EL CONTRALOR PABLO CELI, DETENIDO POR LA TRAMA DE SOBORNOS EN PETROECUADOR
La Fiscalía y fuerzas de asalto de la Policía allanaron en las primeras horas de hoy varias casas y oficinas en Quito y Guayaquil. Se produjo el arresto del contralor general del Estado, Pablo Celi De la Torre, quien a esta hora está detenido en la Unidad de Flagrancia, en el centro de Quito, junto con otras siete personas.
Celi, quien era subcontralor de Carlos Polit, fue ratificado como contralor por el Consejo Transitorio, que presidió Julio César Trujillo. En el allanamiento también se ha intervenido la casa del ex ministro de Lenin Moreno, José Agusto Briones, quien ejerció como secretario general de la Presidencia de la República y se encuentra detenido también. En los allanamientos en la capital estuvo presente la fiscal general del Estado, Diana Salazar. En Guayaquil, en los sectores de Samborondón y Puerto Azul, se detuvo a dos personas más, uno de ellos, un hermano de Agusto, llamado Luis Adolfo.
Otro de los allanados fue el abogado Esteban Celi De la Torre, hermano del contralor, y una persona identificada como Natalia Cárdenas, ex asesora en Petroecuador durante la gerencia de Pablo Flores. Las autoridades incautaron más de 32 mil dólares en efectivo y encontraron documentos y cajas fuertes. Se informó también de un allanamiento contra el ex consejero del Palacio, Santiago Cuesta, quien no se encontraría en el país.
En total, se realizaron 25 allanamientos en el marco de una indagatoria iniciada en junio de 2019 por “presunta delincuencia organizada, relacionada con actos de corrupción en Petroecuador, Contraloría y Secretaría (General de la Presidencia)”. La Fiscalía informó del operativo cerca de la una de la mañana de hoy y ha denominado a la pesquisa como "caso Las Torres", en alusión a un sobrino de Polit quien fue detenido y condenado en Estados Unidos cuando intentaba ingresar con 250 mil dólares en efectivo. El pariente de Pólit, con quién él siempre negó tener una relación cercana, admitió que lavaba sobornos en el sistema financiero de Estados Unidos.
La hipótesis de la Fiscalía
Según documentos filtrados en redes sociales, la justicia autorizó un "acto urgente" en este caso, por pedido de la Fiscalía, que sostiene que fue Agusto, desde su cargo en Palacio de Gobierno como secretario general de la Presidencia, quien mantuvo como asesor en Petroecuador a José Raúl De la Torre, el sobrino de Pablo Celi, cuya función era recibir pagos indebidos para Agusto. Además del sobrino de Celi, recibían los dineros, dice la Fiscalía, otras personas como Luis Adolfo Agusto (hermano del ex secretario), Giomara López, Ángelo Rodríguez, y también a una empresa relacionada con ellos, llamada Fraxianer. Los presuntos sobornos habrían sido pedidos por Agusto a una contratista de Petroecuador, llamada Nolimit, que tenía un contrato de prestación de servicios con la petrolera estatal. Los sobornos habrían sido para "asegurar los pagos" de Petroecuador a la contratista.
En esta trama habría estado involucrado el ex gerente de Petroecuador en este gobierno, Pablo Flores Cueva, quien era el que exigía los sobornos y contaba con dos operadores: el sobrino de Pólit y su socio, llamado Roberto Barrera, ambos detenidos en Estados Unidos. La Fiscalía cree que la asesora de Petroecuador Natalia Cardenas y el abogado Marco Prado, procurador jurídico de la petrolera, también involucrados.
La Fiscalía sostiene también que el hermano del contralor, Esteban Celi, pidió dinero a la misma empresa Nolimit para desvanecer glosas por 13 millones contra esa contratista en la Contraloría, operando por medio de dos funcionarios de la Contraloría a órdenes de Pólit: Luis Miño y Nelson Dueñas López.
De ahí que entre las personas contra las cuales se emitió una orden de captura investigativa están José Agusto, Luis Agusto, Esteban Calero, Natalia Cárdenas, Pablo Celi de la Torre (contralor del Estado), Esteban Celi, María Cueva, Álvaro de Guzmán Pérez, Pablo Flores Cueva, Marco Antonio Flores (ex ministro de Finanzas), entre otros.
Acompañada de fuerzas de asalto de la Policía, la fiscal general Diana Salazar participó en los allanamientos.
