La mano dura en la educación
La polémica por la vídeo en donde un inspector del Colegio Mejía de Quito impone un castigo físico a varios estudiantes destapa el modelo educativo autoritario que, lejos de ser desmontado por el correísmo, fue blindado con una serie de medidas burocráticas. El control del Ministerio de Educación sobre los profesores aumentó exponencialmente durante el régimen anterior.
02 de julio del 2018
REDACCIÓN PLAN V
En todos los ámbitos, el lema del correato fue "vigilar y castigar". La educación fiscal no fue la excepción. Aunque los profesores obtuvieron aumentos salariales, medidas como imponer un horario de ocho horas y establecer una serie de reglamentos, formularios y controles más estrictos por parte del Ministerio de Educación, que estableció direcciones distritales en todo el país, complicaron la gestión de los docentes. Para muchos de ellos, esto no ha mejorado la calidad de la educación ni ha favorecido, necesariamente, a los alumnos y sus familias.
Gabriela (nombre protegido) es una docente de un colegio del centro de Quito que ha vivido los cambios educativos impuestos por la Revolución correísta. Aunque admite que obtuvo una mejora salarial y que no hay retrasos en los pagos de los sueldos, destaca el aumento de gran cantidad del trabajo burocrático de los profesores.
Gabriela (nombre protegido) es una docente de un colegio del centro de Quito que ha vivido los cambios educativos impuestos por la Revolución correísta. Aunque admite que obtuvo una mejora salarial y que no hay retrasos en los pagos de los sueldos, destaca el aumento de gran cantidad del trabajo burocrático de los profesores. Ahora, los maestros deben ingresar las notas en una plaforma en internet del Ministerio de Educación y llenar varios formularios sobre su trabajo con sus alumnos. A las aulas fiscales también llegó el metalenguaje judicial que era tan apreciado en el correato: deben tener "evidencias" de sus gestiones, como fotografías de las clases y hasta registro de las llamadas y reuniones que tienen con los padres de familia de alumnos con bajo rendimiento escolar. Los profesores también están obligados a presentar sus planificaciones de trabajo y cátedra, y por lo menos una vez a a la semana deben quedarse hasta dos horas luego de que salen los estudiantes en reuniones pedagógicas.
Control estricto
Si antes del correato cada colegio era como una isla en la que casi nunca se veía un funcionario del Ministerio de Educación, ahora hay una estrecha supervisión por parte de las direcciones distritales, que también tienen amplias potestades administrativas para controlar a los docentes. Mientras el Gobierno de Chile lanzó una reciente campaña para que los maestros tengan menos carga burocrática y puedan ocuparse en la docencia, en el Ecuador de Correa ocurrió lo contrario: el tiempo para preparar clases se ha reducido y la carga de trabajo a los docentes se ha extendido a sus fines de semana.
En el colegio de Gabriela una docente le dio una bofetada a un chico que le mentó la madre. La profesora fue sancionada y dejada sin salario, mientras el colegial no tuvo castigo alguno. Desde entonces, los profesores evitan cualquier actitud que les pueda acarrear problemas con las autoridades educativas, pues muchos de los procesos terminan en demandas judiciales y con la intervención de abogados que los docentes no tienen recursos para pagar.
El escándalo en el Mejía
En otro colegio del centro de Quito, entre tanto, estalló una polémica, cuando un vídeo filtrado permitió evidenciar cómo un inspector del Mejía, el centenario instituto capitalino, aplicaba un castigo corporal a algunos colegiales, algo que en teoría está prohibido. La Dirección distrital, que está ubicada a pocas cuadras del Colegio Mejía, inició un proceso en contra del inspector, pero algunos sectores criticaron que el docente recibió el apoyo de grupos de estudiantes y padres de familia que, inclusive, salieron a una protesta en las calles cercanas al antiguo edificio neoclásico del Mejía para respaldarlo.
En un comunicado, apoyado por padres de familia, estudiantes, egresados y otros integrantes de la comunidad educativa, el Colegio Mejía rechazó que se hiciera pública la identidad del docente y de los menores, así como los términos en los que la Subsecretaría de Educación ha tratado el caso, sin brindar, en su opinión, suficientes garantías al inspector. Al mismo tiempo, el eventual retiro del inspector fue rechazado, así como posibles sanciones o presiones contra las autoridades del Colegio.
En un comunicado el Colegio Mejía rechazó las sanciones contra un inspector acusado de imponer un castigo físico a varios de sus estudiantes. La postura fue apoyada por padres de familia y ex alumnos y rechazada por otros sectores.
No es la primera vez que el Mejía resiste las acciones del Ministerio de Educación. Durante el correato, el entonces ministro de Educación, Augusto Espinosa, allanó personalmente el Colegio, llegó hasta la Asociación de Profesores y dispuso que le habran las puertas, para incautar supuesto material subversivo.
También durante el correato varios alumnos del Mejía fueron detenidos y procesados en medio de protestas callejeras, acusados por el Gobierno de Correa de atentar contra el orden público.
