PROHIBIDO OLVIDAR

En agosto de 1984, León Febres Cordero Rivadeneyra triunfó en las elecciones presidenciales y asumió la Presidencia del República. En su ejercicio, Febres Cordero procuró concentrar el poder llegando a interferir en las otras funciones del Estado, amedrentó a sus contendientes políticos y a periodistas y medios de comunicación que denunciaban su accionar favorable a la élite económica que le rodeaba y la dura represión a los sectores sociales opositores.

En 1983 y 1984 aparecen en el país grupos políticos con intensión de forjar un movimiento armado necesario para su estrategia de lucha. En este contexto, el gobierno de Febres Cordero generó un severo proyecto represivo, creando grupos especiales de inteligencia; nombró a personas allegadas al régimen para laborar en Intendencias y Comisarías de Policía, facilitando las detenciones arbitrarias, allanamientos y otros procedimientos y medidas en contra de quienes habían sido capturados por actos ilícitos o subversivos, o cuya vinculación con éstos o con sus responsables se presumía.

El caso del entonces diputado socialista Diego Delgado quien en el año 1986, en su condición de legislador y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, logró que se instaure un juicio político en contra del ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, iniciado el 28 de septiembre de 1987, por violaciones de los derechos humanos, basándose en denuncias y documentos entregados por los familiares de algunos afectados.

Hacia las 23h00 del viernes 23 de septiembre de 1987, el diputado Diego Delgado Jara salió del edificio del Congreso Nacional, ubicado en el sector centro-norte de la ciudad de Quito, acompañado por su amigo y colega de militancia, Guillermo Pazmiño, este último recuerda que “tomamos la calle del Palacio de Justicia [ubicado apenas a pocas cuadras] caminando hasta que observamos que a la altura de la calle que dobla al Registro de la Propiedad, me di cuenta que había tres o cuatro personas de sexo masculino que caminaban por la misma dirección y en la parte del Colegio Espejo los antes nombrados sujetos nos agredieron, habiendo observado que a tres de ellos eran de tés morena de tipo serrano, de pelo corto, dos de ellos armados con revólveres gruesos.

Uno de ellos blandió su arma contra el diputado Diego Delgado, con la intención de golpearle dándose lugar a una persecución de dos o tres de ellos contra el doctor Delgado y uno contra mí. El Dr. Delgado logró cruzar la calle del parque Alameda, por lo cual yo me retrasé mientras que mi persona opté por correr en pedir auxilio y no fui capturado”.

Diego Delgado escuchó decir: “Es el del terno azul. Escapé y les gané en carrera, pero de un auto amarillo salieron varias personas con pasamontañas. Sentí un golpe terrible en la mitad de la cabeza, desde atrás, con lo que salieron volando mis lentes. Alguien me amenazó: ‘Si sigues corriendo te disparo’ me di la vuelta, era el único al que vi el rostro: ‘tenía la mandíbula ancha, muy ancha, entiendo que era un oficial de apellido Mantilla”.

Le golpearon y arrastraron hasta un vehículo marca Cherokee de color azul, “cuando me iban llevando arrastrado, yo quería cogerme de todo sitio porque a uno le duele que le halen del pelo y me arrastraban todo el tiempo y yo pensé que ahí estaba participando la Policía -era mi apreciación- porque llegó un carro que había una luz azul y roja, se pararon y alguien bajó del carro habló con ellos los captores de Diego Delgado y dijo: ‘sigue nomás, no hay problema’; uno de sus agresores le decía: ‘ya vas a ver cómo te matamos’, yo le dije: ‘¿Y con las manos que me vas a matar piensas ir y acariciar a tus niños?’. El tipo se enfureció, me dio en la boca y me rompió el paladar. Me trasladaron al Valle de Los Chillos cerca de la ciudad de Sangolquí al sur-oriente de Quito, a un sitio despoblado, allí la golpiza continuó, me golpearon con una velocidad increíble, siquiera unos diez a quince minutos, pero brutalmente, una golpeada feroz. Entonces yo dije estos tipos me van acabar matando. Mientras lo golpeaban le decían: ‘socialista tal y cual, morlaco desgraciado’. Algunos de los agentes decían: ‘nosotros somos de Alfaro Vive Carajo, ahora defiéndenos”.

Mientras dos de sus agresores lo golpeaban, Diego Delgado se cubría la cabeza, por lo que uno de sus brazos fue fracturado con un golpe y, en esas circunstancias, se desplomó fingiendo estar muerto. Los agentes lo abandonaron y se alejaron del lugar, dándolo por muerto.

Con obvias dificultades y una vez que se cercioró que se encontraba solo, se incorporó y caminó por un recorrido distinto al que lo llevaron sus agresores. Después se percató que el Cherokee regresó y daba vueltas por el lugar donde sus captores lo habían abandonado. Siguió caminando y llegó a una casa en la que le brindaron ayuda y le condujeron al hospital de la ciudad de Sangolquí, en donde el conserje le comentó que un patrullero de la Policía había pasado preguntando por él. Luego fue trasladado a Quito a la clínica Santa Cecilia y, después, al hospital Metropolitano. Para cuando era atendido en la clínica, por acción de Guillermo Pazmiño que informó del secuestro de Diego Delgado a Enrique Ayala y Milton Granda, diputado y dirigente socialista respectivamente, el hecho ya era de dominio público, los legisladores de la oposición responsabilizaron del atentado al gobierno de León Febres Cordero, quien rechazó el hecho.

