Crónica de una persecución judicial "sistemática, estructurada y enérgica"
Los testimonios de 247 víctimas y los datos obtenidos de por lo menos 263 procesos judiciales, el 60% penales y por graves delitos, sirvieron a la Mesa de la Verdad y la Justicia para elaborar su informe final, que retrata un sistema judicial al servicio del Gobierno de Rafael Correa y su aparato de propaganda y espionaje, con jueces y fiscales con conductas cuando menos dudosas.
26 de febrero del 2019
REDACCIÓN PLAN V
Lea el texto completo del informe de la Mesa de la Verdad y la Justicia.
El informe final de la Mesa de la Verdad y la Justicia tuvo un frío recibimiento. En el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, el 25 de febrero de 2019, los integrantes de la Mesa presentaron su documento, sin la presencia de los vocales del nuevo Consejo de la Judicatura (CJ) que a pesar de que fueron invitados no concurrieron. El informe, que fue preparado por los integrantes de la Mesa desde su creación el 20 de agosto de 2018, motivó que, según denunciaron ante la Fiscalía en diciembre de 2018, sufrieran seguimientos y amenazas, que atribuyeron a grupos mafiosos interesados en que no se establezcan responsabilidades de los jueces, fiscales y abogados en los procesos judiciales con los que se persiguió opositores durante la autodenominada Revolución ciudadana.
Los miembros de la Mesa y ex vocales de la Judicatura estuvieron en la presentación del informe.
Según denunciaron ante la Fiscalía en diciembre de 2018, sufrieran seguimientos y amenazas, que atribuyeron a grupos mafiosos interesados en que no se establezcan responsabilidades de los jueces, fiscales y abogados en los procesos judiciales con los que se persiguió opositores durante la autodenominada Revolución ciudadana.
El gélido recibimiento del informe por parte de la Judicatura definitiva contrastó con el apoyo que recibió la Mesa durante el CJ transitorio, en especial, de la ex vocal Angélica Porras, quien permitió que se le facilitaran las instalaciones del CJ para recibir denuncias y presentar sus conclusiones preliminares, lo que tuvo lugar el 11 de diciembre.
En el informe final que analizaron 247 casos de víctimas persecución política ocurridos durante el gobierno de Rafael Correa contra defensores de la naturaleza, de los derechos humanos, policías procesados por la revuelta del 30 de septiembre y contra periodistas y políticos que ejercían su libertad de expresión.
En el documento final consta que por lo menos 495 jueces, conjueces y fiscales, que habrían tenido actuaciones irregulares en los juicios, han sido denunciados para procesos administrativos en el CNJ. Catorce, entre jueces y conjueces, serían parte de la Corte Nacional de Justicia.
Inventario judicial
El dossier tiene 249 páginas. En su primera parte, se realiza una explicación sobre la metodología utilizada, la forma en la que trabajó la Mesa, y el contexto del Estado represivo y de propaganda implementado en el Gobierno de Rafael Correa. La segunda parte relata cómo se configuró la persecución y criminalización de la protesta social en el Ecuador de Correa.
En la tercera parte, en cambio, es posible conocer en detalle los casos de las personas procesadas, divididas en defensores de la naturaleza, pueblos indígenas, militares y policías del 30 S, libertad de expresión, en donde aparecen periodistas y políticos; defensores de los derechos humanos y líderes sociales; dirigentes sindicales y otros casos.
Simpatizantes de los perseguidos presentaron varias pancartas durante el evento.
Los hombres jóvenes y mestizos, los más perseguidos
Pero es en la cuarta parte en donde se concentran las conclusiones y las cifras de la persecución implementada por el correato y ejecutada por jueces, fiscales y otros abogados y funcionarios judiciales durante la década correísta.
En la parte final del informe, se establecen algunos indicadores. Así, se precisa que aunque se conocieron 1435 casos, solamente 247 víctimas llenaron en su totalidad la ficha, es decir, completaron los requisitos mínimos del proceso para poder formar parte del informe. El número de juicios, se aclara en el texto, es mayor que el de víctimas, y alcanza los 263 procesos, de los que 23 todavía se encuentran en trámite. De los juicios analizados, el 59% fueron penales, el 20% contenciosos administrativos, el 13% constitucionales, el 5% civiles, el 3% de trabajo y el 1% correspondieron a contravenciones.
Con esas cifras, se pudo realizar un perfil de los perseguidos. De los 247 casos que efectivamente fueron analizados, 196 son hombres y 51 mujeres. La mayoría de los perseguidos se autoidentificaron como mestizos, en un 67%, mientras que el 19% se consideran de otra etnia, el 10% indígenas, el 3% afroecuatorianos y el 1% blancos.
Familiares y amigos de ex policías estuvieron entre los asistentes a la presentación del informe final.