Estos mismos ex colegiales, recientemente, presentaron una denuncia por las supuestas torturas de las que fueron objeto cuando fueron detenidos en las calles cercanas a la institución.
"Es un colegio en donde las protestas y la rebeldía son parte de la tradición", dice un ex alumno, que recuerda semanas de "bullas" de los colegios del Instituto contra los gobiernos neoliberales de los años 90. Estas "bullas" eran protestas callejeras en las que los colegiales se proveían de piedras y restos de pavimento y asfalto para lanzarlos contra la Policía. Ocurrían desde mediados de la mañana hasta la tarde y en esa época, la Policía empleaba abundante gas lacrimógeno contra los colegiales, así como realizaba detenciones. "Las protestas violentas han sido siempre parte de la ideosincracia del colegio, al igual que en el trato dentro de las aulas, en especial, cuando el Mejía era solamente masculino", recuerda otro egresado y agrega "hay un curioso doble rasero de algunos sectores, cuando los mejías salían a protestar violentamente contra Correa estaba bien, cuando lo hacen de la misma forma por un profesor al que aprecian, está mal", acota.
En efecto, aunque fue creado como un colegio mixto en 1897, el Colegio Mejía fue solo de varones hasta el año 2011, cuando se impuso el criterio de la "coeducación" y se permitió el ingreso de niñas. En el Mejía estudió el presidente Lenin Moreno, así como el ex presidente Galo Plaza Lasso.
En un ambiente cómo ese, parecería apenas lógico que una protesta estudiantil, en este caso, para respaldar a un inspector que algunos consideran respetado y popular, se canalice con incidentes callejeros. Pero, para algunos analistas y para el propio Ministerio, se trataría de una anacrónica visión que solo busca "normalizar la violencia".
El debate de los educadores y sicólogos
En un ambiente cómo ese, parecería apenas lógico que una protesta estudiantil, en este caso, para respaldar a un inspector que algunos consideran respetado y popular, se canalice con incidentes callejeros. Pero, para algunos analistas y para el propio Ministerio, se trataría de una anacrónica visión que solo busca "normalizar la violencia".
La educadora Rosa Marïa Torres sostiene, al respecto del caso del Mejía, que "Decenas de estudiantes y padres - sobre todo madres - de familia del Mejía defendiendo vehementemente al inspector José Camacho, considerado un "segundo padre", un amigo, un consejero. Padres y madres defendiendo, incluso agradeciendo, los métodos disciplinadores del inspector. Ex-alumnos del Mejía afirmando que fueron educados con estos métodos y que hoy son ciudadanos de bien y profesionales exitosos. Muchos aclarando que no se trata de "castigo" sino de "corrección", que éste es "el método adecuado para formar vagos, pandilleros y drogadictos", y que ésta es responsabilidad que les toca asumir a los buenos docentes "pues los padres hoy se desentienden de educar a sus hijos".
Innumerables comentarios de este tipo proliferaron en los días siguientes en las redes sociales, provenientes ya no solo de la comunidad educativa del Mejía sino de la ciudadanía en general, mostrando cuán arraigado y naturalizado está en el Ecuador el comportamiento violento y su justificación en torno a la educación de niños y jóvenes.
Las protestas del Mejía subieron de tono, salieron del colegio y de las redes, y llegaron a la calle con carteles, marchas y enfrentamientos. Armados de piedras y adoquines sacados de las veredas de los alrededores del colegio, los estudiantes se enfrentaron con la policía, como tantas veces en el pasado. Ocho policias heridos y un estudiante preso fue el saldo de los disturbios. En medio de todo esto, acercamientos y diálogos que intentó el Ministerio de Educación para llegar a algún acuerdo.
Otro segmento de la sociedad, tomado por sorpresa e indignado, se expresó en medios y redes condenando la actuación del inspector, las autoridades, los estudiantes y los padres de familia involucrados".
Para Torres, "el país está enterado que son miles los profesores que ejercen violencia cotidiana en las instituciones educativas y que son miles los estudiantes que padecen esa violencia por partida doble: en las aulas y en los hogares. Lo que hace especial cortocircuito en este caso es constatar que la violencia corporal está institucionalizada en el colegio Mejía y que ésta concita el apoyo, antes que el rechazo, de la comunidad educativa vinculada a dicho plantel (cuando menos por parte de quienes se han expresado en estos días). Lo que este episodio pone de manifiesto al rojo vivo es la vigencia de la histórica complicidad y retroalimentación entre familia y escuela cuando se trata del disciplinamiento de niños, adolescentes y jóvenes".
La educadora cree, sin embargo, que no se puede cuestionar al inspector Camacho pues es producto de un sistema educativo y de una sociedad que cree que la violencia es necesaria.
