El observador

PRIMER ACTO

Durante más dos décadas los jueces y grandes funcionarios judiciales pertenecieron a los partidos tradicionales (PSC, DP, ID). Después, la “Pichi Corte” demostró un quiebre hacia la fuerza de Gutiérrez (PSP). El 7 de mayo de 2011 una Consulta Popular convocada por Correa aprobó la reestructuración total de la función judicial. Al decir de Ramiro García: el 90% de los jueces existentes en Ecuador fueron impuestos por el correísmo.

SEGUNDO ACTO

Los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) transitorio (2011-2013), Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, dirigieron la remodelación a la sombra Correa. Las auditorías ni glosas no han prosperado aunque las denuncias de sobreprecios sean tangibles como el caso de los Complejos Judiciales de Quito, Guayaquil y Otavalo, que se estiman entre el 30 y el 58%. La interferencia del correísmo en las decisiones judiciales parece que continúa aún hoy como en la declaración de inocencia de Iván Espinel por peculado.

TERCER ACTO

Los siguientes CNJ (de Gustavo Jalk, Juan Vizueta y Marcelo Merlo), no han hecho más que caminar a pie juntillas con los gobiernos. Como resultado del bloqueo judicial y político se represaron varias miles de causas que denunciaban corrupción y exceso de poder. Los 14 mil procesos estancados en la Corte Constitucional son sólo la punta del iceberg.

La Consulta Popular de Moreno (4/02/2018) aprobó la pregunta 3 que permitió reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este órgano, hasta el momento transitorio, tiene competencias para designar y seleccionar decenas de funcionarios de las instituciones más importantes del Estado, entre ellas los de la misma función judicial. Aunque el futuro del CPCCS aún es incierto, lo seguro es que se mantienen los mismos mecanismos autoritarios anteriores. Por tanto, los funcionarios seleccionados no gozan de completa legitimidad. Las reformas institucionales y judiciales, al igual que los exámenes de los postulantes a Fiscal General de la nación, “la persona más poderosa del país” al decir de Trujillo, no han superado el 15/20 de las mínimas aspiraciones de justicia que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas.