Ahorcar a las voces libres
Fernando Alvarado es ahora el acusador y a la vez el juez de Fundamedios, contra la cual la secretaría que dirige, la de Comunicación (Secom), ha abierto un írrito proceso de disolución, empleando armas tan viles como la mentira, con esos comunicados de página entera aparecidos este domingo de organizaciones afines al régimen que duplican a las auténticas federaciones de periodistas.
14 de septiembre del 2015
POR: Gonzalo Ortiz Crespo
Escritor, historiador, periodista y editor. Ex vicealcalde de Quito.
Si se llega a disolver Funda-medios, el gobierno de Correa caerá a cotas aún más bajas en su actuación incesante y crono-metrada contra la libertad ciudadana".
En el sistema de opresión que se vive en el Ecuador, el Decreto 16 somete a las organizaciones de la sociedad civil al control de ministerios específicos, y Fundamedios tiene la desgracia de estar bajo la órbita de la Secom, que no se ha distinguido por su ética ni buen juicio sino que, al contrario, ha sido el ariete para ir demoliendo la democracia en uno de sus aspectos esenciales: la libertad de pensamiento y opinión.
Según la retorcida lógica de la que se hace gala en la comunicación enviada a Fundamedios, la Secom emprende el proceso de disolución porque supuestamente la fundación ha realizado actividades políticas las cuales estarían prohibidas por sus estatutos. Defender la libertad de expresión, que es el objetivo central de Fundamedios, es político, en su más amplio sentido. Por supuesto, no es político en el sentido estrecho de promover una candidatura o un partido político.
Pero cualquier actividad que tenga que ver con la esfera pública es esencialmente política porque tiene que ver con la administración del poder conferido por la sociedad. En el estrecho cerebro o malévolo corazón de quienes integran la Secom hablar de política, juzgar al régimen, anunciar los abusos contra la libertad de prensa, contabilizar los castigos que imponen la Secom y la Superintendencia de Comunicación (Supercom) para disciplinar a los medios y quebrarlos o someterlos, es realizar actividades políticas prohibidas.
Esa es una forma de raciocinio totalitario y arbitrario.
Ya hemos visto que este sinuoso Gobierno de Correa interpreta la ley con una hipocresía asombrosa. Dice que los curas no pueden intervenir en política porque lo prohíbe el derecho romano, perdón el derecho canónico, perdón el Modus Vivendi, cuando el propio oficialismo hizo elegir a la Asamblea Constituyente a un sacerdote, el P. Fernando Vega, que llegó a ella haciendo campaña política partidista y actuó en Montecristi haciendo política, porque no otra cosa es debatir y diseñar la carta magna de un país.
Este gobierno dice que los extranjeros no pueden intervenir en política y deja en el limbo jurídico a Manuela Picq, mientras durante todos estos años ha tenido múltiples asesores extranjeros (como los vinculados al partido político español “Podemos” y a las consultoras de ese partido), y no solo asesores sino personas que, según es vox populi, intervinieron justamente reescribiendo artículos de la Constitución, la más política de todas las actividades.
Igual de flexibles han sido sus interpretaciones respecto de los maestros, estudiantes, dirigentes sindicales o líderes indígenas que participan en manifestaciones públicas: si están con el Gobierno, santo y bueno; si están contra el Gobierno, cae sobre ellos todo el rigor de la represión y se amenaza quitarles su sede, como a la Conaie, se criminaliza su protesta, se aterroriza a ellos y sus familias, mientras los dirigentes de la Fenocin y la Feine sí pueden salir a recibir sánduches en la Plaza Grande por vivar a Correa y bailar a su ritmo.
Fundamedios ha sido un baluarte para defender los espacios de libertad que quedan. Ha hecho capacitación, ha traído conferenciantes extranjeros, tiene activa relación con organismos de derechos humanos, se ha presentado en foros internacionales. Y como entre sus objetivos está realizar actividades de comunicación social, tiene Rayuela Radio y acoge en su página web blogs de dos de los mejores periodistas del Ecuador, Roberto Aguilar y José Hernández, muy críticos, muy agudos, irreverentes incluso, pero que tienen pleno derecho a expresarse, si esto fuera una democracia.
El ataque a Fundamedios es un ataque a los derechos ciudadanos: al de libre expresión, a la de libre difusión del pensamiento, al de intervenir en asuntos de interés público, al de expresar opiniones contrarias al régimen y, por supuesto, al de libre asociación. Los dientes de la maquinaria trituradora de las libertades fundamentales de una democracia, están actuando contra Fundamedios en un ataque desvergonzado, disfrazado de procedimiento jurídico.
Y al frente de todo esto está una persona que no juega con las normas básicas de la ética profesional, graduado de doctor con una tesis en cómica comandita, ejecutor de la política comunicacional goebeliana del actual régimen.
Si se llega a disolver Fundamedios, el gobierno de Correa caerá a cotas aún más bajas en su actuación incesante y cronometrada contra la libertad ciudadana. Será un acto de arbitrariedad tan notorio, que quedará como un hito deleznable y terrible de su demolición de la democracia.
Según la retorcida lógica de la que se hace gala en la comunicación enviada a Fundamedios, la Secom emprende el proceso de disolución porque supuestamente la fundación ha realizado actividades políticas las cuales estarían prohibidas por sus estatutos. Defender la libertad de expresión, que es el objetivo central de Fundamedios, es político, en su más amplio sentido. Por supuesto, no es político en el sentido estrecho de promover una candidatura o un partido político.
Pero cualquier actividad que tenga que ver con la esfera pública es esencialmente política porque tiene que ver con la administración del poder conferido por la sociedad. En el estrecho cerebro o malévolo corazón de quienes integran la Secom hablar de política, juzgar al régimen, anunciar los abusos contra la libertad de prensa, contabilizar los castigos que imponen la Secom y la Superintendencia de Comunicación (Supercom) para disciplinar a los medios y quebrarlos o someterlos, es realizar actividades políticas prohibidas.
Esa es una forma de raciocinio totalitario y arbitrario.
Ya hemos visto que este sinuoso Gobierno de Correa interpreta la ley con una hipocresía asombrosa. Dice que los curas no pueden intervenir en política porque lo prohíbe el derecho romano, perdón el derecho canónico, perdón el Modus Vivendi, cuando el propio oficialismo hizo elegir a la Asamblea Constituyente a un sacerdote, el P. Fernando Vega, que llegó a ella haciendo campaña política partidista y actuó en Montecristi haciendo política, porque no otra cosa es debatir y diseñar la carta magna de un país.
Este gobierno dice que los extranjeros no pueden intervenir en política y deja en el limbo jurídico a Manuela Picq, mientras durante todos estos años ha tenido múltiples asesores extranjeros (como los vinculados al partido político español “Podemos” y a las consultoras de ese partido), y no solo asesores sino personas que, según es vox populi, intervinieron justamente reescribiendo artículos de la Constitución, la más política de todas las actividades.
Igual de flexibles han sido sus interpretaciones respecto de los maestros, estudiantes, dirigentes sindicales o líderes indígenas que participan en manifestaciones públicas: si están con el Gobierno, santo y bueno; si están contra el Gobierno, cae sobre ellos todo el rigor de la represión y se amenaza quitarles su sede, como a la Conaie, se criminaliza su protesta, se aterroriza a ellos y sus familias, mientras los dirigentes de la Fenocin y la Feine sí pueden salir a recibir sánduches en la Plaza Grande por vivar a Correa y bailar a su ritmo.
Fundamedios ha sido un baluarte para defender los espacios de libertad que quedan. Ha hecho capacitación, ha traído conferenciantes extranjeros, tiene activa relación con organismos de derechos humanos, se ha presentado en foros internacionales. Y como entre sus objetivos está realizar actividades de comunicación social, tiene Rayuela Radio y acoge en su página web blogs de dos de los mejores periodistas del Ecuador, Roberto Aguilar y José Hernández, muy críticos, muy agudos, irreverentes incluso, pero que tienen pleno derecho a expresarse, si esto fuera una democracia.
El ataque a Fundamedios es un ataque a los derechos ciudadanos: al de libre expresión, a la de libre difusión del pensamiento, al de intervenir en asuntos de interés público, al de expresar opiniones contrarias al régimen y, por supuesto, al de libre asociación. Los dientes de la maquinaria trituradora de las libertades fundamentales de una democracia, están actuando contra Fundamedios en un ataque desvergonzado, disfrazado de procedimiento jurídico.
Y al frente de todo esto está una persona que no juega con las normas básicas de la ética profesional, graduado de doctor con una tesis en cómica comandita, ejecutor de la política comunicacional goebeliana del actual régimen.
Si se llega a disolver Fundamedios, el gobierno de Correa caerá a cotas aún más bajas en su actuación incesante y cronometrada contra la libertad ciudadana. Será un acto de arbitrariedad tan notorio, que quedará como un hito deleznable y terrible de su demolición de la democracia.
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