La conversación que incomoda al Señor Embajador
César Ricaurte
Quito, Ecuador
Quito, Ecuador
Fiel al estilo del Presidente Correa de rebatir cualquier verdad inconveniente que publique la prensa sobre las violaciones a Derechos Humanos en el Ecuador, el Embajador Miguel Calahorrano ha contestado a los artículos de este diario dónde se informa del abusivo cierre de la organización Fundamedios que monitorea, defiende y promueve la libertad de expresión en el Ecuador.
César Ricaurte
Quito, Ecuador
Quito, Ecuador
Publicidad
Fiel al estilo del Presidente Correa de rebatir cualquier verdad inconveniente que publique la prensa sobre las violaciones a Derechos Humanos en el Ecuador, el Embajador Miguel Calahorrano ha contestado a los artículos de este diario dónde se informa del abusivo cierre de la organización Fundamedios que monitorea, defiende y promueve la libertad de expresión en el Ecuador.
El objetivo del representante del Gobierno ecuatoriano es claro: confundir a la opinión pública española y cambiar de conversación: el cierre de Fundamedios ya no se trata de una gravísima violación a los derechos humanos, sino un acto legítimo del Gobierno en contra de una oscura organización de la sociedad civil que incumple sus estatutos y las leyes.
La realidad suele ser porfiada y se desliza por todos los costados aunque se intente detenerla con un par de cuartillas. El cierre de una organización defensora de un derecho fundamental como la libertad de expresión no es un hecho que se produzca habitualmente en una democracia. Todo lo contrario, algo así no se ha dado ni siquiera en países con situaciones tan deterioradas como Venezuela.
Por ello cinco relatores de sistemas internacionales de derechos humanos se pronunciaron de forma contundente al expresar “grave preocupación por las recientes medidas del Gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios, una destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y libertad de medios en ese país.” El grupo de expertos, tres de Naciones Unidas y dos de la OEA, abundan: “La disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que tan solo se puede justificar en los casos más excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de estar vinculada al alcance de fines imperativos en una sociedad democrática”. Concluyen: “Sería de especial preocupación que el Estado adoptara cualquier resolución en este caso en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes”, subrayo el grupo, e indicó que “la razón fundamental citada para la disolución de Fundamedios podría ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”.
Cabe recordar quienes son los relatores que firman el comunicado emitido el pasado jueves Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH; y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Este comunicado histórico, pues es la primera vez que cinco relatores se pronuncian con tal contundencia sobre un caso, nos sitúa en la verdadera conversación, la misma que el Gobierno ecuatoriano no quiere tener: el cierre de Fundamedios es una grave violación a Derechos Humanos fundamentales. En ese contexto, las afirmaciones del Embajador sobre nuestro trabajo son insostenibles y se constituyen como otro ladrillo más en el muro que el Gobierno ecuatoriano pretende construir alrededor de quienes discrepamos con algunas de sus políticas.
Solo basta ver el expediente que abrió la SECOM en nuestra contra. Se nos acusa de realizar “actividades políticas”. ¿Cuáles son estas?: 1. Nos negamos a dejar de emitir alertas sobre las violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador. 2. La actividad en nuestras redes sociales, especialmente por la difusión de análisis político, monitoreo de medios con noticias de medios locales sobre las marchas de protesta social, entre muchas otras, menciones de terceros a Fundamedios. ¿Actividad política por 54 tuits y tres menciones en Twitter? Hemos dicho que las acusaciones son delirantes y el prestigioso periodista peruano Ricardo Uceda las llamó “macondianas”.
El Embajador ratifica el ridículo y escribe: “Su posible participación política se habría evidenciado en las alertas y boletines que Fundamedios emite mediante su web y redes sociales, donde además habría publicitado los blogs políticos de opositores al Gobierno.” A confesión de parte…
El Embajador lo ratifica: a Fundamedios la intentan cerrar porque al Gobierno no le gusta lo que decimos, lo que denunciamos, los valores de libertad de pensamiento que cultivamos. Y valga un detalle, aquello que llaman “blogs políticos de opositores al Gobierno” son las columnas virtuales de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, reconocidos entre las mejores plumas de Ecuador y que quedaron sin espacio, sin voz y sin trabajo cuando por las políticas gubernamentales contra los medios privados y la aplicación de la Ley de Comunicación, Diario Hoy de Quito fue intervenido y cerrado por el Gobierno. ¿Puede haber mayor cinismo?
