martes, 22 de septiembre de 2015

En el país de la mordaza


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Escribe:
Ricardo Uceda
Quito
Frente al Centro Eugenio Espejo, un edificio histórico, construido en 1901 como hospital, un grupo de manifestantes progubernamentales vociferaba contra los propietarios de los medios de comunicación. Sus pancartas vituperaban a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Convocada efectivamente por la SIP, en uno de los auditorios se celebraba desde las nueve de la mañana del 15 de septiembre una reunión internacional de dirigentes de gremios periodísticos. Todos, incluidos los manifestantes, esperaban al alcalde Mauricio Rodas, quien inauguraría la reunión. Pero Rodas no llegó. La ciudad estaba en emergencia: los bosques que rodean Quito seguían incendiándose, increíblemente a causa de pirómanos, y ese martes fue el peor día.
La reunión comenzó mientras al noroeste de Quito se elevaba una negra columna de humo. Para variar, los testimonios también eran incendiarios. La académica María Paula Romo, con datos de la organización Fundamedios, describió los efectos de dos años de aplicación de la Ley de Comunicaciones, más conocida como Ley Mordaza. Fue dada para controlar contenidos bajo amenaza de multa o cierre. El 54% de las denuncias las hizo la Superintendencia de Comunicaciones (SUPERCOM) o un funcionario público. Los procesos terminaron en sanciones en el 82% de los casos. El 92% de los sancionados fueron medios privados. Los superintendentes profesan animadversión hacia ellos: lo declaran públicamente.
Los amordazados
Diego Cornejo, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), explicó facetas de la persecución. La AEDEP publicó avisos en varios diarios con resultados estadísticos de la aplicación de la Ley Mordaza. La SUPERCOM envió una rectificación a página completa y diagramada, también como aviso. Pero sin pagar. Algunos diarios aceptaron porque ya habían sido multados por resistirse. La multa es altísima: 10% de la facturación de los últimos tres meses. Crece exponencialmente con las reincidencias. Expreso y La Hora no publicaron bajo protesta, pero después lo hicieron. La propia AEDEP les envió una carta recomendándoles ceder a fin de no exponerse a una sangría económica segura.
En la sala había numerosos editores multados por la SUPERCOM y otros castigados por otras vías. Por ejemplo, los hermanos Pérez, del diario El Universo, a quienes Correa “perdonó” una reparación de cuarenta millones de dólares impuesta por el Poder Judicial a causa de un artículo de opinión. Y Jaime Mantilla, a quien el acoso económico gubernamental, según denunció, obligó a dejar de imprimir el diario Hoy.
–No me podían matar porque mi mejor fuente de ingresos era la impresión de libros escolares –explicó Mantilla a periodistas extranjeros–. ¡Entonces cambiaron la currícula y me fregaron!
Los condenados
Luego habló César Ricaurte, líder de Fundamedios. El caso de esta ONG, dedicada a observar la situación de los medios en Ecuador, concentró la mayor atención. La Secretaría de Comunicación (SECOM) había ordenado su disolución, bajo el cargo de dedicarse a actividades partidarias. La organización nació a fines del 2006 como fruto del interés de un grupo de periodistas en reflexionar acerca de sus responsabilidades ante la sociedad. Era más bien una iniciativa de autocrítica colectiva. En el camino, sin embargo, los continuos atropellos contra la prensa por parte de Rafael Correa empujaron a Fundamedios a observar este fenómeno. El gobierno le puso una cruz.
El fundamento de las acusaciones no puede ser más alucinante: tuits de Fundamedios que remiten a artículos periodísticos de análisis político. La arbitrariedad es de tanta magnitud que la pequeña organización está recibiendo múltiples muestras de apoyo. Su clausura por la fuerza sería cuestión de días.
El caso RCTV
Cuando la reunión terminó, Fundamedios se dispuso a presentar sus alegatos para que SECOM retroceda. Pocos esperan que surtan efecto. La organización ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar que detenga la disolución, acción que, de darse, el gobierno probablemente desconocería. Todo parece consumado. De modo que Ricaurte espera, aferrado a su escritorio, a que lo expulsen por la fuerza.
En la reunión internacional de Quito fue aplaudido su coraje, pero también fue evidente que la mayoría pensaba que su valentía no impediría el cierre de Fundamedios. Junto con ello, sin embargo, hay otra convicción: la de que, tarde o temprano, la ONG renacerá. Un caso sugerente es el de Radio Caracas Televisión (RCTV).
En 2007 el gobierno de Hugo Chávez, violando procedimientos, se negó a prorrogarle la concesión e incautó sus equipos. Posteriormente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, una especie de SUPERCOM de Venezuela, sacó del aire también a RCTV Internacional. El despojo fue convalidado por la justicia del país, sometida al régimen. Marcel Granier, el dueño de la compañía, inició un largo peregrinaje exponiendo su causa en foros extranjeros. Finalmente, el pasado 7 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón.
Al bolsillo
La Corte ordenó al Estado venezolano restablecer la frecuencia de RCTV, alegando restricción indirecta al derecho a la libertad de expresión. Es obvio que el gobierno de Nicolás Maduro no acatará la sentencia. “Agárrenla, la doblan bien y se la meten en un bolsillo”, ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El Tribunal Supremo ya la declaró inejecutable. Pero no hay duda de que cuando el régimen de Maduro caiga, lo que no está lejos de suceder, RCTV recuperará su señal y volverá a ser un medio importante en Venezuela. Es lo que ocurrirá con Fundamedios en Ecuador, si finalmente es cerrada.
Por de pronto, ha ocurrido un hecho sin precedentes. Tres relatores especiales de la ONU y dos de la CIDH se pronunciaron sobre el caso Fundamedios. En un mismo documento. Maiana Kai, David Kaye, Michael Forst, José de Jesús Orozco y Edison Lanza señalaron que el decreto de la SECOM establece restricciones inaceptables a la libertad de expresión y asociación en Ecuador. Cuando RCTV comenzó su pelea no tuvo una solidaridad tan amplia e inmediata. Es posible que, fiel a su estilo, Rafael Correa también se meta este comunicado en el bolsillo. Pero habrá mucho más.
Plan de acción
Próximamente los CEO de las empresas extranjeras que invierten en Ecuador recibirán un informe de los principales gremios periodísticos continentales. Tratará del caso Fundamedios y de los dañinos efectos que tienen para la seguridad jurídica del país las graves violaciones a la libertad de asociación y de prensa. Reputados editores solicitarán citas con el Banco Mundial, el BID y otros organismos multilaterales para alertarlos de lo mismo. Una delegación internacional se entrevistará con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Todo esto es parte de un plan de acción trazado por las organizaciones no ecuatorianas convocadas en Quito, mientras ardían los bosques de sus alrededores.
Así como la sentencia que condena a 13 años de prisión a Leopoldo López en Venezuela causa una indignación creciente, los desmanes contra la prensa en Ecuador merecerán cada vez más repudio. ¿El cierre de una simple asociación con tres ambientes y cinco archivadores podrá torcerle la mano a un orgulloso presidente? Quizá sí, quizá no. Lo cierto es que, a diferencia de Maduro, Correa ha demostrado que sabe dar un paso atrás

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