Modelo operativo de justicia

Publicado el 2016/12/07 por AGN

[Carlos Castro Riera]

A pesar de ciertos ajustes realizados el modelo operativo de justicia sigue con problemas y crece la insatisfacción de los abogados. Lastimosamente los cambios introducidos en la administración de justicia coincidieron con la puesta en vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). La hipótesis que explicaría la crisis del modelo, radicaría en que, la actividad judicial está organizada como un proceso de producción en serie, con operadores administrativos diferentes que van interviniendo en el despacho de las diversas diligencias, con coordinadores que administran los procesos, y expedientes que deambulan por diferentes oficinas, sin que secretarios y jueces tengan relación y control cotidiano de los trámites, rompiéndose la unidad operativa procesal y la plena inmediación judicial.

Se ha llegado al extremo de subordinar la aplicación de las normas jurídicas procesales a la forma como está diseñado el sistema informático judicial y a las cambiantes instrucciones administrativas, lo cual distorsiona la aplicación del COGEP, el mismo que también en la práctica, ha evidenciado graves falencias, todo lo cual genera inseguridad jurídica y atenta a la fluidez de las causas.

A ello se suman los resorteos frecuentes de los juicios, la movilidad permanente de los jueces, la práctica procesal formalista que sacrifica la justicia y lleva a constantes archivos de las causas, la falta de unificación de criterios procesales por vacíos, penumbras y ambigüedades del COGEP y una deficiente capacitación en litigación oral, que derivan en una justicia muy lenta en comparación con la agilidad procesal que existía con anterioridad a la implantación del actual modelo operativo.

Por su parte, los jueces y más servidores judiciales, están sujetos a una presión y disciplinarismo formal asfixiante, con el que se pretende ocultar las falencias estructurales de la administración de justicia, mientras continúa represándose el despacho de los juicios viejos y nuevos, que puede llevar al colapso total de un modelo organizacional de justicia, que no fue resultado de un verdadero diálogo y consulta con los abogados en libre ejercicio profesional y que no se compadece con la realidad de la litigación judicial y cultura jurídica.

En este marco se dificulta el ejercicio profesional de los abogados, que deambulan por un laberinto administrativo, con una maraña burocrática que entraba los procesos, enfrentados diariamente a sorpresas en los trámites, con tensiones torturantes, angustiados, desconcertados y sometidos en ocasiones a un trato autoritario por parte de algunos servidores judiciales.
Hace falta una evaluación profunda del sistema judicial, contando con la plena participación de los abogados, los mismos que deben ser escuchados respecto de sus vivencias y experiencias diarias, para poder encontrar las causas del tortuguismo de la administración de justicia, pues las quejas son constantes y de continuarse con estas falencias, podría fracasar la aplicación del sistema oral y el propio COGEP.

Se debe reconocer los esfuerzos que ha realizado la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, para tratar de mejorar el sistema, pero al parecer los problemas rebasan sus competencias, son más profundos y de carácter estructural, comenzando por la misma concepción vigente sobre la organización del aparato judicial, la independencia de la justicia y la necesidad de reinstitucionalizar el Estado de Derecho en el país.