Más falacias a examinar. Se nos acusa de hacer política, cuando defendemos Derechos Humanos. La idea de fondo es que la política es algo que solo le pertenece al Gobierno y a su partido. Los demás ecuatorianos debemos abstenernos de tener opiniones políticas y la defensa de DDHH implica un grado de compromiso político. No partidista, por supuesto.
Es insólito que el Embajador del Gobierno ecuatoriano nos reclame por actos u omisiones que para él son actos políticos, pero que no consta en ninguna parte del expediente de disolución de la SECOM. Más insólito aún es cuando un Gobierno se toma la potestad de calificar qué acciones y omisiones de una ONG constituyen “acciones políticas”. ¿Se imaginan al Gobierno español tratando de cerrar organizaciones por los derechos de los migrantes porque alguna vez olvidaron o no pudieron defender a un refugiado que ahora es militante del PP? Inconcebible, ¿verdad? Y solo estoy dando un ejemplo sacado de la chistera. Pero triplemente insólito es que el Gobierno ecuatoriano no haya condenado ni una sola de las 1.318 agresiones contra la prensa que hemos registrado y reclame a una ONG por uno o dos casos. Cabría recordar que el Gobierno de un país, no una ONG, tiene la obligación de garantizar y proteger al trabajo periodístico.
Brevemente, voy a referirme, a los temas de financiamiento y a aquello de ser “informantes de la Embajada”. El financiamiento de Fundamedios es legal y legítimo. Nuestras fuentes son la cooperación internacional y son diversas tal como lo confirma una reciente infografía publicada en el diario oficial El Telégrafo. Hemos trabajado con USAID y con NED y ello no constituye delito ni tampoco tiene la connotación que se le quiere dar. Es más, decenas de funcionarios del Gobierno ecuatoriano han recibido este tipo de cooperación internacional: el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, el secretario particular del Presidente Correa, Omar Simon, el Fiscal General, Galo Chiriboga, el director de El Telégrafo, Orlando Pérez… Podemos seguir, que la lista es larga. ¿Todo ellos eran agentes de la CIA o tal vez esta cooperación no sea lo que dicen qué es? Para abundar, ¿Adivinen quién era el principal receptor de fondos de USAID? Exactamente: el Gobierno ecuatoriano.
Sobre aquello de informantes. Parece que las autoridades ecuatorianas tienen problemas con las traducciones desde el inglés. Los cables de la Embajada estadounidense revelados por Wikileaks hablan de un deterioro de la libertad de prensa en el Ecuador basados en los informes públicos emitidos por Fundamedios, probablemente alimentados por conversaciones de coctel con periodistas y directivos de medios. Nada oscuro, nada fuera de lo habitual. Nada que no sea más de la vieja propaganda ideológica para evadir respuestas. Toda la información que genera Fundamedios es pública. No tenemos acceso a información privilegiada o confidencial que pueda interesar a las agencias de inteligencia de ninguna parte. Nos encantaría que el Gobierno ecuatoriano también utilizara nuestra información, no para intentar cerrarnos sino para adoptar políticas de respeto y protección a la libertad de expresión y libertad de asociación.
El trabajo de Fundamedios es legal, legítimo y necesario para el Ecuador. El Gobierno debería protegerlo y respetarlo aunque las verdades que decimos le incomode.
Cabe recordarle al Señor Embajador Calahorrano que es el Embajador de un país, no de un partido político que eventualmente está en el Gobierno. Como ciudadano ecuatoriano, le pido que no utilice su cargo para sumarse al aparato de propaganda que se ha lanzado en nuestra contra. Se debe saber que localmente todos los días sufrimos notas difamatorias en los medios oficiales, 23 cadenas nacionales (mensajes que se obliga a emitir en todos los medos del país) solo en los últimos 15 días, centenares de amenazas e insultos en redes sociales por parte de trolls o fanáticos gobiernistas… Y a todo esto, debemos sumar hoy la acción de los embajadores.
Señor Embajador, lo invito a que tengamos la conversación que realmente importa, aunque esté llena de verdades incómodas para Usted y esa es, ¿cómo mejorar la situación de los Derechos Humanos fundamentales en Ecuador?
César Ricaurte es Director Ejecutivo de Fundamedios. Su artículo ha sido publicado originalmente en el diario español El País.
No hay comentarios:
Publicar un comentario