ASÍ SE LAVAN EN MIAMI LOS SOBORNOS DEL 10% QUE CIRCULAN EN PETROECUADOR
El alegato de José Raúl de la Torre Prado, ante el juez tercero de la Niñez, en 2011, es cuando menos penoso. El joven había sido demandado ante la justicia por un aumento de la pensión de alimentos de su hija. Como empleado de la Contraloría que era, solo recibía USD 1400 al mes, que no le alcanzaban, sostuvo, para pagar la pensión de alimentos a su ex esposa y, al mismo tiempo, atender los gastos del embarazo de su nueva pareja.
El caso del ex funcionario de la Contraloría, pariente lejano del contralor Pablo Celi, podría parecer muy similar al de muchos padres divorciados en la actualidad. El juez se mostró inflexible y tras estimar que podría vivir con USD 372 al mes, le condenó a pagar una pensión de USD 360 a su hija, aceptando el alegato de su ex mujer sobre la necesidad de recibir más dinero para los gastos de la menor.
USD 250 mil en efectivo
Este es de los pocos registros que hay de incidentes de La Torre Prado con la justicia ecuatoriana. Su situación cambiaría en junio de 2019, cuando el modesto ex funcionario de la Contraloría -quien para entonces era asesor de la gerencia general de Petroecuador- sería arrestado al ingresar a los Estados Unidos con la astronómica suma de USD 250 mil, lo que motivó que la justicia de ese país lo procese por lavado de activos.
La Fiscalía ecuatoriana allanó su departamento y el de su socio, Roberto Barrera, así como la oficina que ocupaba en las torres de Petroecuador, al norte de Quito, pero hasta el momento no hay procesos penales en su contra, según el sistema de causas judiciales consultado por este portal.
José Raúl de La Torre Prado hacía declaraciones públicas como funcionario de Petroecuador, aquí en el terreno de la Refinería de Pacífico.
El empresario Roberto Barrera, quien también se declaró culpable.
Para noviembre de 2019, ya desde la cárcel en Miami, De la Torre Prado confesó que “entre 2018 y junio de 2019, el acusado, que entonces trabajaba como funcionario extranjero en Petroecuador, conspiró con otros funcionarios de Petroecuador y del gobierno de Ecuador y con ciertas personas en un esquema para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de usar su función para permitir a una compañía (de servicios petroleros) obtener y mantener contratos y pagos contractuales de Petroecuador (el esquema ilegal de sobornos)”, según un documento que entregó a los fiscales del caso.
De pasar a ganar apenas USD 1400 mensuales y pagar de pensión USD 360, el ex funcionario de Petroecuador, en complicidad con un empresario llamado Roberto Barrera, había manejado sobornos por más de tres millones de dólares. Según confesó, había recibido por los menos 32 mil dólares en artículos de lujo y dinero, mientras su socio percibió en la transacción no menos de 150 mil. Pero la justicia americana cuestiona el uso del territorio y el sistema financiero de Estados Unidos para lavar esos dineros, lo que motivó el procesamiento penal de De La Torre y de Barrera ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida. Barrera también se había declarado culpable en octubre de 2019, aunque hasta el momento la justicia de Estados Unidos no ha revelado con qué empresa hacían el negocio ni quiénes fueron los beneficiarios de los contratos de Petroecuador.
Durante el periodo de su confesión, De la Torre había sido asesor del gerente de Petroecuador, Pablo Flores, y aparecía comisionado en aspectos como decidir qué hacer con los terrenos de la fallida refinería del Pacífico, ubicada en las cercanías de Manta.
El asambleísta por Galápagos, Washington Paredes, logró determinar que el ex funcionario recibió por lo menos cinco delegaciones del gerente de Petroecuador en la época para que actúe en su nombre y representación, a pesar de que la petrolera había negado que tuviera funciones administrativas. Paredes dijo en esa misma época que el soborno podría haber alcanzado los 4 millones, lo que se acerca a la cifra que la justicia norteamericana ha podido establecer después. Y dio también más detalles: el contrato sería con una empresa de seguridad para guardias en las instalaciones de Petroecuador, con un monto de USD 37 141 645. El soborno habría sido, así, de cerca del diez por ciento del contrato.
De la Torre y Barrera no eran los primeros en operar así en Miami. Y todo indica que no serán los últimos, pues hay por lo menos 12 juicios penales en el Tribunal Federal de Miami por casos como este, en donde el Estado ecuatoriano, representado por la Procuraduría General, participa en por lo menos nueve.
Los lujos de Armengol
Otro caso parecido al anterior es el de Armengol Alfonso Cevallos Diaz, nacido en Esmeraldas y ex funcionario de Petroecuador, quien se declaró culpable la semana pasada en casi los mismos términos que los dos anteriores de operaciones similares. Se beneficiaba con contratos de Petroecuador, pagaba coimas para mantenerlos y, luego, enviaba el dinero a empresas en Miami para lavarlo. Así fue como, con la misma base legal, fue procesado por la justicia norteamericana.