La historia de José Raúl de la Torre Prado
El alegato de José Raúl de la Torre Prado, ante el juez tercero de la Niñez, en 2011, es cuando menos penoso. El joven había sido demandado ante la justicia por un aumento de la pensión de alimentos de su hija. Como empleado de la Contraloría que era, solo recibía USD 1400 al mes, que no le alcanzaban, sostuvo, para pagar la pensión de alimentos a su ex esposa y, al mismo tiempo, atender los gastos del embarazo de su nueva pareja.
El caso del ex funcionario de la Contraloría, pariente lejano del contralor Pablo Celi, podría parecer muy similar al de muchos padres divorciados en la actualidad. El juez se mostró inflexible y tras estimar que podría vivir con USD 372 al mes, le condenó a pagar una pensión de USD 360 a su hija, aceptando el alegato de su ex mujer sobre la necesidad de recibir más dinero para los gastos de la menor.
El contralor Pablo Celi está bajo arresto en la Unidad de Flagrancia del centro de Quito.
USD 250 mil en efectivo
Este es de los pocos registros que hay de incidentes de La Torre Prado con la justicia ecuatoriana. Su situación cambiaría en junio de 2019, cuando el modesto ex funcionario de la Contraloría -quien para entonces era asesor de la gerencia general de Petroecuador- sería arrestado al ingresar a los Estados Unidos con la astronómica suma de USD 250 mil, lo que motivó que la justicia de ese país lo procese por lavado de activos.
La Fiscalía ecuatoriana allanó su departamento y el de su socio, Roberto Barrera, así como la oficina que ocupaba en las torres de Petroecuador, al norte de Quito, pero hasta el momento no hay procesos penales en su contra, según el sistema de causas judiciales consultado por este portal.
Para noviembre de 2019, ya desde la cárcel en Miami, De la Torre Prado confesó que “entre 2018 y junio de 2019, el acusado, que entonces trabajaba como funcionario extranjero en Petroecuador, conspiró con otros funcionarios de Petroecuador y del gobierno de Ecuador y con ciertas personas en un esquema para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de usar su función para permitir a una compañía (de servicios petroleros) obtener y mantener contratos y pagos contractuales de Petroecuador (el esquema ilegal de sobornos)”, según un documento que entregó a los fiscales del caso.
De pasar a ganar apenas USD 1400 mensuales y pagar de pensión USD 360, el ex funcionario de Petroecuador, en complicidad con un empresario llamado Roberto Barrera, había manejado sobornos por más de tres millones de dólares. Según confesó, había recibido por los menos 32 mil dólares en artículos de lujo y dinero, mientras su socio percibió en la transacción no menos de 150 mil. Pero la justicia americana cuestiona el uso del territorio y el sistema financiero de Estados Unidos para lavar esos dineros, lo que motivó el procesamiento penal de De La Torre y de Barrera ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida. Barrera también se había declarado culpable en octubre de 2019, aunque hasta el momento la justicia de Estados Unidos no ha revelado con qué empresa hacían el negocio ni quiénes fueron los beneficiarios de los contratos de Petroecuador.
Durante el periodo de su confesión, De la Torre había sido asesor del gerente de Petroecuador, Pablo Flores, y aparecía comisionado en aspectos como decidir qué hacer con los terrenos de la fallida refinería del Pacífico, ubicada en las cercanías de Manta.
El asambleísta por Galápagos, Washington Paredes, logró determinar que el ex funcionario recibió por lo menos cinco delegaciones del gerente de Petroecuador en la época para que actúe en su nombre y representación, a pesar de que la petrolera había negado que tuviera funciones administrativas. Paredes dijo en esa misma época que el soborno podría haber alcanzado los 4 millones, lo que se acerca a la cifra que la justicia norteamericana ha podido establecer después. Y dio también más detalles: el contrato sería con una empresa de seguridad para guardias en las instalaciones de Petroecuador, con un monto de USD 37 141 645. El soborno habría sido, así, de cerca del diez por ciento del contrato.
De la Torre y Barrera no eran los primeros en operar así en Miami. Y todo indica que no serán los últimos, pues hay por lo menos 12 juicios penales en el Tribunal Federal de Miami por casos como este, en donde el Estado ecuatoriano, representado por la Procuraduría General, participa en por lo menos nueve.
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