El observador

 Ventajas y privilegios de la Contratación Pública

Cuando se habla de contratación pública en Ecuador, es muy difícil marcar diferencias en la última década y media. Todos los procesos están atravesados por una línea de discrecionalidad, ventajas y privilegios para las empresas de los amigos de los huéspedes de Carondelet. En esta nueva investigación conjunta de La Historia y Periodismo de Investigación, resaltan figuras como Nasib Neme, amigo personal de Rafael Correa y Eduardo Jurado, hombre de confianza de Lenín Moreno. Esta nueva historia está llena de cifras, ventajas, sobreprecios e incumplimientos, ingredientes básicos de la Revolución Ciudadana.

Todo empezó hace casi una década. En el año 2012, Carlos Julio Jaramillo estaba al frente de la empresa municipal ETAPA de Cuenca, por un lado, y por el otro estaba Eduardo Jurado Béjar, quien ya era un prominente empresario guayaquileño vinculado con obras de infraestructura sanitaria, redes de agua y tratamiento de desechos. El alcalde de Cuenca de ese momento era el entonces convencido militante del correísmo, Paúl Granda.

Fue entonces que los dos –Jaramillo y Jurado- llegaron a lo que sería el primero de muchos acuerdos. Era el gobierno de Rafael Correa y con el financiamiento del Banco del Estado se decidió otorgar un crédito en diciembre de ese año para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Guangarcucho, mediante la tecnología de la flotación con aire disuelto. Eso costaría 22 millones y medio de dólares y el consorcio al que pertenecía Jurado Béjar sería el encargado de ejecutarlo. Se trataba del Consorcio ecuatoriano-suizo SEM-KWI.

Todo parecía marchar viento en popa. Hubo concurso, se dio la licitación. Un procedimiento hecho con el estilo marcado de la Revolución Ciudadana.

Pero en 2014 hubo elecciones de gobiernos locales y en Cuenca ganó un nuevo alcalde, Marcelo Cabrera. Y esta obra, pese a haber sido adjudicada, no había arrancado aún en su construcción. Cabrera ordenó una revisión integral de todo el proceso.

Fue así que en agosto de 2014 apareció el primer informe de la nueva administración y las novedades no se hicieron esperar. El ingeniero Omar Cueva presentó un informe técnico estableciendo que en ninguna parte aparecían los justificativos documentales para llegar a establecer el costo de 22 millones y medio de dólares, puestos como presupuesto referencial de la obra. Luego, el oferente que ganó la licitación tampoco acreditó ninguna experiencia en la construcción de plantas similares hechas con la tecnología ofrecida.

Un informe de la Contraloría General del Estado hecho un año después, en agosto de 2015, sobre este mismo tema, concluye que el Gerente de ETAPA se decidió por esta clase de planta “sin contar con un estudio o justificativo técnico, que demuestre la efectividad de esta alternativa en la remoción de los parámetros requeridos, sino con base en un análisis de tipo financiero”. Además, se dejaron de lado los estudios de prefactibilidad hechos con anticipación. En definitiva, dice la Contraloría, la Comisión Técnica encargada “no revisó en debida forma los pliegos que aprobó el Gerente General, que no contaban con estudios previos; con un presupuesto referencial que no estuvo debidamente obtenido ; y que no contenían el estudio de desagregación tecnológica o compra de inclusión”.

¿Qué hizo el alcalde Marcelo Cabrera ante estas contundentes conclusiones?

“Eché abajo el proceso”, recuerda. Y lo hizo porque todo se lo había hecho mal. Pero entonces recibió una llamada del señor Carlos Jurado Vinueza, hijo de Eduardo Jurado Béjar, quien lo invitó a conversar con más tiempo, con tranquilidad, navegando por el mar en el velero de su padre.

“Yo le contesté que no tenía nada que conversar con él, dice ahora Cabrera, quien fue alcalde de Cuenca hasta 2019 y acaba de ganar una curul como Asambleísta de Azuay, en el próximo parlamento que se instalará en mayo.

Eduardo Jurado Béjar, por su lado, más adelante tuvo el cargo político más importante en su vida. Y el velerismo lo siguió cultivando como su mayor pasión: “Es en el mar donde se aprovecha el silencio y se enfrentan los miedos. Porque allí puede pasar cualquier cosa”, dijo en una entrevista.

Pero este solo es el primer capítulo en el que participan juntos Carlos Julio Jaramillo, amigo personal de Paúl Granda, y Eduardo Jurado Béjar, quien también tiene un amigo personal especial y común con Granda: Lenin Moreno.

ENTREVISTA A CARLOS JULIO JARAMILLO: “UN CONTRATISTA PUEDE TENER UNA O CIEN OBRAS A LA VEZ. ESE ES SU GIRO DE NEGOCIO”

P: ¿Por qué hay tantas denuncias de irregularidades en los créditos para agua potable concedidos por el Banco del Estado?

En la mayoría de los proyectos de Promadec IV, las quejas vinieron de la misma empresa. Terminó siendo la misma empresa la que denunciaba en los proyectos donde participaba. Se repite el denunciante. El rol del Banco es el que ha tenido siempre en el país, que es el de cofinanciar proyectos. Nada más. No tiene nada que ver con el proceso de contratación ni adjudicación ni interviene en lo más mínimo. Nunca ha intervenido en ningún proyecto, menos en estos. La CAF aprobó los pliegos en todos los procesos a los que usted se refiere y el BDE no ha hecho absolutamente nada. El manejo de la contratación de cada uno de los procesos es rol de los Gobiernos Autónomos.

