El observador

POR: Jaime Chuchuca Serrano Publicado en la Revista El Observador Febrero 2019, edición 109

Hegemonía neoliberal y elecciones: ¿una vuelta total?

Después de la bonaza petrolera, es un hecho el restablecimiento de la hegemonía neoliberal intermediada por el correísmo y Moreno. Correa fue el primero en aplicar políticas neoliberales. Entre otras cosas, aplicó Amnistías Tributarias en 2008, 2015, 2016 y 2017 beneficiando a varios grupos empresariales con cientos de millones de dólares, mientras imponía varias cargas tributarias al común de la población. En 2010, el 30S fue en realidad un “golpe” efectivo para la flexibilización laboral dentro del Estado con la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Correa otorgó 237 concesiones mineras; privatizó 48 gasolineras y 207 franquicias de Petroecuador; le quitó el 40 e aporte estatal al IESS, lo que le ha llevado a la quiebra; permitió la privatización de ECUDOS, la mayor azucarera del país, y la concesión de telefonía celular a Claro y Movistar (2008-2025) con rentabilidad sobre los 2.900 millones anuales.  Hoy, el gobierno de Moreno da paso a todo el “paquete neoliberal”, crean una flexibilización laboral nunca antes vista, planifica la venta y concesión de las empresas públicas,  recorta presupuestos para todas las áreas sociales, firma endeudamientos insostenibles y acepta las condiciones del FMI. Aunque haya habido un crecimiento económico, del 32017) y 12018), el gobierno se ha empeñado en publicitar una crisis fiscal para justificar la privatización y el endeudamiento.  El correísmo surgió como una posible formación que defendía un Estado de Bienestar -construido mínimamente en el siglo XX- que se degeneró y terminó en una formación de derecha corrupta y de administración ineficiente que benefició al capitalismo financiero, agroexportador, comercial, minero y transnacional. El Pacto Empresarial, que Moreno ha llamado Acuerdo Nacional, se cuaja en un proceso electoral donde la derecha tradicional (Creo, PSC) y renovada quiere conquistar electoralmente, lo que ha ganado en el  lobbying en el gobierno de Moreno.  La renovación de los integrantes de algunas funciones del Estado -intermediadas por el Consejo de Participación- tienen los mismos vicios de selección y designación anterior. Pero la cooptación y el cabildeo, le ha permitido a Moreno mantenerse sin que fuerza alguna se haya atrevido a sacar la consigna #FueraMoreno. Bajo estas condiciones se perfila la disputa electoral. Ahora se eligen por primera vez a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de entre 43 candidaturas (28 de los cuales ya han trabajado en cargos medios y altos del Estado). Estas candidaturas se calificaron en proceso adulterado que violó los derechos de varios postulantes y los dejó en completa indefensión.  En el proceso electoral seccional no sólo están presentes los intereses de los empresarios nacionales, sino también locales. Sobre todo las constructoras (nacionales y extranjeras) riñen espacios con las locales. El “correísmo de Correa” sin la fuerza del Estado se ha reducido a un espacio mínimo de candidaturas en todo el país alrededor del partido de Espinel. Alianza País de Moreno prácticamente ha desaparecido del mapa electoral. En el panorama de la izquierda (Pachakutik, UP, PS-FA, entre otras fuerzas), las alianzas y la cooptación cobra factura en una clara pérdida de presencia en el campo político electoral; pierde radicalidad y se invisibiliza de la mano de propuestas socialdemócratas que no le permiten tener ninguna identidad frente a la derecha tradicional, al correísmo de Correa y el de Moreno. La incomprensión del momento político vaticina un posible fracaso de todas las fuerzas de izquierda. Esto apuntala, más aún, la victoria de la derecha tradicional aliada del morenismo y de una socialdemocracia neoliberal que usurpa símbolos de izquierda. El neoliberalismo se consolida donde los procesos electorales se convierten en un opio para las fuerzas de la izquierda que les impide mostrar la radicalidad de su programa. En el año 2014 