"Si vamos a cuestionar al inspector Camacho debemos pues cuestionar también a sus muchos cómplices:
- la familia que educa a los hijos replicando viejas inercias y creencias antes que contando con información relevante y actualizada sobre la crianza y la educación de niños y adolescentes;
- el sistema escolar que sigue reproduciendo viejos métodos de enseñanza, ávido de nuevas tecnologías e infraestructuras, pero desatento a los derechos, el buen trato y el bienestar de los alumnos;
- la formación docente anclada en el pasado, en modelos de otras épocas, en el memorismo, el enciclopedismo y el credencialismo;
- la práctica docente repetitiva, aislada, no compartida ni reflexionada, cerrada al cambio, al trabajo interdisciplinar y en equipo;
- la autoridad escolar que dicta y controla en vez de dialoga y escucha;
- nuestra propia complicidad - la que nos toca a cada uno como ciudadanos y ciudadanas - con todo esto, con un sistema educativo autoritario y reproductor, con una mentalidad adultocéntrica que no respeta a niños y niñas, con un sistema social y político que alimentan los comportamientos violentos y se muestran permisivos con los abusadores".
- el sistema escolar que sigue reproduciendo viejos métodos de enseñanza, ávido de nuevas tecnologías e infraestructuras, pero desatento a los derechos, el buen trato y el bienestar de los alumnos;
- la formación docente anclada en el pasado, en modelos de otras épocas, en el memorismo, el enciclopedismo y el credencialismo;
- la práctica docente repetitiva, aislada, no compartida ni reflexionada, cerrada al cambio, al trabajo interdisciplinar y en equipo;
- la autoridad escolar que dicta y controla en vez de dialoga y escucha;
- nuestra propia complicidad - la que nos toca a cada uno como ciudadanos y ciudadanas - con todo esto, con un sistema educativo autoritario y reproductor, con una mentalidad adultocéntrica que no respeta a niños y niñas, con un sistema social y político que alimentan los comportamientos violentos y se muestran permisivos con los abusadores".
De su lado, Milton Luna, experto en educación quien también es ex alumno del Mejía, sostuvo que "Hay que liquidar el modelo educativo vigente y retomar la ética en la educación y en la sociedad. ¡Descolonizar el espíritu e instituciones! Los estudiantes y profesores del Mejía que rechazan la pedagogía del garrote, son el germen para retomar la historia del colegio. Esto, anhelamos muchos ex Mejías".
Luna cuestionó "¿Qué pasó al colegio público más emblemático del país, fundado en los valores de la libertad y de la justicia social? ¿En dónde se perdió la lucha estudiantil que se expresaba en defensa del pensamiento laico, del respeto al “otro”; dónde está la rebeldía ante las tiranías, que es rechazo a la opresión y a la violencia en todas sus formas? La tendencia de educación integral inspirada en valores promovida por los maestros normalistas fue dejada de lado por el Estado a partir de los años 70. Y desde el 2007, se impuso, remozándolo, el modelo que estaba desde antes, el que recrea la cárcel y la fábrica en las escuelas".
El Instituto Nacional Mejía fue fundado por el presidente Eloy Alfaro en 1897.
Por su parte, el sicólogo Rodrigo Tenorio cuestiona, en cambio, la forma en la que el Ministerio de Educación ha procesado el tema: "¿Quién ordenó que vaya la policía al colegio? ¿Quién del Ministerio encendió la antorcha de la violencia para hacer frente a los pedagógicos correazos? ¿Qué será peor, la conducta del maestro o las reacciones desmesuradas del poder que comúnmente todo lo arregla con violencia? ¿Qué pensarán ahora las sabias autoridades del Ministerio luego de escuchar a papás, a mamás y sobre todo a los mismos estudiantes alabar al maestro y bendecir su correazo “pedagógico”? La verdad es que al poder político, en cualquiera de sus dimensiones, le encanta el espectáculo y más aún cuando entre los actores están la policía, las piedras, las cabezas rotas y esa pequeña dosis de sangre que consagra el rito del poder.
El Ministerio de Educación permitió, en el correato, que policías entren con sus perros amaestrados a colegios para que olfateen las pertenencias y los cuerpos de chicas y muchachos de colegios para descubrir drogas. Sí, esa fue una de las brillantes estrategias “pedagógicas” preventivas del uso de drogas. Entre aquellos tal vez estén quienes enviaron la policía al Mejía".
Tenorio cuestionó también la pasividad del Ministerio frente a abusos sexuales -no simples castigos físicos- que se han producido en colegios de la Iglesia católica.
"El Ministerio está profundamente escandalizado ante tamaña violencia. Pero no se ha escuchado que haya dicho algo sobre las múltiples acusaciones a un cura de Cuenca de haber sexualmente abusado por décadas a niños de su escuela. Con los curas no hay que meterse porque tienen poder sobre todo si son dueños de colegios, de universidades, de hospitales y a quienes se les levantan monumentos de cuerpo entero. Los acusadores ya no son niños sino hombres crecidos con esa infamia sembrada para siempre en la médula de la vida. El Ministerio de Educación ha guardado silencio para que su voz suene más poderosa en el Mejía".
El proceso contra el profesor Camacho continúa, así como el debate sobre si la violencia -que se manifiesta tanto dentro como fuera del Mejía- debe ser desterrada de las aulas del enorme edificio neoclásico de la calle Vargas.
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