P:¿Cómo se despachó las denuncias presentadas? Se alega que existe direccionamiento para beneficiar a constructoras vinculadas.

Denuncias hubo varias y se puede ver que siempre se repitieron desde los oferentes interesados. Es una sola empresa la que está haciendo en todo el país reclamos de los diferentes procesos. En todos los proyectos que superan los dos millones de dólares del programa agua segura, hubo denuncias del mismo grupo empresarial. Yo no he advertido lo que usted me dice que supuestamente los adjudicatarios en todos los contratos son las mismas empresas, más bien lo que sí he visto es que el denunciante es la misma empresa y que es concursante también en todos los proyectos. Las denuncias salen de la parte interesada.

Usted refiere que a una misma empresa hace las denuncias, pero hemos hallado que en los Consorcios ganadores de los proyectos hay un par de nombres recurrentes, de empresas que están relacionadas al señor Eduardo Jurado y al señor Nassib Neme.

Los contratistas desconozco quiénes son.

P: ¿Ustedes no tienen conocimiento de quiénes conformaban los consorcios?

No, no tengo conocimiento de los consorcios a nivel de todas las empresas. La verdad desconozco quiénes son los contratistas de todas las empresas que han estado ofertando, pero lo que le puedo dar referencia más bien es de lo que es en líneas generales, lo de conocimiento público. Los consorcios están ahí, están estructurados, me imagino que hay garantías firmadas, representantes legales y es fácil identificar quiénes son los empresarios que están ejecutando los contratos. Ahora, más allá de las personas, lo que es interesante es ver la legalidad de los procesos: si fueron las ofertas más baratas, más caras, si fueron ofertas con problemas…

P: Usted dice que el rol del Banco del Estado es el de cofinanciar estos proyectos. ¿Hasta dónde llega ese rol?

Es un financista puro y duro, nada más, como lo ha hecho en todos los procesos.

P: ¿No había conocimiento sobre quiénes ofertaban, de quiénes eran las constructoras?

Para nada, no ha habido nunca en el Banco de Desarrollo, en ningún proceso, acción sobre la contratación; esa es responsabilidad absoluta de las empresas que ofertan, de las empresas que firman los contratos, y el Banco, en tal virtud, cuando ya existe la adjudicación recibe la misma. Luego, cuando llega el contrato, hace un desembolso y hace un seguimiento, sí, pero ya a la ejecución del proyecto.

P: ¿Por qué la CAF desistió de financiar los proyectos de agua?

Esa es una pregunta que debería hacerle a la CAF. Lo que le puedo decir es que la misión Agua Segura le pidió a la CAF que se pronuncie porqué se abrió en cada proyecto, el cada por qué y respondió diciendo que los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) han adjudicado esos proyectos antes de tener la satisfacción de la CAF. Ese es el argumento.

P: ¿En qué consistía la satisfacción de la CAF?

Aquí es clave leer el manual operativo, que es el que da las reglas de cómo se manejaban los proyectos entre las dos multilaterales y el cliente. En ese documento dice claramente que los gerentes zonales del Banco de cada región enviarán la adjudicación a la CAF, previo a la firma del contrato para tener la satisfacción de ellos, que es un pronunciamiento. La CAF en su momento indica que no autoriza porque se adjudicó antes de tener la satisfacción. Valdría preguntar a la CAF por qué si esto está en su manual operativo, se termina conflictuando al interior de ellos. Ellos indican ahí que su política de contratación implica que la satisfacción debe ser previa a la adjudicación. Ahí tienen un conflicto interno ellos.

P: Esa es la respuesta oficial de la CAF. ¿Pero hay otras razones por las que se dejó de financiar esos proyectos?

Darle un juicio de valor, puedo pecar…luego de tener problemas con la gente que de una u otra manera pudo tener conflictos de interés para parar esa contratación pública… yo entiendo que puede haber quejas en un proceso, en dos procesos, pero hablar de esto en todos los procesos, sí me resulta difícil de entender. Tengo mis dudas sobre el mapa de actores que redundan alrededor de algo que sí veo recurrente, que fue siempre la misma empresa que reclamó en varios procesos.

P: ¿No existe un círculo privilegiado de contratistas beneficiados con los créditos para obras que otorga el Banco del Estado?

No quiero herir ninguna susceptibilidad a nadie. Un empresario gana o pierde en la contratación pública y su giro de negocio es ganar o perder con la oferta más barata. Puede tener un contrato como puede tener 100 a la vez. Las empresas constructoras se dedican a eso, a construir. Creo que el análisis de que cualquier constructora tenga uno o dos, cinco, diez contratos firmados, debe ser si fue lícito o no el tema, cómo lo consiguió. Le insisto, lo primero que hay que ver de cualquier contratista que puede estar este rato construyendo una vía en Pichincha, otra en Azuay, otra en Manabí, es en qué condiciones ganaron. Y honestamente le digo yo no conozco las condiciones con las que ganaron los contratistas de las obras a las que usted se refiere.

Cuando yo fui gerente del Banco, en 2019-2020, habrá financiado cerca de 1.800 millones de dólares, de los cuales se desprenderán unos 1500 contratos de obras. De ahí se podría hacer un análisis de quiénes son los contratistas.

Fuente: La Historia y Periodismo de Investigación.

Extracto de la investigación.