ABORTO LEGAL
La herencia machista sobre la que se fundó el Ecuador es detestable. Ni siquiera la
revolución liberal logró institucionalizar a plenitud los derechos de las mujeres:
tuvieron que pasar muchos años para que ellas sufraguen, décadas para que sean
candidatas y después de un siglo la desigualdad continúa. Aún las mujeres son
enajenadas de sus libertades por una sociedad que conserva la alianza entre el Estado
y la iglesia.
El clero sigue siendo árbitro de los asuntos oficiales y gestor de políticas públicas
inspiradas en su moral religiosa, esa institución colonial continúa imponiendo su
rectoría justificada en la fe por sobre los asuntos seculares. Un ejemplo vivo de aquello
es la postura que las élites, dirigentes del poder, impusieron alrededor del aborto por
violación.
Desde los púlpitos se naturalizó la obediencia y la sumisión de las mujeres, se
generalizó el juicio de valor que toda concepción humana es una bendición del ser
supremo, incluidos aquellos embarazos forzados por la violencia; a la par, el Estado
sancionó el aborto con cárcel, imponiendo la legalidad de la maternidad no deseada.
Así, miles de mujeres violadas fueron obligadas a parir, otras fueron encarceladas por
interrumpir el embarazo, muchas abortaron en la clandestinidad y hasta hay quienes
murieron en lugares insalubres, sin condiciones de bioseguridad, por procedimientos
quirúrgicos negligentes.
Ante esa dolorosa realidad las mujeres se insubordinaron. Ellas lograron visibilizar la
violencia convenientemente ocultada por el poder, le quitaron la máscara criminal del
Estado y obligaron con su movilización a que la Corte Constitucional despenalice el
aborto, al declarar ilegales los artículos 149 y 150 del Código Integral Penal.
La despenalización del aborto no será la causa de su proliferación, ni tampoco obligará
a las embarazadas a hacerlo, sencillamente es la aceptación de un problema al cual el
Estado siempre le dio las espaldas; en adelante será tratado como un asunto de salud
pública, por lo que deberá garantizarse condiciones dignas, gratuitas y seguras para
que las mujeres violadas puedan interrumpir voluntariamente el embarazo.
Habrá quienes digan que se legalizó el pecado y hasta conspiren contra la decisión
constitucional, nada más oscurantista. Lo correcto es complementar lo aprobado con
programas de educación sexual, gratuidad de anticonceptivos y combate a la
inseguridad.
Francisco Escandón Guevara
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