Galo Muñoz Arce
Para construir un gobierno democrático, se hace necesario desconcentrar y descentralizar la toma de decisiones políticas en todos los niveles y que se garantice la plena vigencia de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza.
Es cada vez mas urgente caminar hacia otras formas de organización y prácticas políticas, en las que no tenga cabida ningún caudillismo, sino liderazgos colectivos. La tarea nos conduce a mejorar la democracia representativa y, sobre todo, a construir una democracia participativa, basada en la organización social y comunitaria, de tal forma que los mandantes, “manden obedeciendo”.
Esto significa reproducir paulatina pero conscientemente la forma como se construía y se construye aún en muchos sectores, indígenas, populares y sociales. Es decir una auténtica democratización del poder que garantice la participación y el control social desde las bases de la sociedad en el campo y en la ciudad, desde los barrios y las comunidades.
Estamos claros que el Gobierno de Lenin Moreno, es la continuidad del llamado modelo “Socialismo Siglo XXI”, que encabezó el correismo a través del movimiento Alianza País, que a más de caracterizarse por su actitud totalitaria, hiperpresidencialista y corrupta, restringió la libertad de expresión, criminalizó la protesta social, seguida de persecución, encarcelamiento a líderes y presos políticos.
Durante el proceso de la consulta popular contó con el apoyo de todos los sectores de oposición al correismo y se impuso el SI. ¿En dónde quedó el diálogo y la cirugía mayor contra la corrupción?. Han pasado 21 meses de gestión y los resultados no aparecen por ningún lado, lo único que vemos es como la supuesta oposición de ha aprovechado con el reparto de los cargos públicos y el tráfico de influencias.
Hasta el momento el gobierno de facto de Lenin Moreno, no ha logrado recuperar un solo centavo de los 75 mil millones de dólares que prefirieron sacar sus capitales fuera del país y colocarlos en paraísos fiscales.
Es cada vez mas urgente caminar hacia otras formas de organización y prácticas políticas, en las que no tenga cabida ningún caudillismo, sino liderazgos colectivos. La tarea nos conduce a mejorar la democracia representativa y, sobre todo, a construir una democracia participativa, basada en la organización social y comunitaria, de tal forma que los mandantes, “manden obedeciendo”.
Esto significa reproducir paulatina pero conscientemente la forma como se construía y se construye aún en muchos sectores, indígenas, populares y sociales. Es decir una auténtica democratización del poder que garantice la participación y el control social desde las bases de la sociedad en el campo y en la ciudad, desde los barrios y las comunidades.
Estamos claros que el Gobierno de Lenin Moreno, es la continuidad del llamado modelo “Socialismo Siglo XXI”, que encabezó el correismo a través del movimiento Alianza País, que a más de caracterizarse por su actitud totalitaria, hiperpresidencialista y corrupta, restringió la libertad de expresión, criminalizó la protesta social, seguida de persecución, encarcelamiento a líderes y presos políticos.
Durante el proceso de la consulta popular contó con el apoyo de todos los sectores de oposición al correismo y se impuso el SI. ¿En dónde quedó el diálogo y la cirugía mayor contra la corrupción?. Han pasado 21 meses de gestión y los resultados no aparecen por ningún lado, lo único que vemos es como la supuesta oposición de ha aprovechado con el reparto de los cargos públicos y el tráfico de influencias.
Hasta el momento el gobierno de facto de Lenin Moreno, no ha logrado recuperar un solo centavo de los 75 mil millones de dólares que prefirieron sacar sus capitales fuera del país y colocarlos en paraísos fiscales.
La consecuencia más grave adoptado por el actual gobierno, es el incremento del desempleo y el subempleo, situación que se ve agudizada por la presencia de los migrantes pobres de países vecinos, especialmente venezolanos, el desempleo y pobreza están directamente correlacionados con el incremento en los índices de conflictividad y violencia.
Cada vez es mas notoria el acercamiento del Gobierno a los grandes grupos económicos del país y obedece a la presión del Fondo Monetaristario Internacional, que se evidencian con la suspensión de los subsidios al combustible y el plan de ajuste económico, que golpea a los sectores más vulnerables y empobrecidos del país.
Como una alternativa para enfrentar las desigualdades sociales, se debe propiciar que los Gobiernos locales, desde las juntas parroquiales y desde las organizaciones comunitarias, promuevan el empleo multiplicando las capacidades instaladas en producción, comercio y servicios, con énfasis a los servicios vinculados a la capacitación técnica y educativa priorizando a la población joven y de la tercera edad.
Esto nos lleva a ratificar los principios constitucionales de descentralización y autonomía, appyando a los gobiernos seccionales, barrios, juntas parroquiales, municipios y prefecturas. Se trata de desmonatr todas aquellas instancias y políticas recentralizadoras puestas en marcha por el régimen correista al servicio de caudillos y empresas paralelas que benefician a grupos privilegiados causantes del fraude, la corrupción y el nepotismo.
Repensar el país desde los barrios y comunidades es un compromiso ineludible. Esto implica impulsar estructuras comunales en llo que tiene que ver con la seguridad ciudadana recuperando los espacios públicos, los derechos ciudadanos, individuales, colectivos y ecológicos de los trabajadores y campesinos, de los pueblos y nacionalidades. Que jamás se nos ocurra la criminalización del pensamiento, la libertad de expresión, la protesta social.
Los derechos constitucionales de organización, reclamo, huelga y resistencia deben de ser plenamente garantizados, así como el derecho a pensar diferente. Se debe desterrar toda acción encaminada a dividir a las organizaciones sociales y a cooptar a sus dirigentes, como lo hizo el correismo. Nunca más los servidores públicos serán obligados a llenar plazas y calles en defensa de gobiernos autoritarios.
Esto nos lleva a ratificar los principios constitucionales de descentralización y autonomía, appyando a los gobiernos seccionales, barrios, juntas parroquiales, municipios y prefecturas. Se trata de desmonatr todas aquellas instancias y políticas recentralizadoras puestas en marcha por el régimen correista al servicio de caudillos y empresas paralelas que benefician a grupos privilegiados causantes del fraude, la corrupción y el nepotismo.
Repensar el país desde los barrios y comunidades es un compromiso ineludible. Esto implica impulsar estructuras comunales en llo que tiene que ver con la seguridad ciudadana recuperando los espacios públicos, los derechos ciudadanos, individuales, colectivos y ecológicos de los trabajadores y campesinos, de los pueblos y nacionalidades. Que jamás se nos ocurra la criminalización del pensamiento, la libertad de expresión, la protesta social.
Los derechos constitucionales de organización, reclamo, huelga y resistencia deben de ser plenamente garantizados, así como el derecho a pensar diferente. Se debe desterrar toda acción encaminada a dividir a las organizaciones sociales y a cooptar a sus dirigentes, como lo hizo el correismo. Nunca más los servidores públicos serán obligados a llenar plazas y calles en defensa de gobiernos autoritarios.
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