No hay remedio: el 24 de marzo se tiene que votar, entre otras cosas, para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que reemplazarán al Consejo transitorio que preside Julio César Trujillo.
El Quinto poder se le ocurrió al correísmo y eso fue lo que le permitió a Rafael Correa verse como Luis XIV, un monarca francés: hay que recordarlo diciendo que el poder Ejecutivo es el jefe de todo el Estado ecuatoriano, por ende del poder legislativo y judicial y también de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las Superintendencias… la función electoral. Todo el Estado. El control de esas autoridades lo facultó a concentrar todos los poderes, no dar cuenta de su gestión e impedir que sea realmente fiscalizada: corrupción e impunidad son sus consecuencias directas.
¿Quiénes llegarán al quinto poder el 24 de marzo? Hay una lista de personas, en buena medida desconocidas, puesta a consideración de los electores. De allí surgirán los encargados de designar a las autoridades de fiscalización y control del Estado. Sucede que el quinto poder debió desaparecer en esta transición. El Presidente Moreno, apurado por las circunstancias, prefirió proponer que los miembros de ese organismo fueran elegidos en las urnas. No se percató de los dos peligros que esto conlleva. Uno: mantener intacto un poder que ya probó sus consecuencias perversas y su total incongruencia con el sistema democrático. Dos: dejar al azar el destino de un poder que despierta grandes apetitos no solamente entre políticos con aliento autoritario sino de poderes oscuros. Elegir a sus miembros en esta elección, en la cual hay cifras colosales de candidatos, agrava la situación: los electores no tendrán tiempo de hurgar en sus biografías. Y el próximo 24 de Mayo, en la noche, siete personas, con el número de votos que sea, se sentirán legalmente facultados para armar concursos y cambiar autoridades.
Muchos ciudadanos se han inquietado, en redes sociales, de que, mediante ese mecanismo, el ex presidente quiera recuperar el poder. Es posible. Pero de eso no depende el rechazo que provoca el quinto poder: se fundamenta en que ese poder no debe hacer parte de la arquitectura constitucional porque es peligroso para la institucionalidad, aúpa visiones autoritarias, concentra el poder en vez de dispersarlo y anula, en vez de suscitar y consolidar, los contrapesos necesarios en una democracia.
Ya no hay remedio: el país está convidado a votar este 24 de marzo también por los miembros de ese Consejo. Pero los electores podrían escapar a esta trampa que consiste en legitimar con su voto un poder que el mismo Julio César Trujillo y Pablo Dávila han dicho que debe desaparecer: podrían cambiar el sentido de su voto y, así, dar cuerpo a la necesidad de que ese consejo desaparezca en una consulta popular y que, también en ella, se replanteen los mecanismos de designación de las autoridades de control. Esta es una causa cívica que tiene que ver con el diseño institucional ya que el quinto poder probó ser, durante el correísmo, el principal instrumento para concentrar poder y socapar la corrupción.
Anular el voto es provocar conscientemente un rechazo al peor bodrio imaginado, construido y utilizado por Rafael Correa. Lo que hicieron Julio César Trujillo y los otros seis consejeros, usando el mismo cascarón, no reivindica ese poder porque Trujillo y los suyos surgieron de un proceso excepcional. Y sus actuaciones estuvieron orientadas a evaluar y a cambiar las personas de esos poderes. No estaban facultados para desmontar la estructura que ellos asumieron conscientes de que ese megapoder no debe perpetuarse. Tarde, el Presidente Moreno recogió ese guante y pensó en plantear una consulta popular para retirar las facultades nominativas a ese Consejo. Pero se arrepintió por falta de certezas y de tiempo.
La pelota está en el campo de los ciudadanos. Y su única opción parece ser anular ese voto, deslegitimar ese poder y crear una realidad política clara y contundente: que el destino de los organismos creados para controlar a los gobiernos tiene que ser replanteado para lograr independencia y decencia por parte de sus responsables. Ese será el segundo round de la sociedad civil frente a una sociedad política que, en menor o mayor grado, sueña con apoderarse de esos entes de control. Por ahora, lo más razonable se antoja anular esa papeleta el 24 de marzo.
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