El monto que Cevallos llegó a manejar supera a los anteriores: la Fiscalía de Miami cree que llegó a lavar hasta 4.4 millones de dólares. Sus operaciones fueron más antiguas, y tuvieron lugar entre 2012 y 2015, y, al parecer, tenían relación con la red de Carlos Pareja Yanuzzelli en Petroecuador.
Esta casa en Santa Elena era construida por el ex magnate petrolero Armengol Díaz.
Para llegar a sus propiedades, Armengol Díaz se desplazaba en este helicóptero.
Según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia, Armengol Cevallos, quien se estableció en la Florida a partie de 2016, se dedicó a comprar propiedades para lavar los sobornos que había recibido por parte de funcionarios de Petroecuador, a los que el Departamento de Justicia no identifica.
Como en el caso anterior, tampoco hay ningún proceso penal en el sistema de causas judiciales ecuatorianas contra Armengol Díaz, aunque una investigación de diario El Universo reveló que hacía verdadera ostentación de su éxito económico, que, acaba de admitir ante la justicia de EE.UU. estaba relacionado con sobornos.
En efecto, en enero de 2017, El Universo reveló los lujos de Armengol Cevallos Díaz: "A través de su empresa Vestsacer S.A. y una vinculada, Plameri S.A., Armengol Cevallos tuvo acceso a unos $ 110 millones en contratos que el exgerente de Refinación de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli adjudicó a la empresa Tesca Ingeniería del Ecuador S.A. desde el año 2012, para la repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas", dijo en esa época El Universo.
El empresario petrolero no ocultaba su gusto por las cosas caras, según pudo establecer la investigación de El Universo: "El crecimiento de su compañía se reflejó en la compra de bienes, a partir del 2013. A nombre de Vestsacer, Armengol registra, además del terreno en las playas de Olón, otro lote en Olón y uno en La Libertad; dos oficinas y dos parqueos en el edificio Trade Building de Guayaquil; y ocho carros, tres de ellos de lujo (un modelo BMW 2013, un Porsche 2014 y un Jeep Ford 2015). El avalúo 2016 de estos tres últimos autos asciende a $ 220 mil, según el SRI.
A su nombre compró en el 2014 un departamento en el edificio Casa Magna, de Salinas. Y a nombre de un familiar consta un terreno de 1.998 m² en Esmeraldas, en la vía hacia el aeropuerto de Tachina, donde se levanta una mansión de reciente construcción con vista al mar. Ahí llegaba también en su helicóptero Robinson 66, de propiedad de otra empresa manejada por familiares. Ahí llegaba hasta marzo, mes en que registró su salida del país".
Para 2016, el empresario se había instalado en Miami, y muchas de sus propiedades, incluyendo el helicóptero en que viajaba, quedaron en el Ecuador en manos de sus familiares. Pero en Estados Unidos, sus inusuales operaciones financieras motivaron su arresto.
Si De la Torre y Barerra, al parecer, cobraron la comisión por un contrato de seguridad, los contratos de Cevallos tenían relación con obras en la llamada "repotenciación" de la Refinería de Esmeraldas.
De ahí que tras conocerse, el pasado 24 de enero, de la confesión de Cevallos, Petroecuador y la Procuraduría del Estado pidieron a la justicia de Estados Unidos que se les considere como "víctimas". El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, dijo que “para nosotros es importante que se nos reconozca como víctimas en los procesos judiciales que se realizan en Estados Unidos, ya que personas que cometieron actos ilícitos afectaron y perjudicaron a la institucionalidad de la empresa y esto debe ser restituido”, mientras la petrolera explicó que tiene varios ligitios, en el ámbito contencioso administrativo, contra las empresas de Cevallos.
"Actualmente, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR mantiene cuatro juicios contenciosos administrativos con la compañía TESCA; uno relacionado con la construcción de una nueva planta de aguas amargas, dos se deben al montaje y construcción de tres tanques, y uno al mantenimiento de tanques. Los cuatro contratos fueron suscritos con el fin de ejecutar obras en Refinería Esmeraldas", dijo la petrolera en un comunicado el 29 de enero.
Petroecuador agregó que "de estos cuatro juicios, Armengol Alfonso Cevallos Díaz tiene relación con el contrato para la construcción de una nueva planta de aguas amargas, ya que consta como accionista mayoritario de la empresa VESTSACER S.A., que subcontrató con TESCA por el valor de USD 22´883.000. EP PETROECUADOR terminó el contrato suscrito con la empresa contratista por falta de autorización para subcontratar, ya que sobrepasó el 30% del monto de subcontratación y además incumplió una cláusula contractual. Por otra parte, también existe un juicio contencioso administrativo con la compañía MAES S.A., por el diseño, construcción, instalación y puesta en operación de un nuevo horno para la Planta Universal en Refinería la Libertad, por un monto de USD 9´183.519,65. Este proceso judicial tiene relación con Armengol Alfonso Cevallos Díaz, en virtud de que igualmente consta como accionista mayoritario de la empresa VESTSACER S.A., subcontratada por la Empresa MAES S.A. Esta última compañía mantenía un contrato el cual fue terminado unilateralmente por la EP PETROECUADOR".
