Ante la incapacidad del gobierno para leer de forma adecuada el riesgo que implica para el país que el Consejo de Participación Ciudadana continúe en vigencia, el próximo 24 de marzo la ciudadanía tiene la gran oportunidad de empujar al abismo, del que nunca debió salir, a este inoficioso organismo diseñado en la constitución de 2008, la de los 300 años. Si los intentos de Julio César Trujillo por propiciar que el Ejecutivo asuma una posición definitiva en este tema resultaron inoficiosos, las elecciones venideras ofrecen a los votantes la inédita posibilidad de plantearse una consulta popular ad-hoc. Si usted está de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca, vote NULO. En caso contrario, escoja 7 de 43 candidatos a los que usted no conoce y cuyas propuestas desbordan con creces las atribuciones que tiene una institución, como el Consejo de Participación Ciudadana, inexistente en cualquier otra constitución que no sea la ecuatoriana.
Aunque lo deseable es que el voto NULO alcance el porcentaje necesario para dejar sin efecto esta elección, en realidad ese no es el objetivo esencial. Basta con que el voto NULO sea lo suficientemente visible para que el gobierno y la Asamblea Nacional interpreten esta decisión como un llamado ciudadano a eliminar del ordenamiento legal a un organismo que pasa por alto las instituciones de la democracia representativa y que, como consecuencia de ello, ha sido gravitante en el inmenso daño generado al país durante la década pasada. Por tanto, el voto NULO constituye un mecanismo de presión popular para que los actores políticos asuman una posición definitiva al respecto. En realidad, desde el Ejecutivo y la Legislatura están a la espera de un importante caudal de votos NULOS de cara a retomar la idea de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.
La discusión sobre los medios a través de los que el país se puede desembarazar del Consejo de Participación Ciudadana es parte de una posterior agenda de debate. Por ello, la vía legal a la que se debe apelar para el efecto tiene que ver con una reflexión jurídica a la que no se puede acceder si antes no hay una decisión política. Dicha decisión está ahora mismo en manos de la ciudadanía y no debe ser desaprovechada. Más aún, el ejercicio cívico al que se encuentra avocada la población no está sólo en tomar partido por el voto NULO para la designación del próximo Consejo de Participación Ciudadana sino adicionalmente en promoverlo entre sus círculos de influencia. Conseguir un importante caudal de voto NULO en las elecciones de marzo, por tanto, debe ser entendido como la respuesta ciudadana a gobernantes timoratos que a su debido momento fueron incapaces de asumir una decisión definitiva sobre este tema.
Nuevamente, hay que resaltar que la idea de fondo del voto NULO es promover la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Aunque de por medio esté el temor de que candidatos cercanos al gobierno pasado puedan acceder a dicho espacio de decisión y así dar marcha atrás a los avances alcanzados por Julio César Trujillo y sus consejeros, ese es un hecho coyuntural. El Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer porque no tiene ningún rol en un esquema de democracia representativa moderna. Ese es el argumento clave. El Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer además porque es una institución que se presta a la manipulación de los gobiernos de turno, cualquiera sea su orientación política. El voto NULO, por tanto, es una forma de expresar el rechazo ciudadano a la esencia misma de dicha institución.
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Pedir que se identifique los 7 mejores de una lista de 43 no solo es irreal sino que implica además convalidar la vida jurídica de una institución nefasta por sus orígenes. Votar NULO para la designación del Consejo de Participación Ciudadana no debería ser entendido, por tanto, como una lucha entre detractores del anterior gobierno y defensores de la actual administración. Votar NULO, en definitiva, es una forma de consulta popular ad hoc en la que la ciudadanía demanda a sus autoridades viabilizar la desaparición de una institución nociva para la democracia y el futuro político del país.
Santiago Basabe es académico de la Flacso.
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