De los 247 casos que efectivamente fueron analizados, 196 son hombres y 51 mujeres. La mayoría de los perseguidos se autoidentificaron como mestizos, en un 67%, mientras que el 19% se consideran de otra etnia, el 10% indígenas, el 3% afroecuatorianos y el 1% blancos.
En cuanto a la edad, “el 77% de las presuntas victimas esta entre los 30 y 60 años de edad, seguido por el 18 % mayor de 60 años, y el 5% menores de 30 años”, precisa el informe.
El informe destaca también que la mayoría de los casos se producen en 2010, 2011 y 2015, lo que coincide con los mayores momentos de conflictividad social del correato.
El 90% de las denuncias corresponden al régimen de Rafael Correa, y solamente el 10% restante ocurrieron en los gobiernos de Lenin Moreno, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y otros.
El hecho de que casi el 60% de los procesos sean penales evidencia, para la Mesa, el uso del derecho penal como instrumento de persecución durante el correato.
Los supuestos delitos cometidos fueron ataque y resistencia, intento de magnicidio, sabotaje, paralización de servicio público, terrorismo, entre otros. Un alto porcentaje de los procesos están calificados como represalias por protestas, lo que alcanza casi un 40%, destaca la Mesa en su informe.
Las conclusiones
Entre las conclusiones del informe, que la Mesa espera poder entregar oficialmente al nuevo Consejo de la Judicatura, destacan algunas.
Por ejemplo, que “efectivamente entre los años 2007 y 2017, periodo de la investigación, existió persecución política y criminalización de la protesta social, por parte del Estado”. En esa década, agrega el informe, la persecución fue sistemática y no meros hechos aislados. El Estado correísta echó mano, por lo menos desde 2010, de tipos penales muy graves para reprimir protestas sociales.
Además, la persecución fue estructurada, pues no solamente se realizó por medio de la justicia controlada por el Gobierno, sino desde instancias del Ejecutivo como el Ministerio del Interior, la Secretaría de Comunicación o la Secretaría de Inteligencia. La persecución es definida también por la Mesa como enérgica, pues incluyó cárcel y pérdidas de empleos y carreras para varias personas.
Pero, ¿cuáles fueron las características de la clase judicial, jueces, fiscales y abogados que intervinieron en estos procesos? La Mesa destaca que durante el correato prefieron alinearse con una ideología política, con una religión o con una peculiar visión moral, olvidando así su papel de independencia e imparcialidad necesario en un Estado de derecho.
Varios de los asistentes observan la presentación de algunos vídeos sobre el tema.
Para la Mesa, no menos de 490 jueces que han sido mencionados por los denunciantes deberían ser investigados, aunque, se admite, eso no es indicio necesariamente de que hayan cometido alguna irregularidad.
La Mesa destaca también en su informe final cómo jueces y fiscales realizaron y legalizaron detenciones arbitrarias, no dieron paso a pruebas de descargo y cometieron una serie de violaciones legales, en su afán de aplicar tipo penales difusos que les permitieran encarcelar y condenar a quienes cuestionaban al Gobierno de Correa.
Las pruebas forjadas, y la “severidad” de jueces que en instancias de apelación aplicaban inclusive penas más graves que les que les habían sido consultadas son también una constante en los juicios, así como la coordinación -pública y notoria- entre las declaraciones del ex presidente Correa en las sabatinas y la acción del Poder Judicial.
La Mesa recoge testimonios de secuestros a familiares, operaciones de inteligencia de la Senain para presionar a las denunciantes, presencia de abogados del Gobierno en los juicios, entre otras graves irregularidades.
Una parte importante de las denuncias provienen de ex policías sancionados por la revuelta del 30S
La Mesa destaca los nombres de la jueza Carmen Baño y de los fiscales Thania Moreno y Gustavo Benítez, quienes han sido constantemente señalados en las denuncias.
Sentencias sin fundamentos
Finalmente, el informe formula varias recomendaciones, entre las que destacan que la Corte Constitucional resuelva sobre las acciones de protección que le han sido elevadas en consulta, en especial, en casos relacionados con ex policías por el 30S y el caso de los pases.
También recomiendan revisar el Código Orgánico Integral Penal, para incluir la revisión de las sentencias, y controlar la llamada cooperación eficaz como medio de prueba. La Mesa pide a la Asamblea la conformación de una comisión para analizar este informe, así como al Consejo de la Judicatura analizar la denuncia que la Mesa presentó contra 14 jueces y un fiscal. Destaca los nombres de la jueza Carmen Baño y de los fiscales Thania Moreno y Gustavo Benítez, quienes han sido constantemente señalados en las denuncias.
La Mesa pide considerar amnistías e indultos para quienes fueron condenados de manera fraudulenta, y hace un llamado a los jueces para que motiven y fundamenten de manera seria sus sentencias, pues mucha de ellas carecen de suficiente y adecuada sustentación.
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