específicamente de la Revolución Ciudadana. “Lo supe por boca de él”, indicó el sujeto, pero lamentó no tener pruebas de aquello.

Revise: Daniel Salcedo comparecerá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea

$!Daniel Salcedo y su abogado comparecen en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

LAS REVELACIONES

Salcedo comentó que en el sistema de salud del Ecuador “hay una unidad clave que se llama Unidad de Requerimientos”, que básicamente es la sección de los hospitales donde nacen los pedidos de cada área (enfermería, traumatología, etc) para insumos médicos.

Entonces, el jefe de esa unidad hace las cotizaciones de acuerdo a las características de los productos que se necesitan. Ahí entraba Salcedo, quien hablaba directamente con las unidades de cada hospital y les pedía que cambien ciertos parámetros de los productos para poder ganar el contrato.

“Así hicimos mucho dinero con Xavier Jordán y Jordán usaba empresas como las de Pablo Mendoza, entre otros”, detalló Salcedo.

Agregó que eran un equipo conformado por Nain Massuh, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Pablo Mendoza y Leonardo Cortazar.

“Como Fernando Villavicencio les estaba tocando duro el bolsillo lo mejor era silenciarlo y lo mismo está pasando conmigo”, expresó al referirse al asesinato del excandidato presidencial.

Salcedo también mencionó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Previamente, había mostrado una fotografía de una videollamada con el burgomaestre.

Relató que en el proceso de lograr contratos fraudulentos con hospitales, conoció a “un amigo, Roberto Bunces, que me dice que tiene algunas cosas especiales que podemos manejar (...) me llevó a una oficina en Ceibos y ahí conocí a Aquiles Álvarez que en esa época no era alcalde de Guayaquil”.

“Me dijo: él trabaja conmigo en Casa Bunces”, apuntó Salcedo sin ahondar más detalles.

Tras varios minutos de comparecencia, el reo terminó su intervención. No podía quedarse más tiempo por cuestiones de seguridad. Por lo tanto, la sesión de la Comisión de Fiscalización se suspendió.

$!La llegada de Salcedo a la Asamblea.

DETALLES MINUTO A MINUTO

30/06/2025 18:35
Termina la comparencia de Salcedo

Tras varios minutos de intervención, Daniel Salcedo salió de la Asamblea para la cárcel 4 de Quito. No podía quedarse más tiempo por cuestión de seguridad.


30/06/2025 18:30
¿Para qué necesitaban a Daniel Salcedo en los hospitales?

El sentenciado comentó que en el sistema de salud del Ecuador “hay una unidad clave que se llama Unidad de Requerimientos”, que básicamente es la sección de los hospitales donde nacen los pedidos de cada área (enfermería, traumatología, etc) para insumos médicos.

Entonces, el jefe de esa unidad hace las cotizaciones de acuerdo a las características de los productos que se necesitan.

Ahí entraba Salcedo, quien hablaba directamente con las unidades de cada hospital y les pedía que cambien ciertos parámetros de los productos para poder ganar el contrato.

Así hicimos mucho dinero con Xavier Jordán y Jordán usaba empresas como las de Pablo Mendoza, entre otros”, dijo Salcedo.

Agregó que eran un equipo conformado por Nain Massuh, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Pablo Mendoza y Leonardo Cortazar.

¿Para qué necesitaban a Daniel Salcedo en los hospitales?

30/06/2025 17:40
Salcedo nombra a la Revolución Ciudadana

El privado de la libertad comentó que su atentado ocurrió “por el cochino dinero, que también sirvió para matar a Fernando Villavicencio”.

Agregó que tuvo que hacerse amigo de Leandro Norero y otros sospechosos por supervivencia en la cárcel, pero “lamentablemente esos amigos se han unido para matarme, temo por mi familia, temo por mi abogado inclusive no me siento seguro en la cárcel en la que estoy”.

Además, comentó que era muy amigo de Xavier Jordán y que “por boca de él” supo que el dinero servía para financiar campañas políticas, específicamente de la Revolución Ciudadana, pero no tiene como comprobarlo.

Salcedo nombra a la Revolución Ciudadana

30/06/2025 17:15
Salcedo se refirió a Villavicencio

Salcedo aseguró que la estructura criminal de los hospitales sería responsable del crimen de Villavicencio.

Aseguró: "Como Fernando Villavicencio les estaba tocando duro el bolsillo lo mejor era silenciarlo y lo mismo está pasando conmigo".


30/06/2025 17:00
Daniel Salcedo empieza su comparecencia

Asegura que él pidió la comparecencia en la Asamblea y señala que todo inició de una sociedad con Xavier Jordan “que era muy amigo mío, conocí su casa”.

“Hay un dinero muy fuerte por mi cabeza que fue financiado por los hospitales”, dice al explicar el por qué decidió hablar.

Agregó que él entregaba el dinero a Xavier Jordán y ese dinero también servía para financiar campañas políticas como Revolución Ciudadana.

Daniel Salcedo empieza su comparecencia

30/06/2025 16:54
Asambleísta Ana Herrera critica la comparecencia

Dijo que no se opone al proceso de fiscalización, pero considera que es una cortina de humo. "Esperemos que no sea un distractor".


30/06/2025 16:50
Ferdinan Álvarez envía mensaje a sus detractores

El presidente de la Comisión de Fiscalización dice que ha recibido un ataque mediático y sistemático con calumnias y mentiras. “Esos 10 mil dólares o 20 mil dólares que se gastan diariamente en ataques por redes ahórrenlos, vayan a donar en un barrio, no los desgasten construyendo películas de Netflix”.

Ferdinan Álvarez envía mensaje a sus detractores

30/06/2025 16:32
Inicia la sesión

Comisión de Fiscalización empieza la sesión constatando el quorum. Hay 10 asambleístas presentes.


30/06/2025 16:15
Correísmo se opone a la comparecencia

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, asegura que la intervención de Daniel Salcedo “es la famosa caja china” del Gobierno.

“Traen a alguien para que meta el escándalo cuando en el fondo no quieren llamar al ministro Luque o a la ministra Manzano. Únicamente nos quieren tener con pan y circo”, opina el legislador correísta. Previamente, esta organización política también emitió un comunicado rechazando la convocatoria del reo.

Correísmo se opone a la comparecencia

30/06/2025 15:50
Ultiman detalles para iniciar la sesión

Personal de la Asamblea ordena una de las salas para recibir a Daniel Salcedo Bonilla, quien ofreció revelar detalles sobre la corrupción en el sistema de salud del Ecuador. También se observa un fuerte contingente policial previo a que ingrese el privado de la libertad.