Con las primeras informaciones sobre lo ocurrido, Víctor Granda, dirigente del Partido Socialista, tomó contacto con el ministro de Gobierno para reclamar por los hechos y exigir protección, a raíz de lo cual, Gustavo Lemos Larrea, asesor de dicho ministro, se comunicó con él para conocer el paradero del diputado.

Diego Delgado refiere que “cuando yo llegué a la clínica Santa Cecilia llegó un tipo que yo no sabía quién era, pero con el arma dando la vuelta en mi cara decía si yo podía reconocer a alguien o si no pensaba que podrían haber sido de la Izquierda Democrática tal vez o tal vez del MPD [Movimiento Popular Democrático], porque yo tenía diferencias políticas con todo el mundo.

Yo decía que no puede ser porque ellos son del otro bloque progresista. Pero la pregunta en que todo el tiempo insistía era en que si podía haber visto la cara a alguien, y yo le decía que no he visto porque tenía recelo que si yo decía que he visto a alguien me mataba el mismo. Entonces claro, iban a decir que seguramente se murió por secuelas de los golpes, por eso yo le decía que no había visto. Después supe que era el famoso Gustavo Lemos”.

Diego Delgado “denunció a medios de comunicación que sus atacantes le quitaron el maletín, donde tenía pruebas de personas torturadas o desaparecidas; era inconveniente tener la documentación que ayer nos entregaron mamás de los desaparecidos y de personas que han sido eliminadas físicamente; nos dieron una colección de fotos”.

Todo lo señalado le fue arrebatado. En su testimonio Diego Delgado relata que una vez restablecida su salud y ejerciendo de nuevo sus funciones de legislador, recibió a Maritza España en su despacho quien había concurrido a solicitarle ayuda para su hermano, Hugo España, ex agente del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha que estaba detenido por la desaparición de los hermanos Restrepo Arismendy, pues aparentemente lo querían matar dentro del Penal García Moreno. Diego Delgado cuenta que por mucho tiempo se mantuvo atento con la situación de Hugo España que había reconocido su participación en algunos crímenes de Estado y suministrado información de gran importancia para determinar la responsabilidad de miembros de la Policía Nacional en el caso de los hermanos Restrepo.

Junto con Marco Pérez, periodista de Radio Tarqui y Carlos Doramos, director de una revista de la provincia de Sucumbíos, Diego Delgado escuchó la confesión de Hugo España. Según recuerda, el agente de la Policía admitió que la orden que le dieron, “fue que me maten a palazos, que no utilice un arma de fuego porque sería demasiado premio”. Y había contado que el operativo se hizo con veinticinco agentes y policías, de los cuales doce eran del Servicio de Investigación Criminal (SIC-10).

Hugo España también le dijo, según refiere, que todos los agentes estaban listos para seguirlo por cualquiera de las puertas del Palacio Legislativo, por donde él hubiera escogido salir, agregando que los veinticinco hombres estaban repartidos en distintos sitios vigilando su recorrido; es decir que no tenía escapatoria la noche en que fue agredido y detenido ilegalmente para atentar contra su vida.

A propósito de las investigaciones que se exigían para esclarecer los hechos, un miembro de la Escolta Legislativa que es el cuerpo policial que, entre otras funciones, debe proteger la seguridad de los parlamentarios, le comentó entonces que uno de los mejores investigadores policiales se encargaría de su caso.

Se trataba del mayor Rafael Mantilla Silva, subjefe del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, que terminó siendo el mismo sujeto de mandíbula ancha que participó en su agresión.

El entonces Presidente del Congreso doctor Jorge Zabala Baquerizo, presentó la denuncia penal que dio inicio a un auto cabeza de proceso por el secuestro y atentado contra el derecho a la vida del diputado Diego Delgado, cuyo trámite no prosperó.

Al final, el 1 de octubre de 1987, el Congreso Nacional resolvió censurar al ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, por los cargos de violación de los derechos humanos y pidió su destitución, resolución que el presidente Febres Cordero no acogió. Dos meses después el Tribunal Constitucional le solicitó cumplir la resolución del Parlamento; sin embargo de lo cual, Robles Plaza se mantuvo en el cargo hasta el 28 de enero de 1988, cuando presentó su renuncia.

En el año 2009 señaló que el capitán Guillermo Rodríguez Yaguachi, el oficial Nelson Enríquez y el teniente William Montenegro Yepez, que prestaban servicios en el Batallón de Inteligencia Militar (BIM), cuyo comandante era el coronel Juan Raúl Viteri Vivanco participaron directamente en el secuestro y atentado contra la vida del diputado Diego Delgado.