Según la petrolera, sus procesos contenciosos administrativos contra las empresas de Armengol Cevallos se ventilarán en en audiencia de juicio el 7 de febrero de 2020, y en audiencia preliminar el 27 de mayo de 2020.
El millonario "intermediario financiero"
Frank Roberto Chatburn Ripalda, quien también tiene nacionalidad ecuatoriana, ayudó a lavar dinero.
Y el esquema se repitió nuevamente. En caso, que no tiene relación con los dos anteriores, se aplicó la misma receta: contratos en Petroecuador, coimas para obtenerlos, y maniobras financieras para lavar el dinero en Miami, el destino preferido de quienes, al parecer, encontraron una forma de enriquecerse.
Es tan común la práctica, que los fiscales de Florida dieron con facilidad con un intermediario financiero, llamado Frank Roberto Chatburn Ripalda, quien según la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, era un asesor financiero radicado en Miami quen se declaró culpable de lavar dineros de sobornos de Petroecuador en octubre de 2019.
Chatburn, quien también tiene nacionalidad ecuatoriana, confesó ante la jueza Marcia G. Cooke que lavaba dinero -cerca de 3,5 millones de dólares- para contratistas y funcionarios de Petroecuador, entre 2013 y 2015, por lo que fue condenado a tres años y medio de prisión y deberá ingresar a la cárcel en este mes de febrero.
La jueza de EE.UU. Marcia G. Cooke ha sentenciado estos casos de lavado.
Junto con Chatburn, fue condenado a dos años José Larrea, quien vivía en Miami, y según los fiscales norteamericanos, había prestado sus cuentas para lavar por lo menos un millón de dólares que, nuevamente, provenían de sobornos de Petroecuador que se buscaba ocultar en el sistema financiero norteamericano. En el caso de Larrea, también intervino la jueza Marcia G. Cooke, una famosa magistrada norteamericana quien fue nombrada por el ex presidente George W. Bush para la Corte Federal del sur de Florida.
Se sabe que Chatburn habría ayudado al ex ministro correísta Pedro Merizalde a lavar dinero que habría recibido de Odebrecht. El intermediario financiero trabajaba con Ramiro Luque Flores, de GalileoEnergy, una empresa argentina contratista de Petroecuador, y con los ex funcionarios Marcelo Reyes López y Arturo Escobar Domínguez, así como con Juan Andrés Baquerizo Escobar, de Oil Services&Solutions, todo ellos ya condenados por la justicia norteamericana. El contrato de Luque Flores era de cerca de USD 38 millones, con lo que nuevamente, la "tarifa" del soborno parece coincidir con el diez por ciento del contrato.
El esquema de sobornos en Petroecuador todavía se investiga en Estados Unidos, mientras la justicia ecuatoriana no avanza en sus indagatorias.
Panamá también investiga
Mientras tanto, en Panamá, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esta semana un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia de ese país que declaró nula una investigación internacional por presunto blanqueo de capitales desarrollada por Panamá y Ecuador, que dejó al descubierto un entramado de sociedades usadas para lavar dinero y que permanecía paralizada, dijo el diario La Prensa del Itsmo.
Según La Prensa, la investigación apunta al lavado de dinero en Panamá presuntamenta realizado por el ex gerente de Petroecuador, Álex Bravo.
"En este caso, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó el llamamiento a juicio de 23 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Como parte de las pesquisas, se vincula a la sociedad Arkdale Investments Limited, ligada a Alex Bravo Panchano, exgerente de Petroecuador, quien había depositado en la sociedad Girbra S.A. fuertes sumas de dinero procedentes de contratos de infraestructura para la explotación petrolera en Ecuador. En Panamá, la fiscalía cauteló $3 millones".
Según La Prensa, "las investigaciones se iniciaron en 2016, cuando la Unidad de Análisis Financiero reportó al Ministerio Público un movimiento inusual de dinero a través de cuentas bancarias y sociedades locales que no podía ser justificado, mientras que autoridades ecuatorianas entregaron a Panamá parte de la investigación efectuada en ese país sobre funcionarios de Petroecuador.
Entre la información entregada por Ecuador figura la participación de Bravo Panchano, quien había adquirido una serie de sociedades en Panamá a través firmas de abogados. Según las pesquisas, a través de estas sociedades había desviado fondos provenientes de concesiones dadas por la empresa estatal ecuatoriana.
En este caso, la fiscalía formuló cargos a Mirzella Inés Tuñón, de la firma Mossack Fonseca, quien suscribió un contrato con Bravo Panchano, representante de la empresa Girbra, S.A., y Arkadale Investments Limited que, como se dijo, recibieron transferencias bancarias provenientes de Ecuador.
En total, según las investigaciones, EP Petroecuador habría entregado unos 30 millones de dólares en contratos para la ejecución de obras, fondos que terminaron en el extranjero.
La fiscalía analizó los flujos de dinero procedentes de Ecuador, que según las autoridades de ese país fueron producto de irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados por Petroecuador a empresas privadas para mejoras en dos refinerías".
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