La discusión sobre la poca participación política de las mujeres en el Ecuador, vuelve a tomar protagonismo en el debate en tiempo de elecciones. Siempre se espera que sea mayor el número de mujeres que se decidan a participar en las contiendas electorales, de modo que ese espacio pueda ser ocupado cada vez más por ellas.
Lograr mayor participación femenina en política, en el Ecuador -al igual que en otros países de la región- es un objetivo difícil de conquistar porque implica trabajar no sólo en los partidos y movimientos políticos, logrando su compromiso de inclusión, sino también en la sociedad.
No obstante, aun cuando son muchos los esfuerzos en esa línea, se siguen replicando prácticas y estereotipos de forma cotidiana que desincentivan la participación de las mujeres en política. Lo estamos viendo en el actual momento de elecciones, en donde se ha exacerbado la violencia de tipo político/electoral.
Las redes sociales nos están mostrando un aumento sustancial de violencia política hacia candidatos y candidatas. Pero se puede ver que los mensajes de agresividad y violencia contra las mujeres, superan de largo en contenido violento a aquellos que se lanzan hacia candidatos hombres. Además se dirigen hacia mujeres que, actualmente, se encuentran desempeñando cargos públicos.
El fenómeno de la violencia política, dirigido contra mujeres, afecta directamente la democracia porque opera como desincentivo poderoso, para el resto de mujeres que pudieran participar. Esto provoca que ese campo sea dejado de lado transformando el ejercicio de la política, por parte de ellas, en un desafío o una conquista cuando es, en realidad, un derecho.
Si queremos lograr que las mujeres participen más en este ámbito, es necesario visibilizar este problema y presionar para que el Estado asuma la obligación de generar mecanismos que luchen contra la erradicación de la violencia política-electoral.
Cuando las tecnologías de la información son utilizadas para reforzar estereotipos negativos y la eficiencia de las mujeres que están en política es cuestionada, incluyendo hasta su apariencia física o menoscabando sus roles como madres o esposas; todo eso contribuye a socavar su competencia en la esfera política negando su derecho a participar en igualdad de condiciones.
La violencia política ejercida contra las mujeres que deciden participar en política, refleja una sociedad con prácticas poco sanas, que se está acostumbrando a hacer uso de ellas, a fomentarlas y a validarlas. Por eso, es urgente comenzar a trabajar en cambios normativos sustanciales que combatan esa situación y que eviten que esas conductas se empiecen a ver como normales; especialmente en redes sociales en donde no hay ningún control. La época electoral se presenta como una buena oportunidad para iniciar este debate, aunque puede resultar incómodo para ciertos sectores que quieren mantener a las mujeres al margen de lo público.
Es preciso un análisis y un debate amplio y responsable sobre el tema, enfocado en la construcción de una normativa efectiva, que evite que, en el futuro, se siga fomentando la idea equivocada de que la actividad de las mujeres no pertenece a lo público y ponga, sobre todo, un alto a la violencia política de la cual estamos siendo testigos.
Los Estados donde la democracia funciona correctamente, fomentan sociedades con espacios seguros de desenvolvimiento político para todos por igual, alejados de visiones viscerales y prejuicios. Por eso, vale la pena, comprometernos a detener las manifestaciones políticas violentas en general y, en especial, aquella dirigida al sector que supera más del 50% de la población en nuestro país: es urgente juntar esfuerzos para detener, entre todos, la violencia política contra las mujeres.
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