el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró 28.180 candidaturas en 223 organizaciones políticas; para marzo de 2019 se registran 80.281 candidaturas agrupadas en 278 organizaciones políticas. Este incremento de casi el 180e expresa por la fractura del correísmo y varios cacicazgos locales. El incremento en las candidaturas para Alcalde y Prefecto se nota mucho más apabullador en el número de candidatos a concejales y a miembros de las juntas parroquiales, con un acrecentamiento de 16 mil y de 33 mil candidaturas respecto al anterior proceso electoral. A pesar del gran número de candidaturas, un poco más del 95 e las candidaturas coinciden en el conservadurismo,  tradicionalismo y un posicionamiento a la derecha.  Si bien en Pichincha, Guayas y Azuay se enumeran 17, 20 y 10 candidatos para la prefectura, y en Quito, Guayaquil y Cuenca, 18, 19 y 13 para la alcaldía, la disputa por los primeros lugares aparece apenas para dos o tres fuerzas políticas. Aunque los cacicazgos o caudillismos se hayan dividido, continúan manteniendo su fuerza económica, política e institucional. Las fuerzas nuevas que aparecen en los primeros lugares de las encuestas tienen labradas un conjunto de alianzas de poder y de reconocimiento público. En la provincia del Azuay (con 2.181 candidaturas, 95 para alcaldías, 210 para concejales rurales, 260 para urbanos y 1.563 candidaturas para vocales de las juntas parroquiales) se sustentan algunas de las conclusiones a las que he llegado. A continuación voy a enumerar las alianzas en orden de poder.  La primera alianza de poder es Igualdad-Creo y por tanto Esteban Bernal, candidato a la prefectura y Marcelo Cabrera candidato a la relección de la alcaldía. Luego, Geovanny Palacios para la prefectura y Paúl Carrasco para la alcaldía, actual prefecto, por Juntos por el Futuro. La candidatura de Jefferson Pérez a la alcaldía de Cuenca, pero sin candidatura a la prefectura, responde a un reconocimiento público por ser deportista y también a un conjunto de fuerzas tradicionales de la ciudad y el país, cercano al Banco del Pichincha y a otros empresarios de la ciudad, incluyendo medios de comunicación.  La fractura interna de las fuerzas de Carrasco hace que María Cecilia Alvarado resuelva ir por la Alianza Unidad por el Cambio (ID-UP); la no presentación de candidatos a la alcaldía, le resta opciones a esta candidatura. La candidatura de Yaku Pérez a la prefectura por Pachakutik, recuerdan las luchas por el agua y antimineras, pero también la desintegración política. Luego tenemos la candidatura de Fernando Aguirre (ex PSP) a la prefectura por el PSC, quienes tampoco tienen candidato a la alcaldía.  El resto de fuerzas, entre ellas el mismo correísmo, no tienen mayores opciones electorales y a lo mucho se disputarían concejales y miembros de juntas parroquiales. En todo el país, los movimientos sociales aparecen fragmentados en el apoyo de las diversas candidaturas y casi con nula representación propia. Las alianzas en las que han intercedido, refuerzan los personalismos. Un dato concluyente es la ausencia de alternativas de emergencia o resistencia conectadas en varias provincias.  Esta formación electoral no alteraría el modelo autoritario de política que se ha estructurado en el país. Al contrario, el declive de los índices democráticos y de participación ciudadana es más que ostensible. Este proceso electoral puede sentar bases sólidas para el neoliberalismo autoritario que se ha consolidado en otros países de la región como Argentina, Chile, Colombia y que ha llegado al mismo fascismo en Brasil, o concesivo como en el caso de Perú. Miro como un peligro la ampliación de prácticas autoritarias, patriarcales, xenófobas y microfascistas. Es necesaria la politización de la sociedad ecuatoriana y la calificación de su discurso ideológico. Hace falta un gran proceso para dotar a partidos y movimientos coherencia discursiva, narrativa y simbólica. Sólo los sentidos críticos puede rebasar el juego de la representación política y abrir paso a la participación activa y transformadora de la sociedad.